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  • «Quinto Río»: Ecuador vuelve a marchar en defensa del agua y contra la minería

    «Quinto Río»: Ecuador vuelve a marchar en defensa del agua y contra la minería

    Ciudadanos en Ecuador se movilizan en la ciudad de Cuenca (sur) y diversas regiones del país este miércoles 16 de septiembre en la marcha denominada «Quinto Río», con el objetivo de exigir la protección de los páramos y las fuentes de agua frente a la actividad minera.

    Al grito de «¡Fuera, Noboa, fuera!», la manifestación en la capital de Azuay arrancó desde la Plaza San Roque con rumbo a la Plaza San Francisco. La jornada conmemora el primer aniversario de la multitudinaria marcha de 2025 contra el proyecto minero Loma Larga y suma esta vez acciones de respaldo en ciudades como Quito e Ibarra.

    A pesar de que la licencia ambiental de dicho proyecto fue revocada en octubre del año pasado, las organizaciones sociales denuncian que las concesiones mineras siguen vigentes en zonas clave como el páramo de Kimsakocha (también en Azuay) y que los trabajos de las empresas continúan en el territorio.

    El vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Hatari Sarango, destacó en entrevista concedida a teleSUR la importancia de la movilización para los pueblos, sindicatos y ciudadanía en general en la defensa de los recursos hídricos.

    Sarango advirtió que en Cuenca existen más de 46.000 hectáreas de páramos concesionadas a la minería y cuestionó que los sucesivos Gobiernos no hayan respetado los resultados de las consultas populares en las que más del 80 % de la población votó en contra de la actividad extractiva en zonas de recarga hídrica.

    Asimismo, señaló que el Estado ejerce una violencia territorial sobre las comunidades e insistió en que, aunque la minería sea una fuente de ingresos económicos, la Constitución prohíbe realizar este tipo de actividades en territorios donde existen fuentes de agua.

    La movilización de este año ha extendido sus reclamos a la inoperancia estatal ante las invasiones de minería ilegal e intensificado las protestas en la provincia de Imbabura (norte), donde colectivos sociales se han sumado a las marchas desde Ibarra para exigir la protección de zonas como Intag, La Merced de Buenos Aires, Cahuasquí, Ambuquí y Lita.

    La jornada de protesta de este miércoles forma parte de las acciones sociales que se viene gestando desde agosto, cuando la Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de Trabajadores  (FUT) convocaron a esta marcha como preámbulo a un paro indefinido anunciado a partir del 23 de septiembre, junto con la presentación de una acción de protección judicial.

    Las organizaciones sostienen que el proyecto, a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals desde el 2001, fecha en la que la adquirió de la también empresa canadiense INV Metals, pone en riesgo la principal fuente de agua de la región y al ecosistema de los páramos de Kimsakocha.

    F/Telesur

  • La industria bananera de Ecuador, en jaque por la infiltración del crimen organizado

    La industria bananera de Ecuador, en jaque por la infiltración del crimen organizado

    La caída de la producción en Centroamérica y Asia posiciona a Ecuador como el principal abastecedor de banano, con casi 250 millones de cajas enviadas hasta julio de 2026; es decir, aproximadamente 4,75 millones de toneladas. Sin embargo, la filtración del crimen organizado en la logística agrícola obliga a los exportadores a destinar más de un millón de dólares diarios en blindaje de contenedores, custodia y tecnología.
    A pesar del balance positivo, la industria enfrenta un escenario complejo condicionado por el incremento de los costos operativos, la logística internacional y la presencia del crimen organizado en la cadena de transporte.

    El banano ecuatoriano y su situación actual

    El comportamiento de los envíos refleja una sólida exportación hacia destinos tradicionales y de alta exigencia arancelaria y ambiental. José Antonio Hidalgo, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), detalla la distribución de la oferta y las variaciones registradas durante el año.

