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Proyecto de Kast genera polémica tanto en la población como en el sector político chileno

El gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta un nuevo conflicto político tras el anuncio de su plan de “Reconstrucción”, una iniciativa legislativa que agrupa cerca de 40 medidas en áreas diversas bajo un solo proyecto.

La propuesta ha generado alarmas en la oposición, que acusa al Ejecutivo de limitar el debate democrático y reducir el rol del Congreso mediante un mecanismo considerado inconstitucional.

El proyecto de Kast llega luego de darse a conocer por un sondeo efectuado por Cadem el pasado domingo que un 52 por ciento de los encuestados consideran que el gobierno va peor de lo que se esperaba en medio de un escenario tenso a nivel de política.

La propuesta también tiene en la mayoría de sus puntos un impacto directo en la población como es el caso de la reducción del impuesto corporativo a las grandes empresas de un 27 a un 23 por ciento y también en el sector educacional al limitar las posibilidades de acceso a la educación superior en edades avanzadas.

Las 40 medidas llegan en un contexto complejo donde las clases medias y bajas sufren el alza del combustible, además de una estrechez de recursos que solo potenciaría ese escenario para estos sectores. El malestar se ha hecho notar desde antes del anuncio tras considerar que Kast protagoniza un gobierno peor de lo que consideraron los chilenos, y podrían aumentar las movilizaciones y cacerolazos al entrar en juego un proyecto que tensa aun más la situación.

La medida ha generado polémica no solo en la población, sino también en el entorno político donde incluso parte del entorno de Kast también cuestiona la implantación de la propuesta en su totalidad como busca hacer el presidente, quien ha presionado para que se apruebe de manera urgente.

Sin embargo, legisladores advirtieron que podrían rechazar el proyecto o recurrir al Tribunal Constitucional (TC) si no se separan las iniciativas, ya que el núcleo de la crítica radica en el carácter misceláneo de la llamada “ley ómnibus”, que mezcla ajustes tributarios, medidas ante desastres, cambios en la “permisología” y modificaciones educacionales.

El jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, acusó al gobierno de intentar forzar una tramitación acelerada para “meter en una sola olla a presión” reformas de alto impacto, evitando el escrutinio detallado de las comisiones. Por su parte, el diputado Álvaro Ortiz señaló que mezclar reconstrucción con la rebaja del impuesto corporativo del 27 por ciento al 23 por ciento podría constituir una “reforma tributaria encubierta” y una causal de inconstitucionalidad.

El constitucionalista y diputado Jaime Bassa expresó que un proyecto con múltiples objetivos difícilmente cumple con el estándar de unidad temática. A diferencia de precedentes acotados o de la gestión post-terremoto de 2010, ejemplos de proyectos multitemáticos dentro del propio Chile, pero con la diferencia de haberse tramitado las medidas por separado, el plan actual concentra reformas sin consenso previo.

La oposición denuncia que, bajo el paraguas de la emergencia, se avanza en una agenda ideológica que favorece al sector empresarial y debilita derechos sociales. Las medidas terminan condicionando a la población de clase media y baja, además de considerar que la propuesta del presidente constituye una forma de concentrar el poder y reducir así el debate democrático en el país.

Desde La Moneda, el ministro García pidió cautela y defendió el diseño como parte de un “gobierno de emergencia” necesario para fomentar el empleo y dar respuestas rápidas. Sin embargo, el conflicto anticipa una confrontación institucional que pondrá a prueba el equilibrio entre la urgencia gubernamental y las reglas del proceso legislativo en Chile.

F/Telesur
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«Disparate» y «súbditos»: la polémica que generó Felipe VI al reconocer abusos durante la Conquista

El inédito reconocimiento del rey Felipe VI sobre los «abusos» que cometió España durante la Conquista de América provocó una fuerte polémica en el país europeo debido a que políticos conservadores insisten en negar los crímenes ocurridos en esa época.

