El Gobierno del presidente Rodrigo Paz se prepara para una semana de intensa conflictividad social. Sectores sindicales, educativos e indígenas han convocado a movilizaciones masivas para exigir soluciones al desabastecimiento de combustible, mejoras laborales y la anulación de leyes agrarias cuestionadas.
Ante la amenaza de parálisis, el mandatario manifestó su postura a través de sus redes sociales: «Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia», expresó con grandilocuencia Paz, sin hacer referencia a los retrocesos en su gestión.
Aunque reconoció que su verdadera preocupación es la capacidad estatal para «ofrecer soluciones reales» ante la crisis actual.
La Central Obrera Boliviana (COB), que durante las últimas dos décadas fue aliada estratégica de los gobiernos del MAS, ha tomado distancia del Ejecutivo.
El ente sindical ratificó su pliego de peticiones que incluye un incremento salarial del 20 %, demanda que ya fue descartada por el Gobierno bajo el argumento de que el salario mínimo fue elevado a inicios de año a 3.300 bolivianos (474 dólares).
Los puntos de fricción con los trabajadores incluyen que la COB se opone al posible cierre de empresas estatales deficitarias; Defensa de la Ley General del Trabajo ante la propuesta de «actualización» del Ejecutivo, y una gran concentración en El Alto está prevista para el 1 de mayo, previa reunión nacional de dirigentes este martes.
Por otro lado, los maestros urbanos reforzarán sus protestas con la llegada de contingentes del interior del país, exigiendo mayor presupuesto y rechazando la descentralización educativa.
Crisis energética
Uno de los problemas más graves es la crisis en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es el desabastecimiento e irregularidad en la distribución de diésel ha provocado largas filas en el «eje central» (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz).
El jueves asumió el tercer presidente ejecutivo de YPFB en menos de tres meses. Ante la falta de respuestas, el dirigente campesino Carlos Tancara anunció que a partir de este lunes se iniciarán bloqueos de carreteras de carácter indefinido en el norte de La Paz.
En el departamento de Pando, organizaciones indígenas y campesinas, ahora reforzadas por el sector minero, mantienen una marcha hacia La Paz para exigir la anulación de la Ley 1720.
Aunque el Gobierno sostiene que la norma facilita el acceso a créditos al reclasificar la pequeña propiedad en mediana, los sectores amazónicos denuncian que la ley es una herramienta para favorecer al empresariado y promover la deforestación, poniendo en riesgo el territorio indígena.