    «Nuestro mayor mercado como región es la Unión Europea con 32,78% y tiene una variación porcentual de crecimiento en comparación con el 2025 de un 14,8%. Rusia como país es nuestro mayor mercado, que después de la Unión Europea tiene una participación del 19,85% y eso es una variación porcentual del 2025 del 11,96%», explica el representante de AEBE en una entrevista con Sputnik.

    Hidalgo destaca que la inserción de la fruta alcanza una escala global de hasta 70 destinos y los exportadores nacionales se han adaptado a lo largo del tiempo para consolidarse como proveedores confiables y competitivos. No obstante, la dinámica del banano difiere sustancialmente de otros productos que genera el país.
    «Un contenedor de banano tiene un valor aproximado de 10.000 dólares, frente a un contenedor de camarón, que puede llegar hasta los 200.000 dólares. Sin embargo, cuando hablamos de volumen, el banano es un producto que genera una importante demanda de servicios de transporte y logística, tanto en el país como a nivel internacional. De hecho, somos el mayor usuario de contenedores refrigerados del mundo», explica Hidalgo.

    La vulnerabilidad en el transporte

    El gran volumen de carga exportable convierte a la fruta en el blanco prioritario del narcotráfico. Estimaciones del sector exportador y de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) indican que la industria destina actualmente entre 1 millón y 1,5 millones de dólares diarios a seguridad privada y tecnología de control.

    «El proceso comienza en el patio de contenedores vacíos, donde retiramos el contenedor y lo trasladamos a la finca. Allí realizamos un importante esfuerzo en materia de seguridad, que incluye guardias, inspecciones caninas, el uso de candados satelitales y revisiones exhaustivas del contenedor”, detalla el representante de AEBE.

    Según el experto, después de esta cadena se reduce el control en la toma de decisiones para los exportadores. «Es importante señalar que tanto la decisión sobre el retiro del contenedor vacío como su destino final son determinados por la naviera. Nosotros, como exportadores, no decidimos a qué puerto se dirige el contenedor», explica.
    El ejecutivo añade que existe un riesgo operativo que va más allá de los esfuerzos financieros que se han realizado. «Nuestro desafío es que, al ser el producto de mayor volumen, siete de cada 10 contenedores que se exportan son de banano. Además, aproximadamente el 30% tiene como destino la Unión Europea, que se encuentra entre las rutas de mayor interés para las bandas delincuenciales», añade.
    Por su parte, Juan Francisco Burneo Jaramillo, ingeniero en agronegocios, coincide en que el eslabón del transporte concentra las principales vulnerabilidades.
    «Antes, la seguridad no era un costo que tuviéramos muy presente y hoy por hoy es algo que ya representa. La ayuda del Estado sí ha existido con una fuerte inversión, pero obviamente la empresa privada sí tiene que hacer esfuerzos individuales como para proteger sus propios cultivos privados», argumenta Burneo en charla con este medio.
    Para frenar la filtración de sustancias sujetas a fiscalización, el sector privado ha asumido la implementación y costo operativo de controles tecnificados en los puertos del país.
    «Está la decisión, a nivel nacional, de adaptar escáneres en todos los puertos del país y estos son financiados por el sector exportador. Pagamos el equivalente al 8% del salario básico unificado por cada contenedor que pasa por los puertos. Son medidas no intrusivas que antes no teníamos y que hoy constituyen una herramienta para el Estado en el manejo y perfilamiento de los contenedores”, señala Hidalgo.

