La jueza penal 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitió un fallo histórico este viernes al condenar, en primera instancia, al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a 12 años de prisión domiciliaria. La sentencia se dictó por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
De acuerdo con lo revelado por medios colombianos que accedieron al documento, Uribe, de 73 años, también deberá pagar una multa de más de 3.444 millones de pesos (aproximadamente $830,000 USD) y ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
Sin embargo, la defensa de Uribe anunció que apelará el fallo, por lo que el caso será remitido al Tribunal Superior de Bogotá. El expresidente ya se encontraba en prisión domiciliaria desde el pasado lunes, cuando fue declarado culpable en el denominado ‘juicio del siglo’.
El veredicto de la jueza Heredia concluyó que Uribe, a través de emisarios, ofreció beneficios a personas privadas de libertad y manipuló testigos para incriminar al senador Iván Cepeda. Se le acusa de soborno en actuación penal por intentar, a través de su exabogado Diego Cadena, incentivar económicamente a varios testigos para que rindieran declaraciones falsas.
A pesar de los argumentos de la defensa, la jueza determinó que el político conocía las acciones de su exabogado y que el fraude procesal se configuró como una «estrategia deliberada de manipulación de la justicia».
El fallo ha generado una ola de reacciones en Colombia, con posturas a favor y en contra de la decisión judicial. La polémica escaló con un pronunciamiento del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien criticó la condena y acusó a «jueces radicales» de instrumentalizar el Poder Judicial.
En respuesta, la Corte Suprema de Justicia colombiana emitió un «firme rechazo a las injerencias indebidas», mientras que el presidente Gustavo Petro calificó las declaraciones de Rubio como una «intromisión a la soberanía nacional» e instó al respeto a la justicia colombiana.
La investigación contra Uribe se inició en 2012, tras denuncias del senador Iván Cepeda. En 2018, la Corte Suprema encontró indicios de manipulación de testimonios por parte de Uribe. A pesar de que la Fiscalía solicitó la preclusión del caso en 2021, dos jueces rechazaron la petición. Finalmente, en 2024, con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, el exmandatario fue llevado a juicio, culminando en esta histórica sentencia.