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Bolivia envía a Venezuela 20 rescatistas y seis toneladas de insumos

Este martes arribaron a Venezuela 20 rescatistas y 6 toneladas de insumos proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia, como parte de la ayuda internacional.

«Hemos recibido a 20 rescatistas, un grupo experto de hombres y mujeres que han venido dmdesde Bolivia para incorporarse en las labores de búsqueda y rescate», señaló el viceministro de Comunicación internacional, Rander Peña, encargado de recibir la delegación boliviana.

Asimismo, precisó que desde la nación del altiplano llegaron «seis toneladas entre alimentos, medicamentos, materiales distintos de tipos para ayudar en esta muy dura situación que el pueblo venezolano está enfrentando».

La delegación boliviana está encabezada por Héctor Guanca Gutiérrez, viceministro de gestión consular, quien detalló que la comisión está integrada por 36 bolivianos, entre ellos 20 rescatistas.

«Estamos en este trabajo y estamos dispuestos a cooperar en todo lo que se pueda en la medida de nuestras posibilidades», indicó.

F/REDACCIÓN MAZO
Bolivia (7)22

Dirigentes campesinos bolivianos rechazan negociaciones entre la COB y el gobierno de Rodrigo Paz

Dirigentes sociales y campesinos afines al expresidente Evo Morales rechazaron este lunes la posibilidad de que la Central Obrera Boliviana (COB) participe en un diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, advirtiendo que cualquier acuerdo alcanzado sin el respaldo de las bases movilizadas será desconocido.

Las organizaciones mantienen su exigencia de renuncia del mandatario tras más de 40 días de bloqueos y protestas que han paralizado gran parte del país.

El dirigente campesino Nelson Virreira calificó el llamado al diálogo como un “engaño”, afirmando que “Rodrigo Paz nunca ha dialogado con los sectores sociales”. En un mensaje dirigido al secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, Virreira le instó a no engañar al pueblo boliviano y a mantenerse firme en los “principios revolucionarios” de la organización sindical.

Por su parte, Aquilardo Caricari, líder de los Interculturales, advirtió que si la COB negocia al margen de las bases, perderá su autoridad para desmovilizar a los manifestantes. “Vamos a ver quién le hace caso para desmovilizar al pueblo que está en las carreteras”, sentenció Caricari, quien anunció la masificación de los bloqueos.

En la misma línea, Vicente Choque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) cercano al evismo, señaló que aunque existen intentos de algunos dirigentes por negociar, las bases rechazan cualquier acercamiento debido al malestar por la situación económica. “Aunque algunos dirigentes intenten negociar en nombre de esta lucha, vamos a continuar”, afirmó Choque, convocando a otros sectores a sumarse a las medidas de presión.

El expresidente Evo Morales reafirmó su apoyo a la COB, elogiando su resistencia y organización que aun permanecen en las rutas donde realizan los bloqueos bajo temperaturas bajas. Las asociaciones cocaleras han ayudado a reforzar los puntos de bloqueo a 46 días de protestas, medidas realizadas por los manifestantes ante la falta de respuestas por parte del gobierno de Paz para resolver las necesidades del pueblo boliviano.

La tensión política persiste mientras el gobierno intenta retomar las conversaciones, pero los sectores movilizados insisten en que su demanda central es la salida del presidente Paz, descartando acuerdos parciales que no aborden esta exigencia fundamental.

F/Telesur
Bolivia

Organizaciones de Bolivia continúan protestas y exigen renuncia del presidente Rodrigo Paz

Las organizaciones nucleadas en la Central Obrera Boliviana (COB), junto a movimientos sociales y campesinos, continúan este lunes 1 de junio las protestas y bloqueos en diferentes regiones de Bolivia contra las medidas neoliberales del Gobierno de Rodrigo Paz, tras decidir en la víspera el rechazo unánime a la convocatoria de diálogo del Ejecutivo, durante un encuentro ampliado nacional.