    Corresponsabilidad internacional

    Tanto los analistas del sector como los gremios enfatizan que el problema del narcotráfico en las cargas de banano no es un problema exclusivo del agricultor o del exportador ecuatoriano, sino un fenómeno criminal transnacional impulsado por la alta demanda de estupefacientes en los países de destino.
    «Nosotros hemos sido muy enfáticos en señalar a la Unión Europea que, más allá de todos los esfuerzos que estamos realizando aquí, de nuestra predisposición para compartir información y trabajar de manera conjunta, también debe haber esfuerzos para declarar este fenómeno como un problema de salud pública en cada uno de los países», enfatiza el presidente ejecutivo de AEBE.
    En ese mismo sentido, Burneo subraya que debe existir una corresponsabilidad con los países europeos justamente para que haya un esfuerzo de ambas partes. La industria plantea que las empresas navieras internacionales asuman una postura más activa en la protección de la carga y el compartimiento de información de inteligencia con las autoridades locales para así frenar este fenómeno de manera conjunta.
    F/Sputnik
    F/AP
  • Pesistas de Venezuela alzaron 22 doradas en Ecuador

    Pesistas de Venezuela alzaron 22 doradas en Ecuador

    El caudal de medallas de los pesistas venezolanos en el Campeonato Suramericano y primer Panamericano clasificatorio a los Juegos de Lima 2027 se desbordó en la segunda jornada de competencias con las 22 preseas de oro y 8 de plata conseguidas por Wilkeinner Lugo, Katherin Echandia, Ivanis Silva y Yilihannys Jiménez en los torneos que se celebran hasta el domingo en Guayaquil, Ecuador.

    Lugo (65 kg), reciente campeón en envión en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, se llevó las tres medallas doradas del Suramericano y del Panamericano respectivamente sin fallar ninguno de sus intentos en la categoría de los 65 kg en un duelo cerrado con el peruano Luis Bardalez.

    Doble récord

    Formado en la Unidad Educativa de Talento Deportivo de La Guaira. Lugo igualó con el inca en su primera subida a la plataforma en 130 kilos. Acto seguido, el macuteño se fue adelante con 131. Pero Bardalez aumentó la apuesta al subir a 133 que el venezolano reviró con 134 para llevase la primera dorada en arranque con récord nacional en esta modalidad.

    Los dos tiempos sonrieron al peruano en los primeros alzamientos con 160 y 165, a los que Lugo se acercó con 157 y 162. En el último chance, a Bardalez le flaquearon las fuerzas y se desinfló al intentar 170, mientras que el litoralense cumplió a cabalidad levantando 166 para repetir el el oro en envión y proclamarse en total con 300 kg, récord nacional para la división.

    El pupilo del entrenador Henry Velásquez y estudiante de Educación Física en la Universidad Pedagógica Libertador se llevó así tres doradas de los Suramericano en arranque (134), envión (166) y total (300) y otras tres más por el clasificatorio Panamericano.

    Echandia barrió

    La carabobeña Katherin Echandia emuló la actuación de su compañero barriendo el medallero en la división de los 53 kg, mediante una notable superioridad en ambas modalidades.

    En arranque abrió con 84, subió a 86 y aunque falló su tercer intento en 89 le alcanzó para batir a la ecuatoriana Thaily Álvarez que se plantó en 77. Repitió la dosis en el envión al levantar 110, sacó ocho kilos de ventaja a la meridional y sumó la tercera en total con 196. Los tres oros del Suramericano y el trío del Panamericano quedaron en su poder.

    En la categoría sub-20 del Suramericano de esta misma división (53 kg), Ivanis Silva pasó la escoba y se llevó el trío de doradas al levantar 85 en arranque por 79 de la ecuatoriana Kareli Calixto. Tampoco consiguió mayor resistencia en los dos tiempos y con 101 kg superó a la brasileña Beatriz Santos que levantó 97. El triplete dorado lo completó con el total de 186 kg.

    Como también competía en el clasificatorio Panamericano se adjudicó las tres preseas de plata, escoltando a la connacional Echandia.

    Fuerza apureña

    La cosecha de medallas la cerró la apureña Yilihannys Jiménez que se llevó tres de oro con 90 kg en arranque del Suramericano sub-20, Mayores y el clasificatorio Panamericano.

    Jiménez estableció récord nacional en envión con 115 kg que le valió el oro en la categoría sub-20 y dos plata en las otras competencias. Además, conquistó tres doradas en total con 205.

