Con un fuerte despliegue de seguridad en varias ciudades de Ecuador arrancó en la noche del domingo el toque de queda nocturno decretado por el presidente Daniel Noboa, en cuatro provincias del país bajo el argumento de intensificar la «guerra» a las bandas criminales.
La medida estará vigente entre las 23:00 y 05:00 horas hasta el 30 de marzo, en las provincias costeras de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro, donde se concentran las actividades criminales.
Durante las horas del toque de queda, que incluye a la ciudad de Guayaquil, solo podrán circular policías, militares y personal sanitario de emergencia.
Las fuerzas de seguridad podrán detener a cualquier otra persona que circule en esas horas, incluidos periodistas, que están impedidos de seguir las actividades de las fuerzas estatales.
El toque de queda se enmarca en una «nueva fase» de la «guerra» que desde hace más de dos años mantiene el Gobierno de Noboa contra el crimen organizado, causante de una ola de violencia sin precedentes en el país, situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.
El ministro del Interior, John Reimberg, pidió a los ecuatorianos que tengan «tranquilidad» y «calma» ante «cualquier cosa» que puedan escuchar. «Vamos a ir directamente contra los grupos delictivos», dijo el alto funcionario sobre esta medida, que ya había sido anunciada dos semanas atrás.
Reimberg comentó que en una segunda fase podrían disponer el toque de queda en otras provincias.
Piden respetar los derechos humanos durante toque de queda
La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, integrada por casi 30 organizaciones de la sociedad civil, instó a la fuerza pública del país a respetar las garantías civiles durante el toque de queda que inició el domingo en cuatro provincias y abstenerse de usar su arma en caso de incumplimiento de la medida.
«Cualquier actuación estatal que afecte la vida y la integridad de las personas no sólo puede configurar responsabilidad penal, sino también graves violaciones de derechos humanos», señala un comunicado de dicha entidad.
El texto califica de «amenaza» las declaraciones del ministro John Reimberg, quien sugirió la semana pasada a la ciudadanía quedarse en casa con las frases de «el ataque será fuerte» y «no queremos víctimas colaterales» durante el horario de la medida donde se realizarán los operativos contra las bandas criminales.
«Advertimos que en ningún caso los agentes estatales pueden usar sus armas de dotación por incumplimiento del toque de queda; hacerlo puede configurar ejecución extrajudicial, delito penado severamente en Ecuador y una grave violación de derechos humanos, o delitos de lesiones graves«, señala el comunicado de la alianza.
Además instó a la fuerza pública y al Estado a respetar y garantizar la labor y abstenerse de interferir en la libre circulación de personas defensoras, periodistas, abogadas y abogados, además del personal de salud mencionado en el Decreto 329.
Según adelantó, las organizaciones de la sociedad civil mantendrán la vigilancia permanente en este contexto y documentarán cualquier abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad.