Diversos sectores sociales bolivianos denuncian el decreto supremo para ampliar por 90 días el estado de excepción como un mecanismo directo para criminalizar las protestas, movilizaciones y vigilias territoriales en rechazo a las medidas neoliberales implementadas por la administración derechista.
Las organizaciones sindicales y populares sostienen que el trasfondo de esta normativa es frenar el descontento generalizado frente a las políticas del Ejecutivo, señalando que el estado de excepción busca criminalizar las protestas sociales, movilizaciones y vigilias territoriales desatadas en todo el territorio nacional.
La norma, justificada por el poder Ejecutivo como necesaria ante la persistencia de «factores de riesgo» y amenazas de movilizaciones, fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), instancia que debe definir en un plazo de 72 horas y por mayoría absoluta si avala o rechaza la continuidad de esta disposición excepcional, la cual concluiría inicialmente el próximo 18 de septiembre tras cumplir sus primeros tres meses de vigencia.
A su vez, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, defendió la necesidad de prorrogar el decreto para mantener el control ante el descontento popular, mientras que de manera paralela la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aceleraba un proyecto de resolución bajo el argumento de preservar la supuesta «reactivación» económica del país.
Kay una profunda indignación en la población boliviana por el alza en los precios del diésel, la drástica pérdida de ingresos que golpea a las familias bolivianas y el clima de hostigamiento marcado por la persecución política contra dirigentes sindicales y líderes sociales opositores.
El conflicto latente tiene antecedentes recientes muy intensos, marcados por las masivas protestas de mayo y junio impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz, las cuales incluyeron bloqueos de carreteras que dejaron un saldo de 16 fallecidos, severos problemas de desabastecimiento y pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares.
T/CO con información de Telesur
F/EFE