El Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto la histórica condena contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, al revocar las sentencias por soborno en actuación penal y fraude procesal que lo habían convertido, apenas en agosto, en el primer exmandatario del país condenado en un proceso penal.
La decisión, leída por el magistrado Manuel Antonio Merchán, sostiene que las pruebas del juicio “no demostraron el vínculo doloso necesario” para señalar a Uribe como determinador de una conducta punible.
“La sentencia incurrió en error”, afirmó el juez, al indicar que la valoración de la prueba fue “sesgada” y que no se acreditó responsabilidad más allá de toda duda razonable.
Con ello, el Tribunal concluyó que Uribe queda libre de toda responsabilidad penal, anulando la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le había sido impuesta por supuestamente liderar una red de manipulación de testigos entre 2017 y 2018.
La resolución también alcanza los casos de Euridice Cortés Velasco, alias Diana, y Juan Guillermo Monsalve, cuyos testimonios fueron parte central del proceso. En ambos, la instancia judicial determinó que no existía sustento probatorio suficiente para mantener la condena por soborno.
El fallo llega justo un día antes de que el proceso estuviera al borde de la prescripción penal, pese a que el propio Uribe había renunciado formalmente a ese beneficio. La celeridad con que el Tribunal resolvió en menos de dos meses los recursos de apelación genera inevitablemente una pregunta en el aire: ¿justicia pronta… o justicia oportuna?
