El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, adjudicó sorpresivamente uno de los campos petroleros más valiosos del país y amenaza públicamente a la empresa para que pague 1.500 millones de dólares en cuestión de horas. En diálogo con Sputnik, el analista Santiago Carranco Paredes advirtió que el episodio genera una «inseguridad jurídica brutal».
De manera sorpresiva para la oposición y referentes del sector petrolero, el Gobierno ecuatoriano decidió el 1 de marzo concesionar a una empresa privada la explotación de petróleo en el Campo Sacha, un territorio petrolero ubicado en el noreste ecuatoriano y considerado «la joya de la corona» del país.
La adjudicación quedó en manos de la empresa Sinopetrol, un conglomerado con capitales chinos y canadienses, que ahora gestionará el campo durante 20 años. Según el Gobierno, la empresa se compromete a hacer una inversión de 1.716 millones de dólares para llevar la producción de petróleo de los 75.000 barriles diarios actuales hasta unos 100.000 en los próximos tres años.
Pero, además, la compañía deberá pagar al Gobierno ecuatoriano una «prima de entrada» de 1.500 millones de dólares antes de comenzar a producir. De acuerdo al Gobierno, esos fondos «se destinarán a inversión social y a atender las necesidades reales de los ecuatorianos, antes de la firma del contrato».
La adjudicación despertó críticas en la oposición, a días de que el país inicie oficialmente una nueva campaña electoral de cara al balotaje de abril. La contendora de Noboa en esa segunda vuelta, la correísta Luisa González, cuestionó en un vídeo que la concesión se haya hecho «a dedo, sin licitación, sin concurso y sin permitir que otras empresas compitan para ofrecer mejores condiciones».
«Lo adjudicaron en pleno feriado, mientras la gente estaba distraída en el Carnaval, el Gobierno firmaba en silencio un contrato que compromete nuestro petróleo por dos décadas», aseveró la candidata de Revolución Ciudadana.
Además de cuestionar que con el nuevo acuerdo, el Estado ecuatoriano solo recibiría el 12,5% de las ganancias de la producción, González también apuntó que el consorcio favorecido tiene entre sus integrantes una empresa ecuatoriana «vinculada a la familia del presidente Noboa».
La relación de la empresa con la familia Noboa fue desmentida por el presidente a través de una carta que divulgó en sus redes sociales. En ese mismo documento, el mandatario volvió a sorprender al anunciar que «si hasta el 11 de marzo, 21:00 horas, no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato».
¿La necesidad de fondos para el Gobierno?
«Lo que sorprende es por qué un campo tan importante para Ecuador se lo negocia en estas condiciones, de una manera tan parroquial», dijo a Sputnik el experto ecuatoriano en Relaciones Internacionales Santiago Carranco Paredes.
El experto recordó que la Constitución ecuatoriana de 2008 establece que los recursos subterráneos son propiedad del Estado, por lo que es el Gobierno ecuatoriano el que tiene la potestad de concesionar su explotación. En ese sentido, recordó que durante la gestión de Rafael Correa (2007-2017), se optó por un modelo de prestación de servicios, haciendo que empresas privadas se encargaran de la explotación y recibieran una tarifa por cada barril extraído, aunque dejando el 100% del petróleo producido en manos estatales.
Carranco Paredes remarcó que, por sus reservas, «ya se sabe que el Campo Sacha es rentable», por lo que el Estado ecuatoriano podría haber optado por un modelo de negocio más conveniente para sus arcas, aprovechando que Petroecuador ya tiene experiencia en la zona.
Según el experto, la operación de la estatal Petroecuador «ya podía generar esta misma rentabilidad para el Estado» y hasta podría ser más, según estimaciones del sindicato de trabajadores de la petrolera estatal. El Gobierno contrapone a esto que el campo presenta «falta de mantenimiento, equipos con corrosión interna y externa» y «riesgos de catástrofes ambientales con más de 1.200 puntos de contaminación», por lo que se hace necesaria una inyección de capital que reactive los pozos en condiciones óptimas.
En cualquier caso, Carranco Paredes aseguró que la falta de una licitación abierta a otras empresas y la «amenaza» pública del presidente para que la compañía escogida pague la prima «generan una inseguridad jurídica brutal» para el país.
«Estas negociaciones, donde se firman contratos y después sale el presidente en tono amenazador diciendo que si no pagan no se va a adjudicar, le quita institucionalidad y termina haciendo que el país parezca una hacienda», advirtió Carranco Paredes.
Para el experto, la necesidad de Noboa de apurar la adjudicación y el pago de la prima podrían explicarse por la necesidad de fondos frescos para el Estado ecuatoriano, que todavía debe afrontar un conflicto armado interno. Si bien la maniobra sí puede dotar al Estado de ingresos para políticas públicas y hasta financiar su campaña, también puede convertirse en «un arma de doble filo» al salir a la luz a poco del reinicio de la campaña electoral.