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Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta semana más crítica por ola de protestas y bloqueos en Bolivia

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El Gobierno del presidente Rodrigo Paz se prepara para una semana de intensa conflictividad social.  Sectores sindicales, educativos e indígenas han convocado a movilizaciones masivas para exigir soluciones al desabastecimiento de combustible, mejoras laborales y la anulación de leyes agrarias cuestionadas.

Ante la amenaza de parálisis, el mandatario manifestó su postura a través de sus redes sociales: «Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia», expresó con grandilocuencia Paz, sin hacer referencia a los retrocesos en su gestión.

Aunque reconoció que su verdadera preocupación es la capacidad estatal para «ofrecer soluciones reales» ante la crisis actual.

La Central Obrera Boliviana (COB), que durante las últimas dos décadas fue aliada estratégica de los gobiernos del MAS, ha tomado distancia del Ejecutivo.

El ente sindical ratificó su pliego de peticiones que incluye un incremento salarial del 20 %, demanda que ya fue descartada por el Gobierno bajo el argumento de que el salario mínimo fue elevado a inicios de año a 3.300 bolivianos (474 dólares).

Los puntos de fricción con los trabajadores incluyen que la COB se opone al posible cierre de empresas estatales deficitarias; Defensa de la Ley General del Trabajo ante la propuesta de «actualización» del Ejecutivo, y una gran concentración en El Alto está prevista para el 1 de mayo, previa reunión nacional de dirigentes este martes.

Por otro lado, los maestros urbanos reforzarán sus protestas con la llegada de contingentes del interior del país, exigiendo mayor presupuesto y rechazando la descentralización educativa.

Crisis energética

Uno de los problemas más graves es la crisis en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es el desabastecimiento e irregularidad en la distribución de diésel ha provocado largas filas en el «eje central» (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz).

El jueves asumió el tercer presidente ejecutivo de YPFB en menos de tres meses. Ante la falta de respuestas, el dirigente campesino Carlos Tancara anunció que a partir de este lunes se iniciarán bloqueos de carreteras de carácter indefinido en el norte de La Paz.

En el departamento de Pando, organizaciones indígenas y campesinas, ahora reforzadas por el sector minero, mantienen una marcha hacia La Paz para exigir la anulación de la Ley 1720.

Aunque el Gobierno sostiene que la norma facilita el acceso a créditos al reclasificar la pequeña propiedad en mediana, los sectores amazónicos denuncian que la ley es una herramienta para favorecer al empresariado y promover la deforestación, poniendo en riesgo el territorio indígena.

T/Telesur
Bolivia77

Escasez, “gasolina basura” y opacidad agravan crisis de combustibles en Bolivia

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A cinco meses de haber asumido el poder, el presidente de Rodrigo Paz enfrenta nuevamente el problema de la escasez de combustibles en Bolivia, pese a que durante su campaña prometió resolverlo desde el primer día de su gestión.

Conductores afectados aseguran que deben esperar durante días para abastecerse. Choferes entrevistados por teleSUR relataron que llevan dos noches durmiendo en sus vehículos mientras aguardan la llegada de diésel, cuya falta se ha agudizado en los últimos días.

La situación resulta especialmente crítica debido a que coincide con la temporada de cosecha de invierno, lo que pone en riesgo el traslado de productos agrícolas. Además, el desabastecimiento impacta en el transporte de carga y pasajeros de larga distancia. “No podemos mover mercancía ni traer productos del campo. Estamos sin comer y no podemos abandonar los vehículos”, expresó uno de los conductores afectados al corresponsal de teleSUR en la nación andina, Freddy Morales.

En medio de la crisis, el Gobierno realizó cambios en el área energética. Rodrigo Paz destituyó al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y nombró en su lugar a Marcelo Blanco. Ese mismo día también dimitió la presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, quien había asumido el cargo apenas tres semanas antes.

Desde el ámbito legislativo, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, pidió explicaciones sobre la distribución de combustible de baja calidad y exigió identificar a los responsables de la “gasolina basura” que se distribuye en el país.

El problema no solo radica en la escasez. Según denuncias de mecánicos y usuarios, el combustible comercializado en el país adolece de calidad y daña los motores. El mecánico Esteban Iriarte aseguró que en las últimas semanas aumentaron los casos de vehículos con averías relacionadas con la gasolina. “Cada día recibimos más reportes y no vemos que la situación mejore”, indicó.

De acuerdo con especialistas del sector, el combustible presenta niveles de contaminación que afectan el funcionamiento de los motores, dificultando incluso el arranque en frío.

La crisis se da en un contexto marcado por el incremento del 100 % en el precio de los combustibles decretado el 17 de diciembre, con el objetivo de eliminar la subvención estatal. Posteriormente, se conocieron documentos que indicarían que el Gobierno adquiere la gasolina contaminada al doble del precio que el anterior Ejecutivo.

