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Ecuador decreta nuevo estado de excepción con una vigencia de 60 días

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción por «grave conmoción interna» en diez provincias y tres municipios del país.

La medida, que entra en vigor inmediatamente, tendrá una vigencia de sesenta días y se aplica apenas dieciséis días después del vencimiento del anterior régimen de excepción.

Las provincias afectadas son Pichincha (donde se encuentra la capital, Quito), Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Además, la norma abarca los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

El decreto faculta a las fuerzas de seguridad a intervenir para «precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público», así como para neutralizar actividades criminales. Una de las suspensiones más significativas es la de la inviolabilidad del domicilio, permitiendo allanamientos sin orden judicial previa ante sospechas de ilícitos.

Esta decisión contrasta con declaraciones recientes de Noboa desde Estados Unidos, quien afirmó que no ampliaría el estado de excepción anterior, sino que implementaría uno nuevo si era necesario. Desde que declaró el «conflicto armado interno» en enero de 2024, el mandatario ha utilizado sucesivamente esta figura legal, variando su alcance geográfico y temporal, incluyendo toques de queda nocturnos en meses previos.

Pese a estas medidas de mano dura y la catalogación de bandas criminales como «terroristas», la violencia no ha cedido ya que, según cifras del Ministerio del Interior, Ecuador cerró el año 2025 con un récord de aproximadamente 9.300 homicidios, posicionándose como el país con la tasa más alta de Latinoamérica. El gobierno sostiene que estas acciones son indispensables para recuperar la seguridad ciudadana frente al crimen organizado, donde el último se extendió desde abril hasta el pasado primero de junio, mientras se realizaron toques de queda en marzo y mayo para ayudar a reducir la actividad criminal.

F/Telesur
F/EFE
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Noboa decreta nuevo estado de excepción ante creciente violencia en Ecuador

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El Gobierno de Ecuador estableció un nuevo estado de excepción en diversas regiones del país, un día antes de la festividad de Semana Santa, en otro intento de controlar la ola de violencia vinculada al crimen organizado.

El presidente Daniel Noboa Azín firmó el Decreto Ejecutivo 353 el jueves; con él se instituyó un estado de excepción en cuatro cantones y nueve provincias, en respuesta a una situación que fue oficialmente calificada como «grave conmoción interna».

La disposición tendrá un periodo de vigencia de 60 días y no se implementará a nivel nacional, sino solamente en zonas que sean consideradas prioritarias debido a sus altos niveles de violencia.

La movilidad de la población no se verá limitada, pues en esta oportunidad no se instauró toque de queda, a diferencia de otras declaraciones.

Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos son las provincias donde se aplica la medida. Cantones de las provincias de Bolívar, Cotopaxi y Cañar —Las Naves, Echeandía y La Troncal— se añaden a las mencionadas anteriormente.

El decreto establece que la focalización se basa en indicadores de seguridad que muestran una mayor presencia de estructuras asociadas con el crimen organizado.

Entre las medidas tomadas se encuentra la suspensión de dos derechos constitucionales: la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia. De acuerdo con ello, las autoridades pueden realizar allanamientos sin orden judicial previa

Dos semanas atrás, el Gobierno de Noboa decretó toque de queda en varias provincias y desplegó alrededor de 35.000 policías y militares en operativos para combatir al crimen organizado, como parte de una nueva fase de seguridad cuyos resultados no son los esperados, de acuerdo con expertos.

F/Telesur
F/EFE
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Noboa decreta estado de excepción en Quito y siete provincias a un día de las elecciones

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado este sábado el estado de excepción en el país, a un día de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, en el que el mandatario, que aspira a la reelección, se enfrente a Luisa González, del movimiento izquierdista Revolución Ciudadana (RC).

Debido al «incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la perpetración de ilícitos por grupos armados organizados», se declara el estado de excepción, según el decreto 599 del presidente constitucional de la República.

La medida se aplicará en las provincias de Guayas —donde se encuentra Guayaquil, la ciudad más poblada del país—, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, además del Distrito Metropolitano de Quito en la provincia de Pichincha y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay.

Guayas, Pichincha y Manabí concentran el mayor número de electores en el país, con alrededor de 6,9 millones de votantes, lo que representa más de la mitad del padrón electoral de todo Ecuador, que es de 13,73 millones de electores, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) citados por el diario Primicias.

La disposición tendrá una vigencia de 60 días, plazo necesario, según el decreto, para «mitigar los hechos fácticos» y «coadyuvar el accionar» de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional «para mantener la soberanía del Estado», la seguridad ciudadana y la protección interna y de orden público.

Los derechos suspendidos en las provincias mencionadas incluyen el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que significa que las fuerzas del orden podrán realizar a discreción «inspecciones, allanamientos y requisas» y recolectar «mensajes, comunicaciones, cartas y/o misivas físicas o electrónicas».

Asimismo, se restringe el derecho a la libertad de reunión, para lo cual, las autoridades «quedan facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas» a la seguridad.

Además, se ha dispuesto la «movilización e intervención» de militares y policías en estos territorios, mientras que en varios cantones y parroquias se ha impuesto la restricción de la libertad de tránsito todos los días desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. (hora local).

F/RT
F/AP
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Declaran inconstitucional estado de excepción en Ecuador

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En una sesión ordinaria celebrada este viernes 10 de mayo de 2024, la Corte Constitucional de Ecuador emitió un dictamen desfavorable respecto al Decreto Ejecutivo No. 250, emitido el 30 de abril de 2024 por el presidente Daniel Noboa.

Dicho decreto declaraba el estado de excepción por conflicto armado interno en las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, autorizando la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio por un período de sesenta días.

La Corte Constitucional, en su dictamen de mayoría, determinó que el Decreto Ejecutivo 250 no logró justificar la existencia de un conflicto armado interno, tal como lo establece la jurisprudencia previa del tribunal.

En consecuencia, se declaró la inconstitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción, con efectos a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Asimismo, la Corte señaló que la Presidencia de la República no proporcionó argumentos suficientes para justificar la necesidad del estado de excepción ni demostró que los hechos alegados no podrían ser abordados mediante el régimen constitucional ordinario.

Se hizo hincapié en la importancia de motivar adecuadamente cualquier decreto de estado de excepción y de ofrecer datos fácticos que respalden la necesidad de recurrir a un mecanismo constitucional tan extraordinario.

Es importante destacar que el dictamen de mayoría de la Corte Constitucional contó con dos votos salvados de las juezas Carmen Corral Ponce y Teresa Nuques Martínez, quienes expresaron su discrepancia con la posición mayoritaria al considerar que el estado de excepción declarado en el Decreto Ejecutivo No. 250 estaba justificado y cumplía con los parámetros establecidos por la jurisprudencia.

F/Telesur
F/El Comercio