La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó la madrugada de este jueves la ampliación del estado de excepción por 90 días, con lo que la medida excepcional decretada por el Gobierno de Rodrigo Paz se extenderá hasta la segunda semana de diciembre.
La votación, que se realizó tras una sesión instalada el miércoles para debatir la solicitud del Ejecutivo, contó con 100 de los 158 votos de los legisladores presentes, es decir, 21 votos más de los requeridos por normativa.
El origen de la prórroga está en el Decreto Supremo 5707, aprobado por el Ejecutivo el lunes 14 de septiembre, mediante el cual el Gobierno planteó mantener las restricciones propias del estado de excepción para evitar, según su argumentación, que se reactiven los focos de desestabilización del sistema democrático. La medida original había sido adoptada el 20 de junio con el propósito declarado de neutralizar los bloqueos que exigían la renuncia de Paz Pereira.
En representación del Ejecutivo, los ministros de Defensa y de Gobierno, Ernesto Justiniano y Marco Antonio Oviedo, defendieron ante el pleno los argumentos para sostener la medida por tres meses más.
Oviedo detalló el sustento técnico de la solicitud, construido sobre 12 informes: ocho remitidos por el Comando General de la Policía, dos por el Ministerio de Gobierno, uno por las Fuerzas Armadas y uno por el Ministerio de Defensa. Todos ellos, dijo, identifican factores de riesgo vigentes contra la tranquilidad del país.
El ministro añadió que la prórroga también responde a limitaciones identificadas en la Policía Boliviana en cuanto a personal, equipamiento y logística para atender conflictos sociales simultáneos. Reconoció que, pese a la vigencia del estado de excepción, persisten focos diferenciados de conflicto en La Paz, El Alto, San José, San Julián, Potosí, Tarija, Oruro y Chuquisaca.
Vale destacar que Entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) convocaron a bloqueos de rutas durante siete semanas, principalmente en el occidente y el centro del país. Las protestas, apoyadas también por sectores afines al ex presidente Evo Morales, exigían la renuncia de Paz.
Oviedo advirtió además que existen amenazas identificadas y que se detectó una eventual rearticulación de bloqueos, paros, marchas e irrupciones de carreteras, esto con la finalidad de exigir nuevamente la renuncia del mandatario boliviano.
De acuerdo con la evaluación técnica presentada por el Ejecutivo, el territorio nacional enfrenta distintos niveles de riesgo: altos en Santa Cruz, La Paz y El Alto; muy altos en Potosí y Oruro, y bajos en Pando. Sobre esa base, el Gobierno justificó la continuidad de una medida que, según sus ministros, busca contener una conflictividad que no se ha resuelto de fondo.
Los nuevos bloqueos señalados por el ejecutivo se deben a la convocatoria de los sindicatos del sector educativo quienes llamaron protestas bajo la consigna de “cacerolas vacías” para rechazar las reformas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz y la pérdida de poder adquisitivo de la población.
La secretaria ejecutiva de los maestros urbanos paceños, Anahí Bozo, afirmó que las medidas económicas de la administración de Paz “han afectado” a las familias. Mencionó entre ellas el tipo de cambio flexible y el anuncio de una reducción progresiva de la subvención a los combustibles.
Para los movimientos sociales, la medida tomada por el Parlamento es una forma de represión a las exigencias de la ciudadanía con el Ejecutivo boliviano.
