El Gobierno de Ecuador estableció un nuevo estado de excepción en diversas regiones del país, un día antes de la festividad de Semana Santa, en otro intento de controlar la ola de violencia vinculada al crimen organizado.
El presidente Daniel Noboa Azín firmó el Decreto Ejecutivo 353 el jueves; con él se instituyó un estado de excepción en cuatro cantones y nueve provincias, en respuesta a una situación que fue oficialmente calificada como «grave conmoción interna».
La disposición tendrá un periodo de vigencia de 60 días y no se implementará a nivel nacional, sino solamente en zonas que sean consideradas prioritarias debido a sus altos niveles de violencia.
La movilidad de la población no se verá limitada, pues en esta oportunidad no se instauró toque de queda, a diferencia de otras declaraciones.
Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos son las provincias donde se aplica la medida. Cantones de las provincias de Bolívar, Cotopaxi y Cañar —Las Naves, Echeandía y La Troncal— se añaden a las mencionadas anteriormente.
El decreto establece que la focalización se basa en indicadores de seguridad que muestran una mayor presencia de estructuras asociadas con el crimen organizado.
Entre las medidas tomadas se encuentra la suspensión de dos derechos constitucionales: la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia. De acuerdo con ello, las autoridades pueden realizar allanamientos sin orden judicial previa
Dos semanas atrás, el Gobierno de Noboa decretó toque de queda en varias provincias y desplegó alrededor de 35.000 policías y militares en operativos para combatir al crimen organizado, como parte de una nueva fase de seguridad cuyos resultados no son los esperados, de acuerdo con expertos.