A esto se suma la falta de transparencia denunciada por distintos sectores, que cuestionan la ausencia de controles independientes sobre la calidad del combustible y la escasa información oficial sobre cuándo se normalizará el suministro y se garantizará un producto en condiciones adecuadas.

Especialistas de la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) recibieron el encargo de monitorear la calidad del combustible, pero horas antes de iniciar esta labor se lo impidieron por órdenes del Gobierno.

El Gobierno boliviano evita que expertos verifiquen la calidad de la gasolina y mantiene hermetismo total sobre los estándares de ese producto. Además, tampoco informa sobre cuándo se podrá contar con combustibles de calidad estándar.

F/Telesur
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Reforma laboral de Javier Milei genera casi medio millón de desempleados en Argentina

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Durante la semana, un fragmento del programa de Radio Pop Negrópolis, presentado por Elizabeth Vernaci, se volvió viral en Argentina; la «Negra» revisó una serie de los centenares de despidos que se produjeron en las semanas recientes con el objetivo de denunciar al aire su despido y el de su colega Lizy Tagliani.

La presentadora inició diciendo que “durante los dos años de gestión de Javier Milei se perdió un puesto de trabajo formal cada cuatro minutos”.

Luego, indicó las compañías que despidieron o cerraron y el número de empleados perjudicados en cada una: “Fate 900, ILVA 300, Whirlpool 220, Corven 150, Newsan 150, SKF 145, La Suipachense 143, TN Platex 88, Vuklcalar 80, Pampar 80, Magnera 60, Dana 50, Acerías Berisso 50, Color Living 40, Luxor 40, Essen 34 y Radio Pop 2: Lizy y yo”.

La denuncia, decidida y sonriente para violar la censura con elegancia en el propio medio de pertenencia, muestra una aceleración del panorama de cierres de empresas, recesión y pérdida de puestos de trabajo que Javier Milei y Luis Caputo fomentan.

Los despidos no se restringen a los 60.000 funcionarios públicos que la cultura libertaria ha calificado como «casta», sino que también aumentan en el sector privado, el cual está afectado por la caída del consumo, la apreciación especulativa de la tasa de cambio y la liberalización del comercio.

En ese lugar, durante el período y a un ritmo de más de 30 por día, cerraron más de 22.000 empresas. A estas alturas, la masacre laboral y productiva es indudablemente evidente, aunque esta semana se reveló cuando se anunciaron los resultados del informe de Mercado de Trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al último trimestre de 2025.

Por lo tanto, se puede concluir que el desempleo impactó al 7,5 por ciento de la población económicamente activa (PEA). El indicador supera en 1,8 puntos porcentuales el dato que se registró en el último trimestre de 2023 y en 1,1 lo registrado un año antes.  Es el valor más alto para ese trimestre desde 2020, cuando alcanzó el 11 por ciento de la población activa en medio de la pandemia.

La tasa señalada excede el índice de 2021, año en que las limitaciones a la movilidad de los individuos todavía no se habían aflojado del todo y el desempleo impactaba al 7 por ciento de la población activa.

En términos específicos, se refiere a la aparición de cerca de 400 mil nuevos desempleados en dos años de gobierno, lo que eleva a 1,7 millones el total de personas en esa situación.

F/Telesur
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UE podría enfrentar crisis de deuda severa en el futuro próximo

EconomíaImpacto

La Unión Europea podría enfrentar crisis de deuda que sacudirán el sistema financiero global, con riesgos especialmente altos en Francia e Italia, precisó el informe de la fundación rusa Roscongress denominado Desequilibrio presupuestario y la trampa de la deuda en la UE. «Europa podría sufrir crisis de deuda que afectarán gravemente al sistema financiero global, con Francia e Italia como los puntos más vulnerables», advierte el informe

El informe cita al Fondo Monetario Internacional, que señala que en los últimos 40 años, ninguno de los grandes países europeos ha aplicado de manera consistente la política de que los incrementos pasados en la deuda pública deben ser siempre equilibrados con superávits fiscales presentes y futuros para mantener la deuda en un nivel sostenible.

Solo algunos países europeos tienen mecanismos para estabilizar su deuda, pero incluso en estos casos, el proceso es extremadamente lento. «Se necesitarían hasta 20 años de superávit presupuestario primario [sin considerar el costo del servicio de la deuda] para compensar los choques de deuda observados durante la crisis financiera global o la pandemia de COVID-19», destaca el informe.

Una deuda pública superior al 60% del producto interno bruto (PIB) se considera riesgosa. Este límite fue superado incluso por países de la UE que se creían modelos de disciplina financiera. Se estima que la deuda de Francia alcanzará el 121% del PIB en 2027, mientras que en Grecia e Italia es del 152,5% y 137,9%, respectivamente.