    Las competencia prosiguen este viernes con la presentación de Julio Mayora y Reinner Arango (75), y Claudia Rengifo (69); el sábado suben a la plataforma Ángel Rodríguez (85), Keily Silva (77) y Keydomar Vallenilla (95); y el domingo bajan el telón Jeyson Arias y Mauricio Loaiza (110) y Luis Espinosa (+110).

    F/MinDeporte
  • Pescadores ecuatorianos preparan demanda a EEUU por ataque militar contra embarcación

    Pescadores ecuatorianos preparan demanda a EEUU por ataque militar contra embarcación

    Pescadores ecuatorianos preparan este martes 25 de agosto una demanda contra Estados Unidos por el ataque militar a la embarcación Negra Francisca Duarte II en aguas del Pacífico el 17 de marzo de 2026.

    Los sobrevivientes de la embarcación Negra Francisca Duarte II denuncian haber sido atacados con drones, detenidos por personal armado de habla inglesa, encapuchados y trasladados a El Salvador sin que se formularan cargos en su contra.

    El caso cobró relevancia internacional tras una investigación de un diario estadounidense que vincula estos hechos con una presunta operación encubierta de la CIA contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

    La investigación periodística conecta el ataque a la Negra Francisca Duarte II con la agresión contra el barco Don Maca y la desaparición del pesquero Fiorella, cuyos ocho tripulantes continúan sin aparecer desde enero de 2026.

    Según la cronología difundida el 17 de marzo se registró el ataque a la Negra Francisca Duarte II a 170 millas náuticas de las Islas Galápagos, y el 26 de marzo ocurrió la agresión contra el Don Maca.

    El abogado de los tripulantes, José Chiriboga, confirmó el inicio de acciones legales para exigir una reparación integral bajo convenios internacionales. El jurista afirmó que la agresión a civiles desarmados habría sido autorizada desde la presidencia de Estados Unidos en el marco de una operación encubierta.

    El asambleísta por Manabí, Fernando Cedeño, cuestionó el silencio de las autoridades locales y denunció que el Ejecutivo ecuatoriano clasificó la información como «reservada», lo que impide el avance de las investigaciones parlamentarias.

    En tanto, la asambleísta de Revolución Ciudadana, Cristina Jácome, calificó los hechos como una grave vulneración a la soberanía nacional y exigió respuestas sobre el paradero de los pescadores desaparecidos.

    El conflicto salpica directamente al gobierno del presidente Daniel Noboa, cuya gestión profundizó acuerdos de seguridad e interceptación marítima y aérea con Washington.

    Mientras los afectados avanzan con la demanda internacional, el Palacio de Carondelet no emitió un pronunciamiento oficial sobre el alcance de estas operaciones en aguas territoriales e internacionales. Las organizaciones de pescadores exigen, entretanto, la desclasificación de la información y el esclarecimiento pleno de los hechos.

    F/Telesur
    F/EFE
  • Denuncian racismo estructural en políticas de seguridad de Ecuador

    Denuncian racismo estructural en políticas de seguridad de Ecuador

    Organizaciones de derechos humanos y activistas denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las políticas de seguridad de Ecuador propician el perfilamiento racial y la discriminación sistemática contra las comunidades afroecuatorianas.

    La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó la acusación en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante la sesión, el defensor Jimmy Ocles relató el ataque físico e insultos racistas que sufrió por parte de la Policía, «Me golpearon, me arrancaron la camiseta y presionaron mi cuello, impidiendo que pudiera respirar. Se ensañaron conmigo con violencia, mientras repetían insultos racistas como ‘es un negro’», aseveró Ocles, quien advirtió que la demora judicial en Ecuador constituye una forma de impunidad y violencia estatal.

    En representación de Inredh, la abogada Diana León ratificó que el caso de Ocles no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de perfilamiento racial y discriminación estructural en Ecuador.

