La Ley de Brandolini entre los escombros
Un terremoto que sacude el suelo también convoca, minutos, horas y días después, a expertos autoproclamados e influencers inescrupulosos que difunden alertas falsas, imágenes antiguas y explicaciones que apelan a la compleja psique de algunas personas. Estas falacias, en mayor o menor medida, pueden provocar evacuaciones caóticas, distorsionar las prioridades, desviar a los equipos de rescate y minar la confianza pública.
La desigual competencia entre la verdad y la manipulación conspiratoria de la realidad fue expuesta en 2013 por el hasta entonces desconocido Alberto Brandolini. Su célebre aforismo, bautizado como «ley», sostiene que «la cantidad de energía necesaria para refutar una mentira es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla». Inventar, por ejemplo, que «habrá un tsunami esta noche» lleva segundos a una sola persona, pero desmentirlo requiere que cientos o miles de personas consulten redes sismológicas, centros de alerta, especialistas y registros audiovisuales. Para entonces, el rumor ya habrá circulado por miles de teléfonos.
Tras los terremotos del 24 de junio de 2026, Venezuela comprobó esa asimetría. Los equipos de verificación (también conocidos como fact-checking) documentaron una falsa alerta de tsunami, un supuesto apagón nacional, imágenes creadas con inteligencia artificial, videos de otros eventos y muchos otros desaguisados. Incluso se atribuyeron los terremotos al programa HAARP mediante una grabación fabricada que circulaba desde meses antes. La falsedad era breve y visual, y demostrarla exigió rastreo digital, análisis geofísico, consulta a expertos y divulgación científica.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud popularizó el concepto de «infodemia» para describir la sobreabundancia de información (tanto verdadera como falsa) que acompaña a las crisis y dificulta que la población encuentre orientaciones fiables. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también ha destacado en su Informe Mundial sobre Desastres 2026 que este tipo de información constituye una crisis humanitaria que erosiona la confianza, dificulta el acceso a la asistencia y aumenta los riesgos para las comunidades y los equipos de rescate. Por tanto, la comunicación no puede seguir tratándose como un accesorio de la respuesta, ya que también salva vidas.
Este fenómeno se ha documentado en emergencias similares. En Haití, en 2010, la iniciativa «Mission 4636» procesó más de 80.000 mensajes de alerta para las autoridades. De manera similar, en 2017, México anticipó esta tendencia a través de la organización «Verificado 19S», que proporcionaba información fidedigna a la población y a los equipos de respuesta. En Noto (Japón), en enero de 2024, se determinó que el 10 % de las solicitudes de rescate eran falsas, lo que dificultó la ayuda a las personas que sí la necesitaban.
Las investigaciones demuestran que este fenómeno puede mitigarse construyendo una cultura de comunicación basada en fuentes oficiales muy reconocidas y actualizaciones permanentes. La lección aprendida es sencilla: la confianza pública se construye con paciencia y (mucho tiempo antes del desastre) mediante instituciones creíbles, transparencia y educación científica.
Venezuela puede crear un protocolo nacional de integridad informativa que incluya una sala de verificación, boletines periódicos (con hora exacta), fuentes y niveles de incertidumbre, un registro estructurado de solicitudes de rescate, educación preventiva sobre predicciones, réplicas y tsunamis, entre otros contenidos De este modo, sería posible distinguir al creador malicioso, del amplificador coordinado y de quien reenvió por mero temor. La integración de las comunidades organizadas es indispensable.
La Ley de Brandolini no afirma que la verdad esté condenada, sino que nos recuerda que defenderla resulta costoso cuando se comienza demasiado tarde. Ese esfuerzo puede reducirse con instituciones transparentes, científicos accesibles, periodistas especializados rigurosos, archivos forenses, comunidades organizadas y ciudadanos que renuncien a compartir mensajes meramente «por si acaso». Tras un terremoto, cada minuto cuenta. También cada palabra.
@betancourt_phd