España puso en marcha el operativo nacional para la regularización extraordinaria de migrantes, en el que habilitó puntos de atención en las oficinas de Correos y dependencias de la Seguridad Social. La medida estratégica busca procesar las solicitudes de miles de personas que buscan optar por la residencia formal, permitiéndoles consignar sus documentos de manera presencial para asegurar su inclusión en el sistema de derechos y garantías del Estado español.
Para acceder a este beneficio, los interesados deben acreditar su estancia en España desde antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una permanencia mínima de cinco meses mediante el arraigo. Además de la continuidad de residencia, el Ejecutivo exige la ausencia de antecedentes penales, requisito indispensable para otorgar los permisos que garantizarán el acceso legal al mercado laboral y a la residencia de larga duración.
Aunque España realizó procesos similares bajo administraciones anteriores como las de José María Aznar (1996-2004) y José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), esta convocatoria se distingue por su enfoque en la estabilización social actual. La obtención de estos documentos permitirá a la población migrante salir de la economía sumergida y gozar de plenas garantías jurídicas, como parte del fortalecimiento de la base de cotizantes de la Seguridad Social.
Sin embargo, el inicio de la jornada está marcada por la polémica debido a la exclusión de las personas apátridas de este marco legal. Esta decisión generó una profunda indignación entre los grupos de migrantes y las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, quienes denuncian que este colectivo queda nuevamente en un limbo administrativo a pesar de su histórica presencia en el país.
El malestar de las asociaciones se manifestó a través de protestas simbólicas frente a las oficinas gubernamentales, mediante las cuales criticaron que la medida no sea universal. Argumentan que dejar fuera a los saharauis y otros apátridas contradice el espíritu de justicia social que el Gobierno proporcionó con esta regularización, la cual consideran incompleta por ignorar una realidad de vulnerabilidad extrema.
El proceso de recepción de solicitudes continuará durante los próximos meses bajo un estricto monitoreo de las autoridades migratorias y laborales.