Pepa Millán, portavoz del partido ultraderechista Vox en el Congreso, afirmó que la Conquista española fue «la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal, y eso lo hizo la Corona española».

Pese a las evidencias históricas sobre las matanzas, la destrucción de templos y ciudades y el saqueo de bienes, la dirigente aseguró que España respetó «los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la Corona».

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), advirtió que «hacer ahora un examen, en el siglo XXI, de las cosas que ocurrieron en el siglo XV, es un disparate».

¿Protección de indígenas?

También consideró que los dichos del rey deberían contextualizarse, ya que no se trató de una declaración formal, sino de una charla con el embajador de México en España, en el marco del recorrido que ambos realizaron en la muestra ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’, celebrada en el Museo Arqueológico Nacional de la capital española.

Por otra parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó que «la Corona garantizaba la protección de los indígenas», pero añadió que eso no quiere decir que «al margen de esas leyes que protegían a los indígenas, no se produjeran abusos», pero de ninguna manera cabe la posibilidad de «pedir perdón», como ha exigido México.

«Los españoles estamos muy orgullosos del legado que dejamos en Hispanoamérica, solo hay que ver la diferencia que hay entre los países a los que fuimos los españoles y a los que fueron los británicos. En Hispanoamérica no hay guetos, no hay reservas, hay un legado histórico, cultural, económico, social, de hermandad entre los pueblos y con España también», señaló.

F/RT
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Senado argentino debate polémica ley de glaciares

El Senado argentino se prepara para debatir este jueves una propuesta de reforma al régimen de preservación de glaciares que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones ecologistas y dudas sobre su constitucionalidad.

La iniciativa, que también debe pasar por la Cámara de Diputados, permitiría la explotación de recursos en terrenos cercanos a zonas protegidas y transferiría a las provincias la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental.

La medida llega en un contexto de retroceso general de los glaciares en Argentina, intensificado por el aumento de la temperatura y por la expansión de proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares.

Según datos oficiales, el inventario de glaciares en actualización indica que el país cuenta con 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 están en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico Sur, con una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados.

Antecedentes climáticos

En 2024, Argentina presentó ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático un diagnóstico contundente: el incremento de la temperatura ha provocado el retroceso de casi todos los glaciares patagónicos andinos en las últimas décadas, con 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur mostrando una caída sostenida.

El glaciar Perito Moreno, icono de la región, ha perdido más de 700 metros en su frente en los últimos siete años, y otros sectores como el Canal de los Témpanos han visto retrocesos cercanos a 800 metros en cuatro años, generando alertas sobre un posible punto de no retorno. En 2024, además, el glaciar Martial Sur fue declarado extinto.

La actual discusión legislativa se sitúa en un marco de tensiones entre conservación y explotación por lo que grupos ambientalistas señalan que la reforma podría abrir paso a proyectos mineros en ambientes periglaciares y de alta fragilidad ecológica, con posibles efectos adversos en cuencas hídricas y en la biodiversidad de la región.

Además, denuncian que varias concesiones podrían no contar con una evaluación de impacto ambiental adecuada y advierten la ausencia de un registro nacional centralizado de proyectos en ambientes glaciales. A ello se suma la crítica por la insuficiente capacidad de monitoreo y control por parte de las autoridades, a pesar de la vigencia de la Ley de Protección de Glaciares aprobada en 2010 y ratificada por la Corte Suprema en 2019.

Organizaciones ambientales coinciden en que, pese a esa norma, persisten deudas en su implementación. Señalan que la reforma propone trasladar a las provincias la responsabilidad de evaluar impactos, lo que podría generar disparidades normativas y menor capacidad de respuesta ante amenazas como la contaminación, el derretimiento acelerado y los efectos de la extracción minera.

Asimismo, advierten que, sin un registro claro y un marco de supervisión adecuado, las zonas glaciales y sus inmediaciones quedarían expuestas a conflictos entre desarrollo económico y conservación.

En ese marco, las organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma representa una “regresión ambiental inconstitucional” porque podría vulnerar compromisos y principios recogidos en el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina se adhirió para fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.

