La Alianza Pueblo Unido por la Vida denunció, este martes, un aumento en la represión por parte del Gobierno del presidente panameño Raúl Mulino, indicando serias infracciones a los derechos humanos contra sindicatos, comunidades originarias y grupos populares.
En una conferencia de prensa en la capital, miembros de la Alianza —agrupación de varias entidades sociales— imputaron al Estado de Panamá por ejercer una persecución judicial sistemática, particularmente en la provincia de Bocas del Toro, donde se han registrado incidentes de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales sucedidos durante el estado de emergencia.
La Alianza manifestó su apoyo al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), sindicatos de profesores, gremios bananeros y comunidades indígenas, todos ellos lidiando con procesos legales que, de acuerdo con su denuncia, no poseen base jurídica. Más de 120 casos se han iniciado contra líderes de sindicatos, además de esfuerzos por aniquilar sindicatos históricos.
“Estamos ante una ofensiva autoritaria sin precedentes. No solo buscan encarcelar a líderes sociales, sino desaparecer las organizaciones que representan al pueblo”, declaró Yamir Córdoba, portavoz de la Alianza.
Las reclamaciones se llevarán a cabo ante entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), teniendo en cuenta que Panamá, en su calidad de signatario de convenios internacionales, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y de los trabajadores.
“La intervención internacional es una herramienta legítima para frenar esta política de persecución. Panamá no puede seguir actuando al margen del derecho internacional”, enfatizaron.
Finalmente, la Alianza manifestó su rechazo a la Ley 462, tachándola de represiva y contraria a los derechos establecidos en la Constitución. Se dirigieron a la unidad, la resistencia y la movilización social hasta conseguir su derogación.