El Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron este miércoles un acuerdo preliminar para poner en marcha un programa económico de 36 meses respaldado por un financiamiento de aproximadamente 1.900 millones de dólares, que de acuerdo con el organismo financiero contribuiría a la estabilización de la economía pero también crea dudas respecto a posibles recortes al gasto público, la venta de activos estratégicos a trasnacionales y que se priorice el pago de deuda externa a inversiones en materia de desarrollo.
El entendimiento fue alcanzado a nivel técnico en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), según informó el organismo en un comunicado. No obstante, su entrada en vigor dependerá de la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo y del cumplimiento de las medidas previas pactadas entre las partes.
El FMI señaló que el programa responde a desequilibrios que enfrenta la economía boliviana, entre ellos la persistencia de los déficits fiscales, la disminución de la producción de hidrocarburos, la caída de las reservas internacionales, el aumento de la inflación y distorsiones presentes en los mercados cambiario y de bienes.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó el acuerdo y explicó que el préstamo tendría una tasa de interés estimada entre el 4 y el 4,5 %. Añadió que el plan contempla tres años de ejecución y un período de gracia de cuatro años y medio, por lo que Bolivia no comenzaría a realizar pagos en el corto plazo.
Espinoza adelantó que el proyecto de ley relacionado con el financiamiento será remitido la próxima semana a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a la que pidió acelerar su análisis y aprobación.
Afirmó que el FMI no impuso medidas específicas para conceder el crédito y aseguró que el organismo respaldó la propuesta económica elaborada por el Ejecutivo boliviano tras evaluar su viabilidad y sostenibilidad.
El programa gubernamental contempla la revisión de la estructura de precios, la reducción y reorganización del gasto público, ajustes en los recursos destinados a las empresas estatales, el reordenamiento presupuestario y acciones para avanzar hacia la estabilidad fiscal. También incluye medidas dirigidas a estimular la inversión, elevar la productividad y promover modificaciones estructurales en diferentes normas.
A finales de 2025, el Gobierno neoliberal del presidente Rodrigo Paz anunció un recorte del 30 por ciento al gasto público, eliminó el subsidio a los combustibles —impactando severamente las economías populares— y eliminó cuatro impuestos, entre ellos el tributo a grandes fortunas, pese a alertas de que ello reduciría sus ingresos fiscales.
El FMI estimó que el acuerdo podría facilitar la movilización de al menos 5.000 millones de dólares durante los tres años de vigencia del programa, mediante aportes adicionales del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones financieras internacionales.
El ministro consideró que esos recursos contribuirían a reforzar las reservas del Banco Central de Bolivia y ayudarían a estabilizar la cotización del dólar en el mercado nacional.
Sin embargo, el monto del crédito acordado es inferior a los 5.000 millones de dólares anunciados inicialmente por el Gobierno. El analista económico Martín Moreira recordó que las cifras comunicadas fueron disminuyendo durante las negociaciones, al pasar de 5.000 millones a 2.800 millones y posteriormente a 2.500 millones de dólares.
Moreira cuestionó el alcance de las políticas asociadas a los programas del FMI y sostuvo que estas promueven una menor participación del Estado en las actividades productivas. Según su análisis, ese enfoque puede impulsar el cierre o la privatización de empresas públicas, facilitar una mayor presencia de compañías transnacionales en sectores estratégicos y priorizar el pago de la deuda externa por encima de la inversión destinada al desarrollo.
El analista también advirtió que algunas de las medidas en marcha podrían incluir recortes del gasto estatal, reducción de empleos públicos, cierre de empresas estatales y la flexibilización del tipo de cambio, además de posibles modificaciones a los subsidios y programas sociales.