Como respaldo a la medida, una multitudinaria marcha de trabajadores recorrió 25 kilómetros desde la ciudad de El Alto hasta las inmediaciones de la plaza Murillo, sede de los poderes públicos en La Paz, para exigir la renuncia de Paz y manifestar su rechazo al intento de restaurar el Estado neocolonial.

Las organizaciones obreras denuncian una campaña de persecución judicial, evidenciada en la orden de aprehensión vigente contra su principal dirigente, Mario Argollo, la cual el Poder Judicial evitó suspender.

Por este motivo, las organizaciones populares sostienen 80 puntos de bloqueos en seis de los nueve departamentos del país, con mayor concentración en Cochabamba, donde existen 32 cortes de ruta, y 19 en La Paz, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras.

La paralización del transporte terrestre genera un severo desabastecimiento de alimentos y el incremento de precios en La Paz y El Alto. Asimismo, la falta de gasolina por seis días consecutivos provocó protestas de cientos de conductores que realizaban filas de hasta cuatro días, quienes obstaculizaron el tránsito de forma independiente para demandar el suministro inmediato de combustibles.

La tensión social, que supera los 30 días, se agudiza tras la anulación, por parte de la Asamblea Legislativa controlada en un 93% por la derecha, de la ley que limita la declaratoria del estado de excepción. Esta paso dejó al Ejecutivo con la vía libre para incorporar a las FF.AA. a la represión de la protesta social ante la resistencia de la Central Obrera Boliviana y demás gremios, organizaciones y movimientos sociales movilizados.

​Los esfuerzos de mediación llevados a cabo de forma conjunta por la Iglesia católica, la Vicepresidencia del Estado y el Defensor del Pueblo se encuentran estancados.

Desde la Defensoría del Pueblo se emitió una alerta manifestando que el lenguaje de confrontación, amenazas e insultos empleado por diversos voceros gubernamentales está dinamitando cualquier opción de acercamiento con la dirigencia obrera y del transporte.

​Mientras las principales urbes del país sufren la carencia severa de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales en los centros de salud públicos, la Administración de Rodrigo Paz defendió la validez de sus medidas antipopulares.

Desde el Ejecutivo señalaron que los mecanismos de excepción constitucional constituyen el último recurso democrático para preservar el orden interno, argumentando que las mesas de negociación con los sectores en conflicto se encuentran totalmente agotadas ante la intransigencia de las demandas políticas de los manifestantes.

F/Telesur

Bolivia (4)44

Evo Morales: en Bolivia está en marcha una rebelión contra el neoliberalismo y el Estado neocolonial

En una entrevista concedida a una agencia de noticias internacional, el expresidente Evo Morales Ayma aseguró que las protestas que sacuden a Bolivia desde hace un mes constituyen una rebelión contra un Gobierno que está sometido a Estados Unidos.

El exmandatario socialista, quien gobernó el país andino entre 2006 y 2019, realizó las declaraciones desde la zona cocalera del Chapare, su bastión político en el centro del territorio boliviano, y destacó la firmeza de los sectores movilizados contra las medidas neoliberales adoptadas por el Gobierno de derecha de Rodrigo Paz desde su llegada al poder.

Enfatizó que las manifestaciones —en las que participan mineros, transportistas, maestros, campesinos, indígenas y otros sectores— defienden la economía de los trabajadores y las familias, la democracia, la Constitución y los recursos naturales.

El mandatario Rodrigo Paz acusa a Morales de estar detrás de las protestas, que exigen su renuncia en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en cuatro décadas.

Frente a esto, Morales respondió: «Es un Gobierno totalmente sometido (a Estados Unidos). Me doy cuenta de que llegó la hora de definir quién manda: el imperio o el pueblo».

«Esta rebelión, estoy convencidísimo, es contra el modelo neoliberal y contra el Estado neocolonial», agregó Morales. Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda —el liderado por Morales y el de Luis Arce (2020-2025)—, es considerado un nuevo aliado latinoamericano de Estados Unidos, que le expresó su respaldo y advirtió que Bolivia enfrenta un intento de «golpe de Estado».