Se apunta que la deuda pública de Alemania podría dispararse en los próximos años. Esto se debe a que en marzo de 2025, Alemania aprobó una flexibilización del llamado «freno de deuda», un mecanismo consagrado en la constitución nacional que buscaba limitar el déficit estructural del presupuesto federal al 0,35% del PIB.

«La posibilidad de aumentar los ingresos mediante recaudaciones fiscales está limitada por un nivel de impuestos ya de por sí elevado, que actualmente reduce los incentivos para la inversión y el empleo. Con tasas impositivas como las de Francia, un aumento adicional no generaría más ingresos fiscales, sino una reducción en la recaudación total”, pronostican los autores del informe.

La creciente fragmentación geoeconómica y la incertidumbre política interna representan riesgos importantes para las economías europeas. Los aranceles de EE.UU. debilitan la demanda externa, mientras que el aumento proyectado de los gastos en pensiones y salud, debido a tendencias demográficas, presionará aún más las finanzas públicas.

Reducir el gasto social y los salarios de los empleados públicos, que constituyen un segmento importante del déficit, conlleva riesgos de resistencia por parte de los sindicatos, disturbios políticos y pérdida de apoyo electoral. Los gastos en defensa y la transición verde también podrían dificultar la consolidación presupuestaria.

F/Sputnik
Venezuela

Washington subvencionó ONG en Venezuela para «fabricar una crisis de gobernabilidad»

ImpactoPolítica
La crisis de la USAID, agencia estadounidense señalada históricamente como brazo financiero de injerencia en América Latina, ha desatado un movimiento tectónico en el entramado de las ONG venezolanas que, por dos décadas, moldearon la opinión pública contra el Estado.
Desde 2001, la USAID y la National Endowment for Democracy (NED) invirtieron más de 700 millones de dólares en organizaciones no gubernamentales venezolanas, según datos públicos del presupuesto estadounidense.
Estas ONG, presentadas superficialmente como representantes de la «sociedad civil», fungieron como correas de transmisión de una agenda política destinada a desestabilizar al Gobierno bolivariano, sostiene en entrevista con Sputnik Carolina Escarrá, politóloga y experta en diplomacia estratégica, para quien el verdadero objetivo de la Casa Blanca era «forzar un cambio de régimen» en la nación sudamericana.
«El impacto del cierre de la USAID es importantísimo porque ha sido el principal financiador de las ONG que se presentaban como la sociedad civil. Esto viene desde el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. La USAID y la NED crearon una oficina para la transición en Venezuela, que distribuía fondos a organizaciones específicas», denuncia la analista.
La experta detalla que, tras el fracaso del golpe, el financiamiento se canalizó directamente a organizaciones como Súmate, dirigida por María Corina Machado y vinculada a intentos de crear un “Consejo Nacional Electoral (CNE) paralelo” en 2004.
«Era una operación de inteligencia, pues fondos del Congreso de EEUU se traducían en entrenamiento, logística y campañas mediáticas para fabricar una crisis de gobernabilidad», explica.
Escarrá subraya que, desde 2012, la USAID impulsó la formación de jóvenes en tácticas de Gene Sharp —ideólogo de los golpes suaves— a través de ONG como Otpor (Serbia). “El objetivo era crear un malestar social que justificara una intervención internacional. Querían una guerra civil, que los venezolanos nos matáramos entre nosotros”, afirma.
Este esquema incluía campañas para saturar medios con narrativas de “crisis humanitaria”, a pesar de que organismos como la FAO reconocieron avances venezolanos en seguridad alimentaria. “La OEA intentó 19 veces declarar una emergencia en Venezuela y fracasó. La mentira era insostenible”, recalca.

«Dinero sin rendición de cuentas»

Entre 2017 y 2022, EEUU asignó 656 millones de dólares para Venezuela: 467 millones para migrantes en la región y 189 millones supuestamente destinados a salud, educación y alimentación dentro del país. Sin embargo, Escarrá revela un dato crucial: solo el 2% de esos recursos se ejecutó en sus fines declarados.
«En 2019, la USAID firmó un convenio con el autoproclamado ‘gobierno interino’ de Guaidó. De los 189 millones para ayuda interna, gran parte terminó en proyectos fantasmas. Por ejemplo, Guaidó prometió 300 dólares a médicos durante la pandemia, pero ese dinero nunca llegó”, señala la analista.
El modus operandi incluía transferencias en efectivo, tarjetas prepago y fondos a organizaciones como Cáritas, Foro Penal y la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante, muchas vinculadas a redes internacionales como Open Society de George Soros.
“No había auditorías. Era dinero sin rendición de cuentas para comprar lealtades y financiar operaciones de presión”, agrega.
Escarrá considera que con el declive de la USAID en Venezuela no solo expone el colapso de un modelo de injerencia, sino que, abre un camino hacia la redefinición de las ONG en el país.
La Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales, recientemente aprobada en el país, se suma a este espíritu para generar mayor transparencia. Escarrá concluye que “el cierre técnico” de decenas de ONG —dependientes de fondos estadounidenses— no perjudicará a la sociedad. “Al contrario, fortalecerá a las organizaciones verdaderamente comprometidas con el país. Ahora deberán demostrar en qué gastan cada dólar, sin esconderse tras el cuento de la persecución política”.
F/Sputnik
F/AP
volkswagen