    La jurista detalló que entre los años 2014 y 2026 se registraron miles de denuncias por delitos de odio, de las cuales solo una ínfima cantidad llegó a juicio penal. Esta situación evidencia el nulo acceso a la justicia para las víctimas de racismo e impide una reparación integral frente a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado.

    Por su parte, la activista Amanda Mosquera puntualizó que el racismo estructural debe abordarse de forma transversal en las políticas públicas del país.

    Representantes de comunidades afroecuatorianas coincidieron en que la crisis de seguridad nacional no justifica acciones basadas en estereotipos, ni la criminalización de la juventud negra por su condición étnica. Las organizaciones señalaron que las estrategias de seguridad militarizada implementadas por el Gobierno ecuatoriano seguirán siendo insuficientes y excluyentes mientras persistan las prácticas discriminatorias contra los grupos históricamente vulnerados.

    La delegada gubernamental Lady Cedeño rechazó las acusaciones y afirmó el compromiso del Ejecutivo con la creación de la Dirección de Prevención, Eliminación y Erradicación de la Discriminación Étnica, Racial y Cultural.

    El vocero de la Policía Nacional, Jorge Arias, sostuvo que la doctrina institucional prohíbe el perfilamiento racial en los operativos policiales. Al cierre del debate, el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, concluyó que examinarán los testimonios y las pruebas de ambas partes antes de emitir las observaciones finales sobre la situación en Ecuador.

    F/Telesur
  • Venezuela recibe nuevo cargamento de ayuda humanitaria desde Ecuador

    Venezuela recibe nuevo cargamento de ayuda humanitaria desde Ecuador

    El Gobierno Bolivariano de Venezuela recibió este martes un nuevo cargamento de 14 toneladas de ayuda humanitaria enviado por la República del Ecuador, con el propósito de atender las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas por el reciente doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

    El viceministro de Relaciones Exteriores para la Comunicación Internacional, Rander Peña, recibió a los integrantes de las Fuerzas Armadas del Ecuador junto al cargamento, en el Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de La Guaira.

    El cargamento, enviado como muestra de hermandad entre los pueblos, contiene suministros de primera necesidad, como agua potable, pañales, toallas higiénicas y húmedas, entre otros.

    Asimismo, 108 rescatistas ecuatorianos de los Cuerpos de Bomberos de Quito y Guayaquil, 2 canes de búsqueda y rescate, y 6 toneladas de equipos especializados (cámaras con sensores sísmicos, drones y sistemas de internet satelital), se encuentran en territorio venezolano, desde el pasado viernes, realizando labores especializadas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

    T/Cancillería

  • Ecuador decreta nuevo estado de excepción con una vigencia de 60 días

    Ecuador decreta nuevo estado de excepción con una vigencia de 60 días

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción por «grave conmoción interna» en diez provincias y tres municipios del país.

    La medida, que entra en vigor inmediatamente, tendrá una vigencia de sesenta días y se aplica apenas dieciséis días después del vencimiento del anterior régimen de excepción.

    Las provincias afectadas son Pichincha (donde se encuentra la capital, Quito), Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Además, la norma abarca los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

    El decreto faculta a las fuerzas de seguridad a intervenir para «precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público», así como para neutralizar actividades criminales. Una de las suspensiones más significativas es la de la inviolabilidad del domicilio, permitiendo allanamientos sin orden judicial previa ante sospechas de ilícitos.

    Esta decisión contrasta con declaraciones recientes de Noboa desde Estados Unidos, quien afirmó que no ampliaría el estado de excepción anterior, sino que implementaría uno nuevo si era necesario. Desde que declaró el «conflicto armado interno» en enero de 2024, el mandatario ha utilizado sucesivamente esta figura legal, variando su alcance geográfico y temporal, incluyendo toques de queda nocturnos en meses previos.

