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La ONU aprueba dar nuevos derechos a Palestina y pide al Consejo de Seguridad reactivar su candidatura

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha vuelto a dejar en un ridículo global la alianza Israel-Estados Unidos al someter a votación que Palestina sea un estado de pleno derecho de la ONU, propuesta que ha obtenido el apoyo de 143 votos a favor contra 25 abstenciones. Si bien esto carece de valor, refuerza los derechos de Palestina como estado observador en el seno de la ONU.

Nueve países rechazaron la iniciativa, entre estos Estados Unidos, Israel, Argentina, República Checa y Hungría.

La resolución «determina que el Estado de Palestina […] debe, por tanto, ser admitido como miembro» y «recomienda que el Consejo de Seguridad reconsidere favorablemente la cuestión». Esto no otorga a Palestina la condición de miembro de pleno derecho de la ONU, sino que simplemente la reconoce como cualificada para formar parte del organismo internacional.

La propuesta ha sido presentada por países árabes con el apoyo, entre otros, de España

Planteada la resolución por los países árabes, con el apoyo de otros países como España, los palestinos han reactivado de ese modo su candidatura para convertirse en miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, medida que supondría el reconocimiento efectivo de un Estado palestino, después de que Estados Unidos la vetara el pasado 18 de abril en el Consejo de Seguridad formado por quince miembros. Para que un país pueda convertirse en miembro de pleno derecho de la ONU, la propuesta debe aprobarse primero por el Consejo de Seguridad y después por la Asamblea General. No a la inversa.

Pero aunque el plenario por sí solo no puede conceder la condición de miembro de pleno derecho, el proyecto de resolución sometido a votación otorgará a los palestinos algunos derechos y privilegios adicionales a partir de septiembre de 2024, como un asiento entre los miembros de la ONU en la sala de la Asamblea o figurar entre los oradores en cualquier otro asunto. Sin embargo, no les concede el derecho a voto en el organismo ni a presentar candidaturas a los órganos rectores de Naciones Unidas al seguir siendo oficialmente miembro observador.

La resolución de la asamblea carece de valor jurídico y algunos la califican de brindis al sol, pero es un correctivo amargo para la Casa Blanca. EE.UU. se quedó solo el pasado mes en el veto a esa propuesta de reconocer el estado de Palestina. Su embajadora, Linda Thomas-Greenfield, se hizo eco del argumento de la administración Biden de que la ONU no es el lugar donde se ha de tomar esta decisión, sino en una negociación directa entre los dos protagonistas.

Los vetos de EEUU

EEUU vetó el 18 de abril un proyecto de resolución que habría permitido a Palestina convertirse en miembro permanente de la ONU. Durante la votación, 12 países se manifestaron a favor, dos se abstuvieron (Reino Unido y Suiza) y Estados Unidos votó en contra.

En su intervención, en esa ocasión, el embajador adjunto del país norteamericano, Robert Wood, afirmó que «no hay unidad entre los miembros del Consejo de Seguridad» sobre si el solicitante «cumple los criterios de admisión de nuevos miembros, principalmente si cumple el criterio de ser un Estado».

El pasado diciembre ya hubo una votación en el plenario de Naciones Unidas por otro veto de EE.UU. En aquella ocasión (153 votos a favor, 23 abstenciones y 10 en contra), la asamblea se posicionó a favor de un alto el fuego inmediato, asunto que llegó a esta instancia también por un veto estadounidense. Esta vez, sin embargo, estaba en juego algo más profundo como es el reconocimiento de Palestina. La misión palestina ante la ONU en Nueva York sostuvo en la víspera, en una carta dirigida a los estados miembros, que la adopción del proyecto de resolución de plena adhesión sería una inversión para preservar la solución de dos estados para el conflicto, largamente buscada.

También afirmó que “constituiría una clara reafirmación del apoyo al pueblo palestino y a su autodeterminación en este momento crítico. La misión está dirigida por la Autoridad Palestina, que goza de un autogobierno limitado en Cisjordania. La ONU apoya desde hace décadas la solución de los dos testados que convivan dentro de fronteras seguras y reconocidas.

Los palestinos quieren un Estado en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, todos ellos territorios capturados por Israel en la guerra de 1967 con los Estados árabes vecinos. “Estados Unidos sigue considerando que el camino hacia la creación de un Estado para el pueblo palestino pasa por las negociaciones directas”, insistió la delegación de Estados Unidos ante las Naciones Unidas esta semana.

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, denunció el lunes el texto del proyecto por intentar otorgar a los palestinos el estatus y los derechos de facto de un Estado en contra de lo que establece la Carta de la ONU. Sostuvo que la aprobación no cambiaría nada sobre el terreno. “Si se aprueba, espero que Estados Unidos deje completamente de financiar a la ONU y sus instituciones, de acuerdo con la legislación estadounidense”, afirmó Erdan.