Alemania en crisis: Volkswagen planea cerrar tres fábricas y despidos masivos

Economía

El fabricante de automóviles Volkswagen planea efectuar despidos masivos y cerrar al menos tres fábricas en Alemania, como parte de un drástico plan de ahorro de costes, según indicó este lunes el Comité de Representantes de los trabajadores de la empresa.

El gigante automotriz europeo lleva semanas negociando con los sindicatos sus planes de reestructuración y reducción de costes, que incluyen por primera vez el cierre de varias plantas y varios despidos en las fábricas restantes. El plan también incluye un recorte salarial del 10 % para todos los empleados de la marca VW, según recoge AFP.

«La dirección habla muy en serio. No se trata de un ruido de sables en la ronda de negociaciones colectivas […] todas las plantas alemanas de VW están afectadas por esto. Ninguna de ellas está a salvo», declaró Daniela Cavallo, directora del Comité de Empresa del Grupo Volkswagen, que también representa los intereses de los trabajadores. «Este es el plan del mayor grupo industrial alemán para iniciar la venta en su país de origen», añadió.

«Situación muy grave» en el mercado europeo

En septiembre, el director ejecutivo de la empresa, Oliver Blume, aseguró que la decisión se produce después de que un ambicioso programa de ahorro, puesto en marcha el año pasado, no haya conseguido alcanzar los miles de millones de euros previstos, pues la empresa solo ha podido recortar gastos ofreciendo a sus empleados jubilaciones anticipadas y bajas voluntarias.

«El entorno económico se ha endurecido aún más, y nuevos competidores están entrando en el mercado europeo. En este entorno, como empresa debemos actuar ahora con decisión», indicó Blume, advirtiendo de que la industria automovilística europea se encuentra en una «situación muy grave».

Según recoge Bloomberg, Volkswagen emplea a unas 650.000 personas en todo el mundo, casi 300.000 de ellas en Alemania.

F/RT
F/Hendrik Schmidt / Gettyimages.ru
Apagón Ecuador

Ecuador admite una «crisis sin precedentes» tras anunciar apagones de 14 horas

Multipolaridad

La ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano, admitió «una crisis sin precedentes» tras anunciar apagones de 14 horas en la nación andina. El Gobierno tenía previsto reducir a seis horas al día los cortes del suministro eléctrico a partir de la próxima semana.

«El anuncio lo hicimos anoche y es un anuncio responsable y también transparente. Tenemos una crisis sin precedentes. No tengo punto de referencia, lo que estamos viviendo no se ha vivido en el país», dijo Manzano en declaraciones a Teleamazonas.

Asimismo, agregó que los «fuertes vientos del Océano Pacífico impiden que la humedad de la Amazonía entre a la cordillera oriental».

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó el 9 de octubre a Manzano, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, como titular encargada de la cartera de Energía y Minas, en medio de la crisis energética por la que atraviesa el país, que ha llevado a la aplicación de apagones prolongados.

«Una crisis dinámica»

En un video publicado en las redes sociales, Manzano puntualizó anoche que los racionamientos del servicio eléctrico aumentarán como consecuencia de «una crisis dinámica y sin precedentes».

«Hemos tomado la dolorosa pero responsable decisión de modificar el plan de racionamientos aumentando de 8 a 14 horas diarias y que tendrá una evaluación el día domingo», detalló.

Manzano explicó que la gestión de esta crisis energética tiene dos partes. «Una, la coyuntural, con medidas extremas debido al clima impredecible. Al mismo tiempo, trabajamos en la recuperación de nuestro parque generador», comentó.

La titular de Energía comentó que el «principal problema son los caudales deprimidos en límites históricos, como es el caso de Mazar y Cocacodo Sinclair». «Comprendemos la molestia que este anuncio puede causar en su vida personal y los efectos en su vida profesional», añadió.

Noboa prometió este mes que durante todo su gobierno, un total de 1598 MW serán incluidos en el sistema nacional «un total de 1.598 megavatios serán incluidos en el sistema nacional», pero hasta el momento «se han incorporado 434 megavatios».

F/RT
F/AP