Morales, de 66 años, se encuentra resguardado por miles de campesinos que evitan que la policía ejecute una orden de captura en su contra por una acusación de presunta trata de una menor, que él niega. «Yo quisiera acompañar (las manifestaciones), pero este caso de trata no lo permite», aseguró el líder cocalero.

Asimismo, denunció un supuesto plan de Estados Unidos, apoyado por el Gobierno de Paz, para ejecutar una operación militar con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano con el fin de detenerlo.

Morales negó que impulse las protestas, aunque seguidores suyos participan en bloqueos de caminos en Cochabamba. Las marchas en la capital administrativa, La Paz, han provocado escasez de alimentos, medicina y combustibles. «El hambre convoca a esta movilización», insistió quien fue el primer Presidente indígena de Bolivia.

El martes, el Congreso boliviano derogó una norma para que Paz pueda declarar estados de excepción y controlar las manifestaciones con militares sin aprobación parlamentaria. Morales advirtió que, si lo hiciera, «dudo que el pueblo» retroceda.

Impedido de postular a las presidenciales de 2025 por un fallo del tribunal constitucional, Morales propone al actual Gobierno llamar a elecciones en 90 días, y aseguró no tener «afán» por ser de nuevo candidato. «Ahora ya no es mi tiempo. Pero sí tengo la obligación de acompañar al movimiento político que lidero», concluyó.

F/Telesur
Bolivia (3)66

Senado de Bolivia busca eliminar Ley de Estado de Excepción

El Senado de Bolivia aprobó este domingo un proyecto de ley para eliminar la Ley de Estado de Excepción, una normativa vigente desde 2020 que establecía condiciones, plazos y mecanismos de control para la aplicación de medidas extraordinarias por parte del gobierno ante situaciones de crisis.

La iniciativa ahora debe ser debatida y aprobada por la Cámara de Diputados, en un escenario marcado por jornadas extensas de protestas que exigen la dimisión del presidente.

De recibir luz verde, el Ejecutivo, liderado por Rodrigo Paz, quedaría con menos restricciones legales para implementar medidas excepcionales. La decisión ocurre en medio de estas protestas y bloqueos que llevan semanas afectando el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos en diversas regiones del país.

La derogación fue impulsada mientras sectores empresariales, dirigentes regionales y grupos cívicos presionan al gobierno para endurecer su respuesta. El Comité pro Santa Cruz, uno de los espacios cívicos más influyentes, pidió públicamente declarar un “estado de excepción sectorizado” para restablecer la circulación.

Desde el oficialismo sostienen que la situación actual amenaza el funcionamiento económico y la estabilidad institucional, acusando al exmandatario Evo Morales de alentar las movilizaciones para alterar el orden democrático. Morales, refugiado en el Chapare, rechaza las acusaciones y atribuye las protestas al malestar social acumulado.

La analista política Susan Bejarano declaró que, en caso de alinearse la Cámara de Diputados a esta decisión, el presidente tendría la potestad de declarar por su cuenta un estado de excepción al carecer de mecanismos desde lo legal que regulen la acción. “Mi lectura es que la abrogación es una advertencia de que el gobierno hará lo que prometió que no haría, que es aplicar la fuerza del Estado para contener los bloqueos y las manifestaciones”, señaló la analista.

Por su parte, organizaciones sociales y sindicatos advirtieron que una medida de este tipo podría agravar el conflicto y derivar en nuevos episodios de violencia, acusando al gobierno de intentar criminalizar la protesta. Las instituciones advirtieron sobre el riesgo de profundizar la confrontación en un país que atraviesa una de sus peores crisis económicas de las últimas décadas, afirmando que “la prioridad en este momento debe ser la protección de la vida, la integridad y la paz social de la población boliviana”.

Ante la escalada de tensión, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitieron un pronunciamiento conjunto exigiendo el cese inmediato de la violencia y la apertura de un canal de diálogo. “Lamentamos que el diálogo no se haya concretado hasta ahora”, señalaron, además de solicitar una investigación “urgente, independiente y transparente” sobre los hechos registrados, incluyendo denuncias de heridos, un fallecido y posibles abusos durante los operativos de seguridad.

La Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarias de La Paz convocó para este lunes una movilización en defensa de sus derechos en un comunicado donde instaron a distintos movimientos afines a una movilización pacífica. «Se determina la participación orgánica, masiva y disciplinada en la marcha pacífica hacia la ciudad de La Paz, como medida legítima de protesta social y defensa de los derechos del pueblo boliviano», señala el comunicado.

Las protestas iniciaron a comienzos de mayo por la escasez de combustible y la inflación, pero han derivado en pedidos directos de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace apenas seis meses. Las protestas han escalado con bloqueos en las calles y emboscadas a los vehículos que intentan burlar el cierre, manteniendo aisladas de insumos importantes a ciudades del país.

F/Telesur
F/EFE

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Más de 100 detenidos en Bolivia por movilizaciones contra Rodrigo Paz

La capital administrativa, La Paz, en Bolivia, mantiene un ambiente de tensión política luego de los intensos choques ocurridos en las protestas del lunes 18 de mayo.

Sectores populares movilizados en contra del Gobierno del presidente Rodrigo Paz se enfrentaron a fuerzas policiales y militares equipadas con armamento antimotines.

La situación se intensificó con la llegada a La Paz de miles de marchistas procedentes de El Alto. Esta columna estaba integrada por mineros, campesinos Ponchos Rojos, gremiales, maestros e integrantes de juntas vecinales, quienes se agruparon bajo la consigna de «que renuncie» a Rodrigo Paz, en prosecución de las protestas iniciadas hace ya tres semanas.

Durante los enfrentamientos, se observó a personas que utilizaron cartuchos de dinamita, petardos, palos y piedras en defensa contra las arremetidas de los uniformados, quienes intentaban contener el avance de los manifestantes.

En estas confrontaciones, hombres y mujeres fueron detenidos y trasladados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para investigación. Fuentes policiales declararon a la prensa que el número de detenidos se estima en cerca de 105. Desde el Gobierno, se dio a conocer que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Medios bolivianos reportaron una contramarcha en favor del Gobierno de Rodrigo Paz, durante la cual apedrearon la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros en el Prado paceño. Asimismo, se pudo ver cómo algunos participantes en la protesta agredieron a ciudadanos de la población civil y causaron daños a infraestructuras estatales.

 

VTV
COB Bolivia22

Bolivia: Emiten orden de aprehensión contra líder de la COB para frenar la rebelión popular

La Fiscalía de Bolivia emitió este lunes una orden de aprehensión en contra del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, a quien acusa por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo y otros.

Argollo es uno de los rostros visibles de las intensas movilizaciones antineoliberales que tienen lugar en Bolivia durante las últimas semanas, en torno a las cuales se han nucleado maestros, campesinos, mineros, transportistas y representantes de otros sectores. Entre numerosas exigencias, piden la renuncia del presidente de derecha Rodrigo Paz.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó sobre los presuntos hechos atribuidos a Argollo. Entre tanto, desde la COB denunciaron la persecución contra su líder y rechazaron la violencia policial contra los manifestantes que protestaron este lunes contra el Gobierno central.

Con anterioridad, Argollo también denunció la persecución judicial y convocó a mantener las movilizaciones en La Paz y El Alto.

Tras denunciar una campaña de persecución penal y judicial en contra de la dirigencia sindical, durante un pronunciamiento público Argollo aseguró que los procesos judiciales en curso no frenarán las medidas de presión, las cuales —dijo— buscan defender la economía familiar y los recursos naturales frente a las políticas del Gobierno central.

“No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido; nos están queriendo acallar como dirigencia con acciones populares y demandas penales”, acotó el líder sindical.

En otra de sus publicaciones, la COB refirió que mientras el pueblo exige respuestas y vive la crisis en las calles, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y efectivos policiales son abastecidas con gases lacrimógenos desde un avión tipo Hércules.

“El poder responde con militarización y represión en lugar de escuchar al pueblo. La historia recordará quiénes defendieron a la ciudadanía y quiénes le dieron la espalda. Ninguna fuerza debe estar por encima del pueblo ni de sus derechos”, puntualizó el gremio.