En la resolución se destaca la necesidad de que “Israel se retire del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, se realicen los derechos inalienables del pueblo palestino, principalmente el derecho a la libre determinación, incluido el derecho a su Estado independiente, y cesen completamente todas las actividades israelíes de asentamiento en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”.

T/Con información de RT y La Vanguardia
F/AP
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Declaran inconstitucional estado de excepción en Ecuador

En una sesión ordinaria celebrada este viernes 10 de mayo de 2024, la Corte Constitucional de Ecuador emitió un dictamen desfavorable respecto al Decreto Ejecutivo No. 250, emitido el 30 de abril de 2024 por el presidente Daniel Noboa.

Dicho decreto declaraba el estado de excepción por conflicto armado interno en las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, autorizando la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio por un período de sesenta días.

La Corte Constitucional, en su dictamen de mayoría, determinó que el Decreto Ejecutivo 250 no logró justificar la existencia de un conflicto armado interno, tal como lo establece la jurisprudencia previa del tribunal.

En consecuencia, se declaró la inconstitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción, con efectos a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Asimismo, la Corte señaló que la Presidencia de la República no proporcionó argumentos suficientes para justificar la necesidad del estado de excepción ni demostró que los hechos alegados no podrían ser abordados mediante el régimen constitucional ordinario.

Se hizo hincapié en la importancia de motivar adecuadamente cualquier decreto de estado de excepción y de ofrecer datos fácticos que respalden la necesidad de recurrir a un mecanismo constitucional tan extraordinario.

Es importante destacar que el dictamen de mayoría de la Corte Constitucional contó con dos votos salvados de las juezas Carmen Corral Ponce y Teresa Nuques Martínez, quienes expresaron su discrepancia con la posición mayoritaria al considerar que el estado de excepción declarado en el Decreto Ejecutivo No. 250 estaba justificado y cumplía con los parámetros establecidos por la jurisprudencia.

F/Telesur
F/El Comercio
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Petro propone un acuerdo entre el Gobierno y la oposición que «permita el respeto máximo» a quienes no ganaron las elecciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rompió el silencio que mantuvo sobre las comicios venezolanos del pasado domingo, donde resultó reelecto su par, Nicolás Maduro, y propuso que el Gobierno venezolano y la oposición lleguen a un acuerdo «que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones».

En una extensa interacción publicada en X, el jefe de Estado colombiano planteó además que el acuerdo al que se refiere pueda ser entregado como una Declaración Unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

Esta solicitud ya había sido planteada por Petro y por su canciller con anterioridad. Sin embargo, previo a las elecciones venezolanas, ocho de los diez candidatos que se disputaban la presidencia firmaron un acuerdo para aceptar los resultados de los comicios, independientemente de quién ganara. Ese documento no fue suscrito por el aspirante a la presidencia Edmundo González, que quedó como segunda opción conforme al escrutinio del 80 % de los votos del Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que hay expectativa sobre si esta vez aceptaría una propuesta colombiana.

En su escrito, el líder del Pacto Histórico también ratificó su petición al Gobierno de EE.UU. de «suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos».

«El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos. La emigración a EE.UU. desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones», expuso.

«Colombia quiere ayudar a la paz»

Petro hizo un llamado al cese de la violencia en el país vecino, con el que posee una frontera de 2.219 kilómetros, agregando que «cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa».

«Como el Gobierno venezolano ha ayudado a la paz de Colombia, ahora este Gobierno que represento quiere ayudar a la paz de Venezuela», aseveró.

En su texto también expresó que «América Latina debe ser una región de democracia, libertad y paz», como fue la proclama final del Libertador Simón Bolívar.

«El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez, y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido», cerró.

«Que las elecciones terminen en paz»

El mandatario colombiano, con cuya llegada a la presidencia en 2022 se reestablecieron las relaciones con el país vecino, expresó que las «graves dudas alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división».

Por ello, invitó al Gobierno venezolano a «permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional».

Varios voceros del Gobierno venezolano y de los poderes públicos han denunciado que el sector extremista de la oposición, dirigido por la inhabilitada María Corina Machado, no busca dirimir las diferencias por la vía electoral sino a través de un intento de golpe de Estado que incluye generación de focos de violencia y el desconocimiento del poder electoral, sobre el que ya se habían arrojado dudas incluso antes de los comicios.

Hasta el momento, hay 749 detenidos por los delitos de instigación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo. El saldo de estas acciones ha sido un sargento primero fallecidos y 48 heridos (entre policías y militares).

Del mismo modo, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar quiénes son los responsables del ataque cibernético contra el sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral que ralentizó la transmisión de datos el domingo pasado. Hasta el momento, no se ha publicado el resto del escrutinio y la página web del máximo órgano electoral está caída.

 

F/RT
F/Juancho Torres / Anadolu / Gettyimages.ru