En un encendido debate ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alexander Yánez, embajador de Venezuela ante las ONU en Ginebra, descalificó el reciente informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre Venezuela, describiéndolo como un ‘panfleto propagandístico’ destinado a apoyar a la oposición del país.
«El informe que se nos presenta hoy, a dos días de nuestra fecha de independencia y a 25 días de las elecciones presidenciales en nuestro país, no es otra cosa que un panfleto propagandístico cuidadosamente redactado para animar a la oposición fascista de Venezuela», afirmó Yánez.
Señaló además que el documento fue elaborado con una «metodología errática» y basado en «informaciones políticamente motivadas», rechazando cualquier validez del informe y acusando a la Oficina del Alto Comisionado de ser un instrumento de la política de cambio de régimen de Estados Unidos.
El embajador también hizo referencia a la captura de mercenarios estadounidenses y a la retención de activos venezolanos en el extranjero, incluyendo Citgo y el oro que se encuentra en el Banco de Inglaterra, como ejemplos de las acciones injerencistas que, según él, no fueron adecuadamente consideradas en el informe.
«El pueblo venezolano tendrá presente que varios de sus hijos debieron salir de Venezuela por las sanciones económicas de Estados Unidos contra nuestro petróleo, base esencial de los ingresos nacionales», puntualizó.
En respuesta a estas acusaciones y para ofrecer una perspectiva crítica sobre el informe, María Lucrecia Hernández, abogada y especialista en derechos humanos, así como presidenta de la Asociación Venezolana de Juristas, ofreció a Sputnik un análisis detallado del contenido y las implicaciones del informe del Alto Comisionado.
El bloque, un aspecto crucial a tomar en cuenta
Según Hernández, el informe abarca eventos ocurridos entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024, y se enfoca en derechos económicos, sociales y culturales, así como en el estado de derecho y el espacio cívico.
La presidenta de la Asociación Venezolana de Juristas destacó que, aunque el informe menciona el impacto de las sanciones y medidas coercitivas unilaterales sobre los servicios públicos en Venezuela, esta referencia es superficial y no aborda el impacto profundo y transversal que dichas sanciones tienen en la vida de los venezolanos.
«Desde nuestra organización hemos venido denunciando de manera reiterada en el marco de todas las reuniones que asistimos en la ONU, que no podemos revisar la situación de derechos humanos en Venezuela sin que su análisis esté atravesado por el impacto del bloqueo», argumentó.
Además, subrayó que el informe del Alto Comisionado de la ONU, al igual que los informes previos elaborados por Michelle Bachelet y ahora por Volker Turk, tiende a enfocarse en casos mediáticos y controversiales, omitiendo logros y avances significativos del Gobierno venezolano en áreas como la salud y la educación.
¿Politización de los DDHH?
La respuesta de Caracas, según Hernández, está motivada principalmente por la metodología utilizada en la elaboración del informe y la percepción de una falta de equidad en el tratamiento de eventos clave.
«Uno de los puntos claves que el Gobierno rechaza es el tema de la metodología, como también la falta de señalamiento de algunos acontecimientos que han involucrado intentos antidemocráticos e injerencistas por parte de sectores de la oposición política venezolana y actores extranjeros», afirmó.
Hernández mencionó que la omisión de acciones recientes como el despojo y subasta de Citgo, el secuestro y desmantelamiento del avión de Emtrasur y la retención de oro en Inglaterra, entre otros, son ejemplos claros de eventos que el informe debería haber considerado más profundamente, asegura.
En cuanto a la acusación de la politización de los derechos humanos, Hernández señaló que esta es una problemática que afecta no solo a Venezuela sino a muchos países con gobiernos progresistas. «La cuestión sobre la politización de las agendas en el Sistema de Naciones Unidas es una problemática que los países deben abordar, y trabajar de manera más contundente en ese sentido», dijo.
Hernández criticó la duplicidad de esfuerzos y recursos económicos en la creación de mecanismos como la Misión Internacional de Determinación de Hechos en Venezuela, cuando ya existía un procedimiento de evaluación por parte de la Oficina del Alto Comisionado. «El establecimiento de procedimientos especiales con fines políticos contraviene los principios de independencia y de no intervención en los asuntos internos de los Estados, que son principios y valores fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas», subrayó.
Todavía hay retos pendientes
A pesar de las críticas, Hernández reconoció que el Gobierno de Maduro ha logrado avances importantes en varios ámbitos de derechos humanos. «Debemos destacar la titánica labor para hacer frente a las enfermedades infecciosas mediante programas de sensibilización, vigilancia epidemiológica y programas de vacunación, siendo que en noviembre de 2023 Venezuela fue declarado país libre de sarampión», destacó.
Además, mencionó la creación del Viceministerio de Relaciones Exteriores para la Atención Integral de los Migrantes como una medida clave para garantizar el respeto de los derechos de los migrantes venezolanos en el exterior. También resaltó la importancia de continuar con la reforma del sistema de justicia y mejorar los estándares de actuación de los cuerpos de seguridad.
Hernández apuntó que, aunque hay muchos desafíos pendientes, es crucial fortalecer la cooperación con el sistema de Naciones Unidas, siempre en estricto apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y al respeto mutuo, sin ningún tipo de injerencias o politización en la asistencia técnica y cooperación internacional.
Además, para la experta, resulta prioritario que las organizaciones que defienden los derechos humanos, se sumen a las iniciativas que buscan alcanzar el consenso y paz social en el país:
«Creemos necesario fortalecer la idea de que, en las mesas de diálogo entre el Gobierno y los sectores de la oposición, las organizaciones sociales deben tener una participación más activa. Ya que en el terreno tienen un papel transcendental en el acercamiento de la sociedad venezolana y en la construcción de la paz, por lo que deben también ser llamadas para orientar y apoyar algunos de los puntos de acuerdos que se llegan», reflexionó.
