El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, afirmó que el presidente Daniel Noboa violó la Constitución del país al firmar un decreto para que entrara por el «ministerio de la ley» un proyecto denegado y archivado previamente por la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).
«Noboa, al publicar una ley negada y archivada por la Asamblea, viola la Constitución y desprecia el orden democrático», señaló Iza en la red social X.
El líder de la Conaie se refirió a la decisión del mandatario de ordenar la publicación en el Registro Oficial de la «Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos» (o Ley Antipillos), para combatir esta problemática.
En particular, el documento establece un incremento paulatino del impuesto por la compra venta de vehículos usados, del 1% actual al 5%, paulatinamente.
«Estas acciones debilitan nuestra democracia y nos aíslan más del mundo por la falta de seguridad jurídica», aseveró Iza, candidato presidencial por el movimiento Pachakutik para las elecciones del 9 de febrero de 2025.
Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada con 84 votos en el Legislativo y archivada, y también enviada al Registro Oficial para ser publicada. Iza recalcó que «Ecuador no merece este retroceso autoritario».
Según el Gobierno, la propuesta enviada con carácter económico-urgente debía haber sido ventilada en dos debates, pero no se lo hizo por parte del pleno de la Asamblea Nacional.
El Ejecutivo considera que esta ley es una herramienta para combatir el lavado de activos, reflejado en varios ámbitos como «la compra-venta de vehículos; en las actividades económicas que genera el deporte o en el abuso y enriquecimiento ilícito de contrataciones estatales que facilitan el cobro a ciudadanos de multas de tránsito».
En un comunicado, el Legislativo señaló que el texto constitucional no exige que los proyectos económicos urgentes sean tramitados en dos debates antes de ser negados, sino que deben ser aprobados o rechazados en el plazo de 30 días, como ocurrió con el tratamiento a esta iniciativa.
Una vez convertido en ley, tras su publicación, la Asamblea Nacional anunció que iniciará los procesos de demanda de inconstitucionalidad.