Protección o explotación

Varios sectores de la Argentina defienden la actual normativa como un piso mínimo de protección para ecosistemas estratégicos que funcionan como reservas de agua dulce para comunidades y sectores productivos.

En contraparte,  El oficialismo espera que el Senado apruebe la enmienda a la Ley de Glaciares, aunque hay dos proyectos en discusión, y ratifique el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En tal sentido, el inquilino de la Casa Rosada Javier Milei confía en que sus esbirros legislativos y aliados consigan la sanción a la norma enmendada de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.

F/Telesur

ecuador

Debate en Ecuador por propuesta de Noboa de reformar el sistema de salud

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desató una amplia polémica tras manifestar su intención de que, ante una eventual nueva Constitución, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deje de ofrecer servicios de salud, los cuales serían transferidos al Ministerio de Salud Pública (MSP).

La propuesta surge en el contexto de la consulta popular prevista para el 16 de noviembre, en la que podría definirse la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Actualmente, el IESS es una institución pública autónoma que gestiona el Seguro General Obligatorio, con competencias en salud, pensiones y riesgos laborales. Su modelo contributivo, basado en aportes de trabajadores y empleadores, ha permitido sostener su funcionamiento pese a los problemas de desabastecimiento, demoras y limitaciones presupuestarias que enfrenta el sistema.

Noboa argumenta que la coexistencia del IESS y el MSP genera duplicidades y altos costos, por lo que plantea que el organismo concentre sus esfuerzos en la administración financiera y de seguridad social.

La iniciativa ha suscitado críticas de diversos sectores sociales y políticos, que advierten el riesgo de una eventual privatización de la atención médica. El parlamentario andino Virgilio Hernández señaló que el sistema público también atraviesa serias deficiencias, como la falta de medicamentos, más de 13 mil cirugías en espera y una reducción presupuestaria de 421 millones de dólares en los últimos tres años.

Frente a las inquietudes, Noboa aseguró que ningún afiliado perderá sus beneficios y que la transición hacia un sistema unificado será progresiva y planificada. Sin embargo, analistas advierten que si el MSP no logra absorber la demanda del IESS, los pacientes podrían quedar a merced de la oferta privada, profundizando la desigualdad en el acceso a la salud.

Por el momento, la propuesta presidencial se mantiene en fase de análisis.

Su eventual aplicación dependerá de los resultados de la consulta popular y de una futura reforma constitucional que defina el rumbo del sistema de seguridad social y de salud en Ecuador.

T/CO
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Película Emilia Pérez, entre “joya cinematográfica” y “burla racista y eurocentrista”

Un total de 13 nominaciones a los premios Oscar consiguió Emilia Pérez, del director francés Jacques Audiard. Pero además, antes de eso, tuvo el privilegio de ganar el premio del jurado en el festival de Cannes, donde además las interpretaciones de Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Adriana Paz y Selena Gómez fueron reconocidas. Alcanzó ocho premios de 10 nominaciones que obtuvo en los Globos de Oro, y cinco galardones en los premios del cine europeo, entre los que se cuentan los correspondientes a la mejor película y guionista europeo.  El jurado de los American Film Institute le otorgó el premio a la mejor película del año. Y cuenta con nueve posibilidades de ganar premios en la próxima edición de los lauros de la Academia Británica (Bafta).

A pesar de ese rutilante palmarés, el filme generó fuertes críticas, especialmente luego de su estreno en Latinoamérica, el pasado 23 de enero, las más potentes desde México, donde se ambienta la historia en la que no actúan personajes principales mexicanos y tampoco se rodó en ese país.

El filme, contado en tono de musical, pero con características lejanas a los formatos hollywoodenses, narra la historia de un poderoso narcotraficante mexicano, Manitas del Monte, interpretado por la primera actriz transgénero nominada al Oscar, Karla Sofía Gascón, que desea desde niño ser mujer, algo impensable en el mundo dentro del cual creció y mucho menos en el que se desenvolvió. De manera que la transformación también le servirá para evadir la justicia y salir del mundo criminal.