Este lunes 18 de mayo, una multitudinaria marcha de trabajadores, campesinos y sectores populares descendió desde la ciudad de El Alto hasta La Paz, capital administrativa de Bolivia, para exigir la renuncia inmediata del presidente Paz.

La movilización, impulsada por la COB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ (Ponchos Rojos), junto a maestros y mineros cooperativistas, profundiza una huelga general indefinida que mantiene al país virtualmente cercado, con más de 70 bloqueos de carreteras.

Hasta el momento, se reporta la detención de al menos 57 personas y al menos cuatro manifestantes asesinados mientras las fuerzas de seguridad intentaban desbloquear las rutas.

F/Telesur
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Mineros en Bolivia exigen renuncia de Rodrigo Paz y mejoras sociales

Violentos enfrentamientos entre mineros artesanales y fuerzas de seguridad sacudieron este jueves el centro de La Paz, en medio de una protesta que derivó en disturbios cerca de la sede del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Los manifestantes, que exigían inicialmente mayores áreas de explotación, acceso a combustible y cambios regulatorios, intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, donde se ubican el Palacio de Gobierno y el Congreso, donde la policía respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos para contener a las columnas mineras, mientras se registraban explosiones de dinamita en varias calles del casco histórico.

Aunque una delegación minera sostuvo conversaciones previas con autoridades nacionales, incluyendo al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien afirmó que el Ejecutivo estaba “abierto al diálogo”, las negociaciones no lograron frenar la escalada de tensión. Parte de los grupos movilizados endureció su postura y comenzó a exigir directamente la renuncia de Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses prometiendo reformas para estabilizar la economía.

«Ya se ha dejado de lado el tema de pliegos, peticiones sectoriales. Acá hay un pedido único de parte del pueblo movilizado, que es el alejamiento y la renuncia del presidente», expresó Mario Argollo, máximo representante de la COB, sobre la escalada de las demandas de los manifestantes.

La conflictividad social se amplifica con los bloqueos de rutas impulsados por campesinos, organizaciones indígenas y sindicatos, que han provocado demoras en el transporte de alimentos, medicamentos y oxígeno hospitalario. El grupo de campesinos aymaras conocido como los “Ponchos Rojos” mantiene cierres de caminos y marchas hacia la vecina ciudad de El Alto.

El Gobierno atribuyó parte de la desestabilización al expresidente Evo Morales, siendo calificada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, como un “bloqueo político… con fines de desestabilización”. Morales rechazó las acusaciones y respaldó las movilizaciones desde su cuenta en la red social X, sosteniendo que “mientras no se aborden las reivindicaciones estructurales, como las relativas al combustible, la comida y la inflación, la revuelta no se detendrá”.

El exmandatario añadió que los protestantes actúan motivados por la “rabia contra un gobierno que traicionó a sus electores”. La crisis política se agrava además por una nueva orden judicial para que Morales comparezca ante la justicia por un caso de presunto abuso, lo que ha incentivado marchas de sus seguidores hacia la capital, sumándose a una escalada de protestas simultáneas que cuestionan la gobernabilidad del país.

La protesta se desarrolla en un contexto de profunda crisis económica en Bolivia, caracterizada por la escasez de dólares, dificultades para importar combustible y problemas de abastecimiento que afectan a la población. La policía ha anunciado operaciones junto a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras, mientras que los manifestantes mantienen su postura de exigir el cumplimiento de sus demandas.

F/Telesur
F/EFE

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Bolivia afronta huelga general y crece presión popular contra Rodrigo Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene este miércoles 13 de mayo el noveno día de una huelga general indefinida, aumentando la presión contra el gobierno de Rodrigo Paz con bloqueos en La Paz y El Alto por un aumento salarial y otras 111 demandas laborales.

La movilización ha generado un panorama de paralización en sectores estratégicos y creciente desabastecimiento, y ha escalado con la incorporación masiva de campesinos aimaras, provenientes de 29 provincias, quienes refuerzan los bloqueos en el altiplano boliviano.