    Pese a estas medidas de mano dura y la catalogación de bandas criminales como «terroristas», la violencia no ha cedido ya que, según cifras del Ministerio del Interior, Ecuador cerró el año 2025 con un récord de aproximadamente 9.300 homicidios, posicionándose como el país con la tasa más alta de Latinoamérica. El gobierno sostiene que estas acciones son indispensables para recuperar la seguridad ciudadana frente al crimen organizado, donde el último se extendió desde abril hasta el pasado primero de junio, mientras se realizaron toques de queda en marzo y mayo para ayudar a reducir la actividad criminal.

    F/Telesur
    F/EFE
  • Expresidente Lenín Moreno será sometido a juicio este lunes en Ecuador por caso Sinohydro

    Expresidente Lenín Moreno será sometido a juicio este lunes en Ecuador por caso Sinohydro

    Tras cinco años de permanencia en el exterior, el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, comparecerá este lunes ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador para el inicio de la audiencia de juzgamiento por el caso Sinohydro, donde se le imputa por el presunto delito de cohecho

    El expresidente llegó el pasado miércoles 6 de mayo procedente de Paraguay, junto a su esposa Rocía González.

    ​El caso, conocido como Sinohydro (o INA Papers), investiga una red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 en torno a la adjudicación de la mayor planta hidroeléctrica del país: Coca Codo Sinclair.

    ​La Fiscalía General del Estado sostiene que la empresa china Sinohydro entregó aproximadamente 76 millones de dólares en sobornos, cifra que representa cerca del cuatro por ciento del valor total de la obra energética.

    ​De acuerdo con la tesis fiscal, estos pagos ilegales no se realizaron de forma directa, sino que se canalizaron a través de consultorías ficticias y empresas de papel, y de transferencias bancarias vinculadas a un círculo íntimo de Moreno cuando este ejercía la vicepresidencia.

    Así como de cuentas en el Balboa Bank de Panamá, a nombre de la empresa INA Investment Corporation (fundada por su hermano), desde las cuales se habrían adquirido bienes de lujo para el entorno familiar del expresidente.

    Reacciones políticas

    ​El retorno de Moreno ha desatado una tormenta de críticas desde los sectores de oposición, quienes cuestionan la «tranquilidad» con la que el exmandatario ha vuelto al país en medio de la acusación penal.

    La parlamentaria andina Sofía Espín denunció que el regreso responde a un supuesto acuerdo con el Gobierno de Daniel Noboa, asegurando que Moreno «se siente impune».

    Por su parte, Viviana Veloz, legisladora de la Revolución Ciudadana (RC), afirmó que Moreno contaría con garantías judiciales a cambio de mantener su ofensiva política contra el expresidente Rafael Correa.

    ​Mientras que el legislador Xavier Lasso subrayó que la responsabilidad de Moreno debe ir más allá de la corrupción, apuntando a la represión de las protestas de octubre de 2019 y el manejo de la crisis sanitaria durante la pandemia.

    El proceso judicial en marcha

    ​Con 37 investigados iniciales, el caso Sinohydro se perfila como uno de los procesos de corrupción más emblemáticos de la última década en Ecuador.

    La audiencia del lunes determinará el futuro legal de Moreno y su esposa, en un juicio que pone a prueba la independencia de la función judicial frente al complejo tablero político actual.

    F/Telesur
    F/EFE

  • Tras cancelación de partidos políticos alertan sobre retroceso democrático en Ecuador

    Tras cancelación de partidos políticos alertan sobre retroceso democrático en Ecuador

    La organización Yasunidos denunció este lunes la «irregular» cancelación de los partidos Unidad Popular y Construye por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Ecuador, advirtiendo un retroceso democrático y la restricción del pluralismo político.

    Yasunidos vincula esta decisión con un uso progresivo de las instituciones para sancionar o limitar a actores críticos, mencionando sanciones previas a colectivos sociales, incluyendo una multa impuesta a la propia Yasunidos, como evidencia de un patrón.

    En este sentido, la organización expresó preocupación por el rol del organismo electoral, al que acusa de actuar de forma alineada con el Gobierno, mientras que en un pronunciamiento difundido el 26 de abril, señaló que la medida, adoptada por la mayoría del CNE bajo la presidencia de Diana Atamaint, no debe entenderse como un hecho aislado.