Manitas emplea parte de su vasta fortuna para contratar a Rita, una abogada brillante encarnada por Zoe Saldaña, menospreciada profesionalmente, para encargarse de todo el trámite, desde buscar al cirujano adecuado para hacer la vaginoplastia hasta limpiar sus cuentas, ahora como Emilia Pérez, el nuevo Yo de Manitas, que además debe pagar el impuesto de alejarse de sus hijos y de su esposa, Jesse, una extranjera (con acento gringo) encarnada por Selena Gómez.

Años más tarde, Emilia entra de nuevo en contacto con Rita, para recuperar a su familia y la consecuente vuelta a su país donde se atreve a crear una fundación, dedicada a ayudar a las familias afectadas por la violencia a encontrar a sus seres queridos, desaparecidos por la violencia generada por el narcotráfico.

Sin duda el planteamiento de Audiard es sumamente atractivo, entonces ¿por qué tanta crítica? Obviamente molestaron algunas formas de plantearlo.

Por ejemplo, la periodista Leslie Galván escribió en el diario peruano, El Comercio, que “Audiard tiene buenas intenciones al contar esta historia, pero el problema es que su sensibilidad hacia temas como la identidad de género y las desapariciones forzadas en México se pierde en un abanico de decisiones estilísticas en esta, la ‘Mejor película extranjera’ de los Golden Globe 2025”.

La misma crítica señala la molestia de los mexicanos por la representación de la víctimas de un problema tan doloroso como profundo y complejo, en tono de musical, lo que Galván considera como una sátira de una realidad delicada.

Por su parte, el portal Infobae publicó un texto de Luis Angel Mora en el que critica al director por su supuesta falta de profundidad en su investigación sobre la realidad mexicana y, como guinda, se desvaloriza el trabajo actoral. Incluso una influyente figura como Eugenio Derbez calificó de “indefendible”, el trabajo de Selena Gómez, apreciación que generó polémica al inicio, pero luego fue respaldada.

¿Y si fuera en Maracaibo?

La irritación del público mexicano es completamente comprensible. Es como si se hiciera una película ambientada en Maracaibo, que no se ruede en la capital zuliana y sin ningún actor que al menos se haya criado en la “tierra del sol amada”, En ese caso, ardería la ciudad, y no precisamente por sus altas temperaturas.

En cuanto a los problemas álgidos que forman parte del contexto del drama, si bien es perfectamente comprensible un rechazo por parte de quienes lo tienen ahí cerquita, nos parece que el director francés no pone el foco en ellos. Al contrario, echa mano de esta realidad como un lecho dramático sobre el cual se despliegan los conflictos íntimos de Emilia Pérez.

Tal vez el error fue definir un lugar. Si el conflicto se sitúa en una locación indefinida, el drama tendría la misma potencia expresiva, pero sin las críticas de quienes se ofenden con el filme

Descomponer la fantasía

El uso de la fórmula del musical parece más bien una especie de cristal para descomponer la luz que emana la fantasía, como una estrategia  para imprimirle verosimilitud a la historia. En el lenguaje audiovisual la sintaxis del musical parece la más adecuada para trasladar a la audiencia a un plano en el que sea creíble el hecho de que un narcotraficante de gran envergadura se quiera convertir en una mujer. Y que además, después de ser un despiadado asesino, se sensibilice con víctimas de sus propias atrocidades.

Y además, el filme intenta encontrar un lenguaje propio, como ya se mencionó, con estilos, formas y fondos que no se toman de los musicales convencionales.

La misma Galván aporta el dato, en su publicación en El Comercio, que Emilia Pérez, inspirada en el libro Écoute del escritor francés Boris Razon, publicado en 2018, en un principio iba a ser una ópera de cuatro actos, otro lenguaje que le calzaba perfecto al planteamiento.