Según informes de la policía, existen 67 puntos de bloqueo en áreas rurales, de los cuales 50 se concentran en el departamento de La Paz, intensificando el «cerco» a las principales ciudades.

Ante el inminente desabastecimiento, el Ejecutivo ha tomado medidas de emergencia, como la disposición de un puente aéreo para trasladar carne de res y pollo desde Santa Cruz y así abastecer los mercados de La Paz y El Alto.

Asimismo, la Federación de Chóferes de La Paz ha respaldado la protesta, denunciando problemas con la calidad de la gasolina y los daños que causa en los motores, lo que ha reducido la operatividad del transporte público a solo un 30%.

Diversos sectores, como mineros y maestros, liderados por dirigentes como José Luis Álvarez, exigen un incremento salarial acorde a la canasta familiar y rechazan la descentralización educativa. Otros grupos más radicales, como el encabezado por el secretario ejecutivo de mineros, Andrés Paye, demandan directamente la renuncia del mandatario.

Sin embargo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, ha rechazado tajantemente esta posibilidad, calificándola de «ofensa al voto popular» y reiterando el respeto al Gobierno constitucional que lleva apenas seis meses de gestión.

El presidente Rodrigo Paz ha utilizado sus redes sociales para afirmar que su Gobierno se encuentra «fortalecido» y ha convocado a los dirigentes y bases a un proceso de reconciliación, acusando a algunos líderes sindicales de no hablar con la verdad.

A pesar de estos llamados, el conflicto se mantiene estancado tras el rechazo gubernamental a las 111 demandas del pliego anual presentado por la COB, organización que representa a 70 sindicatos en todo el territorio nacional.

En declaraciones a medios locales, el presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, José Eduardo Iriarte, afirmó que este sector pierde entre 2 y 3 millones de dólares al día, su departamento entre 10 y 15 millones, y el país entre 50 y 60 millones de dólares diarios solo por efecto de los cortes de ruta. Advirtió, además, que la situación puede derivar en pérdidas humanas ante la falta de insumos médicos, además del desabastecimiento de alimentos y otros insumos vitales.

F/Telesur
F/EFE
Bolivia (2)55

Choferes de Bolivia inician bloqueo nacional por gasolina contaminada y mal estado vial

El sector del transporte público boliviano inició este martes un bloqueo nacional de carreteras y vías urbanas, en una medida de presión que ha paralizado las principales ciudades del país. La movilización, liderada por la Confederación de Choferes de Bolivia, responde a la persistente crisis por la importación de gasolina de «mala calidad», la cual, según denuncian los transportistas, ha provocado daños mecánicos severos en miles de vehículos y elevados costos de reparación que el gremio ya no puede sostener.

Las protestas han afectado de manera crítica a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre, interrumpiendo el tránsito interdepartamental y la actividad económica. En ciudades como El Alto y La Paz, el colapso vial obligó a la suspensión de clases escolares y dificultades en el traslado de trabajadores. Los manifestantes exigen un resarcimiento económico por los motores dañados y un control estricto sobre los carburantes distribuidos por la estatal YPFB, tras meses de reclamos sin soluciones definitivas.

El ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes de La Paz, Edson Valdez, lanzó una dura advertencia al gobierno central, señalando que la paciencia del sector se ha agotado.

Valdez criticó la gestión del suministro de combustible y advirtió que, de no instalarse una mesa de diálogo con resultados inmediatos, las bases podrían radicalizar sus medidas e incluso exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz, cuya administración enfrenta uno de sus desafíos sociales más complejos desde que asumiera el mando.

Por su parte, el gobierno ha intentado calmar las aguas asegurando que el suministro de gasolina está garantizado y que se han iniciado procesos de indemnización para los afectados. Sin embargo, los choferes han descartado frenar el paro, sosteniendo que cualquier negociación deberá realizarse en medio de las movilizaciones.

Mientras tanto, las carreteras troncales permanecen cortadas por camiones y autobuses, dejando a cientos de pasajeros y transportistas de carga varados a la espera de un acuerdo que destrabe el conflicto.

F/REDACCIÓN MAZO