    La cancelación de Unidad Popular y Construye se produjo por presunto incumplimiento de la ley electoral, alegando una drástica reducción de su militancia. Sin embargo, líderes como Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, han denunciado que la decisión se tomó «sin argumentos, fuera de tiempo, violando todos los procedimientos, la ley y la constitución», y que responde a una orientación política emanada del Gobierno de Daniel Noboa.

    Atarihuana y Raúl Iván González, presidente de Construye, han cuestionado la veracidad de las cifras de desafiliación presentadas por el CNE y critican la falta de notificación de estas.

    El proceso de votación en el CNE para estas cancelaciones también generó controversia, con la ausencia del vicepresidente Enrique Pita y la consejera Esthela Acero, en el caso de Unidad Popular, la eliminación se concretó con el voto dirimente de la presidenta Atamaint tras un empate inicial, lo que ha acrecentado las críticas sobre la imparcialidad del organismo.

    De este modo, ambas organizaciones han anunciado que reclamarán ante el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Este escenario de tensiones políticas se intensifica con la suspensión por nueve meses del mayor partido de oposición, Revolución Ciudadana, y la persecución judicial contra otros opositores, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

    La excandidata presidencial y anterior lideresa de Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, difundió este domingo un vídeo en el que revela su intención de presentar su candidatura para presidir la Prefectura de Manabí, provincia que ha sido bastión político tradicional de su sector, calificando la suspensión de su movimiento como una «persecución política» del Gobierno de Noboa, acusando al mandatario de amenazar a otras organizaciones políticas para que no apoyen al colectivo opositor.

    Yasunidos advierte que el impacto de estas medidas podría extenderse más allá de los movimientos políticos afectados, «Hoy se sanciona a organizaciones políticas; mañana puede alcanzar a cualquier expresión ciudadana», señala el texto, en referencia a un posible efecto expansivo sobre otros actores sociales en Ecuador.

    F/Telesur
  • Ecuador enfrenta grave crisis alimentaria: más de 2,8 millones padecen hambre, según la ONU

    Ecuador enfrenta grave crisis alimentaria: más de 2,8 millones padecen hambre, según la ONU

    Ecuador se ubica entre los países de América Latina con mayores problemas de acceso a alimentos, al registrar que una de cada seis personas vive en condición de inseguridad alimentaria, de acuerdo con cifras del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.

    El organismo estima que más de 2,82 millones de ecuatorianos, equivalentes al 15 % de la población, no cuentan con acceso suficiente a alimentos, lo que posiciona al país como el tercero con mayor prevalencia de hambre en la región, solo por detrás de Honduras y Haití.

    El Mapa del Hambre del PMA advierte que esta situación se enmarca en una crisis alimentaria global en expansión. Actualmente, 318 millones de personas sufren hambre aguda en 68 países, una cifra que duplica los registros de 2019. Entre los factores que impulsan este deterioro destacan los conflictos armados, el impacto climático, las tensiones económicas y los desplazamientos forzosos.

    A escala internacional, Haití comparte con Sudán del Sur la mayor tasa de inseguridad alimentaria del mundo, con 53 % de su población afectada. Yemen y Sudán figuran también entre los países con mayores niveles de emergencia, mientras que Nigeria, Gaza y otras naciones permanecen en fase crítica de hambruna, según la clasificación internacional.

    El informe también alerta que la escalada del conflicto en Oriente Medio ha incrementado el riesgo para 45 millones de personas, profundizando una crisis humanitaria global que amenaza la estabilidad alimentaria en múltiples regiones.

    Los datos reflejan un escenario preocupante para Ecuador y evidencian el impacto social de las dificultades económicas en la región, mientras organismos internacionales reiteran la urgencia de respuestas estructurales para contener el avance del hambre.

    T/CO
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