El Gobierno de Canadá anunció la liberación inmediata de 8 millones de dólares canadienses —equivalentes a 5,8 millones de dólares estadounidenses— para atender la crisis alimentaria y sanitaria que enfrenta Cuba. La decisión se produce semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara una “emergencia nacional” contra la isla y amenazara con imponer aranceles a terceros países.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense, los fondos estarán dirigidos a enfrentar el deterioro de las condiciones de vida, marcado por la escasez de combustible que ha provocado apagones prolongados, los daños persistentes ocasionados por el huracán Melissa el año pasado y el aumento de la inseguridad alimentaria. Los recursos serán canalizados a través del Programa Mundial de Alimentos y UNICEF para garantizar atención nutricional a los sectores más vulnerables.
“Canadá se solidariza con el pueblo cubano y proporciona asistencia dirigida para atender necesidades urgentes”, declaró la ministra de Exteriores, Anita Anand, al confirmar que Ottawa prioriza la respuesta humanitaria ante el agravamiento de la situación en la isla.
En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de EE.UU., informó que Washington estaría dispuesto a aplicar una política de concesión de licencias favorable a solicitudes específicas para la reventa de petróleo de origen venezolano con destino a Cuba. Para optar a esta flexibilización, las transacciones deberán cumplir con los términos de la Licencia General 46A sobre Venezuela, aunque no se exigirá que los solicitantes tengan una entidad establecida en territorio estadounidense.
No obstante, la medida mantiene múltiples restricciones. Se prohíben operaciones que beneficien a entidades vinculadas a las fuerzas armadas o servicios de inteligencia cubanos, así como transacciones consideradas no “comercialmente razonables”, pagos en oro, criptomonedas o esquemas de intercambio de deuda. También continúan vetadas operaciones que involucren a determinados países y el uso de buques sancionados.
El anuncio ocurre en el contexto de las sanciones energéticas impuestas por Washington desde enero y de la política de presión sobre Venezuela, principal proveedor histórico de crudo para la isla. Mientras Canadá canaliza apoyo humanitario directo, la política estadounidense mantiene condicionamientos que limitan el alcance de cualquier flexibilización en materia energética.