En este mismo orden de ideas, el medio Chileno, La Tercera, luego de enumerar los factores que más molestaron al público, especialmente el mexicano, cita la defensa que el autor argumentó en una entrevista con la BBC. Sobre la falta de actores de esa nacionalidad y el rodaje, aseguró que buscaron hacerlo e inclusive realizaron procesos de selección. La realidad de las calles de México le resultaron demasiado verdaderas para su intencionalidad artística, “Era demasiado prosaica, demasiado real. Tenía una visión mucho más estilizada en mi mente. Entonces fue cuando la llevamos a París y le inyectamos el ADN de una ópera”, explicó.

“En esta línea, para muchos críticos, la explicación de Audiard es suficiente: aseguraron que existe un gran mérito artístico, independiente de que sea una película mexicana (por la locación de la historia). En cualquier caso, el director francés pidió disculpas a quienes se sintieran ofendidos por su filme y aclaró que no es una película “realista”. “El cine no da respuestas, solo plantea preguntas. Pero tal vez las preguntas en Emilia Pérez sean incorrectas”, reconoció.

Después de todo ¿Los culebrones que exporta la industria audiovisual mexicana, se parecen a la realidad de ese país?

Nombre fatal

Lo que nadie ha señalado, y tal vez sea lo peor que tiene la película, aunque parezca una tontería, es el terrible nombre, Emilia Pérez. No se trata de que el nombre femenino, al lado del popular apellido, sea agradable o no. Es la extrema sencillez, la pereza de escoger el nombre de la protagonista para el proyecto, después de realizar un trabajo tan arduo que implica la producción de un largometraje en formato de musical. Esa decisión incluso contraviene cualquier manual de guión. Es un título que realmente no dice absolutamente nada.

De cualquier manera, Emilia Pérez, considerada por algunos como un insulto a la cultura mexicana, entre los que se cuentan el guionista Héctor Guillén, quien la calificó de “Burla racista eurocentrista” y alabada por otros, entre los que destacan figuras como Guillermo del Toro, para quien, según reseñó el diario español El País, le resultó “increíble y hermoso ver una película que fuera ‘verdadero cine’”, Esta obra ha generado un gran revuelo y, más allá de eso, merece la pena verla en la gran pantalla.

T/Luis Jesús González Cova – CO
F/Archivo CO
Felipe VI

Continua la polémica entre México y España por exclusión del rey Felipe VI:»Es lógico que un rey que no respetó, no sea respetado»

A pesar de que Pedro Sánchez sí estaba invitado, el Presidente de Gobierno de España decidió no viajar a México y España se abstuvo de enviar alguna representación oficial. No obstante, los socios y aliados del Gobierno –como EH Bildu y Sumar– sí anunciaron que estarían presentes en el acto de traspaso.

Gerardo Pisarello, dirigente de Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso, dijo que asistiría a la asunción de Sheinbaum, al tiempo que manifestó su respeto a la postura de México. «Es lógico que un rey que no respetó, no sea respetado, es lógico que un rey que desdeñó, sea desdeñado», sostuvo.

Gobierno de España eleva una protesta formal

El Gobierno de España elevó una protesta formal en contra del gobierno de México por haber excluido al monarca Felipe VI de los actos de toma de posesión de la presidenta electa del país latinoamericano, Claudia Sheinbaum.

Según la prensa española, el propio presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, intentó mediar para que México incluyera al rey en el traspaso de mando, sin obtener una respuesta positiva. Ante ello, el ministerio de Exteriores decidió enviar una nota verbal de protesta el martes pasado.

La víspera, Sheinbaum explicó que su decisión tenía que ver con el silencio que hizo España a la petición enviada por la administración de Andrés Manuel López Obrador sobre la reparación histórica por la Conquista.

«Confío en que esta circunstancia, que hoy pone de manifiesto nuestra diversidad de opiniones, sea también punto de partida para que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento basadas en nuestras soberanías y respeto mutuo, en beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos», reza la carta publicada por la presidenta electa respecto a la controversia.

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