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Venezuela presente en informe anual de la ONU sobre Suriname

La embajadora de Venezuela en Suriname, Ayerim Flores Rivas, participó activamente en la presentación del Informe Anual de Resultados de la ONU 2024. El evento, organizado por la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en colaboración con la Cancillería surinamesa, detalló los esfuerzos y logros de 16 agencias, fondos y programas de la ONU que operan en la nación surinamesa.

La actividad, liderada por la Coordinadora Residente de la ONU, Joanna Kazana, y con la apertura del Ministro de Asuntos Exteriores de Suriname, Albert Ramdin, ofreció una visión general del trabajo conjunto entre las agencias de la ONU, el gobierno de Suriname y organizaciones de la sociedad civil. Se destacaron los resultados de la cooperación en áreas cruciales como economía compartida, resiliencia al cambio climático, gestión sostenible de recursos naturales, igualdad, bienestar, paz, seguridad, justicia y migración.

Suriname se posiciona como un receptor importante de financiamiento para iniciativas sostenibles en la región, con el objetivo de erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y elevar los estándares de vida de su población. La presencia de Venezuela en este evento resalta el compromiso del país con la cooperación multilateral para el desarrollo sostenible en la región.

T/CO
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ONU insta a EEUU cese de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos

Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) expresaron este miércoles la profunda preocupación por las deportaciones ilegales desde Estados Unidos a El Salvador, de más de 250 hombres venezolanos y salvadoreños, a quienes vinculan con pandillas delincuenciales. “La Ley de los enemigos de los extranjeros de 1798 parece haber sido mal aplicada para negar el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos. La falta de debido proceso resultó en decisiones arbitrarias de deportación contra muchas personas que al parecer no estaban involucradas con pandillas”.

Los expertos aseguran que las decisiones son claramente inadecuadas para determinar si las personas corrían el riesgo de graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador. “Las decisiones tampoco parecían tener en cuenta el impacto en el derecho a la vida familiar y el interés superior de los niños, así como los distintos efectos de las medidas de seguridad en los derechos de la mujer”.

Asimismo, resaltan que el derecho internacional prohíbe deportar a una persona a un lugar en el que exista un riesgo considerable de privación arbitraria de la vida, tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, detención arbitraria, juicio injusto u otro daño irreparable.

En este contexto, los expertos expresaron su profunda preocupación por las cárceles de El Salvador, donde se han reportado muertes, torturas y malos tratos, violencia entre presos y desapariciones forzadas. Las condiciones carcelarias son presuntamente inhumanas, contrarias a las normas internacionales, con detenidos en jaulas hacinadas, encasilladas, sin necesidades desnudas como colchones, y con una atención médica inadecuada.

“Pedimos al Gobierno salvadoreño que permita a los órganos de monitoreo independientes el acceso inmediato y sin restricciones a las cárceles que tienen a los deportados”, manifestaron los expertos.

Expresaron además su alarma por el fundamento jurídico poco claro para la detención de los deportados en El Salvador y la falta de recursos efectivos, incluidas las dificultades para acceder a la representación legal, las visitas familiares, el acceso consular y la revisión judicial. Estos derechos deben estar garantizados de inmediato, dijeron los expertos.

“La falta de un estatus legal claro en El Salvador podría exponer aún más a los deportados a detenciones indefinidas y arbitrarias en el país”, destacaron.

Asimismo, señalaron que las deportaciones y las correspondientes detenciones en régimen de incomunicación “parecían entrañar desapariciones forzadas, contrarias al derecho internacional. Muchos detenidos desconocían su destino, sus familias no fueron informadas de su detención o traslado, y las autoridades estadounidenses y salvadoreñas no han publicado los nombres ni la condición jurídica de los detenidos. A los encarcelados en El Salvador se les ha negado el derecho a comunicarse con sus familiares y a recibir la visita.

Denuncian que Estados Unidos y El Salvador también se han negado a devolver a las personas declaradas por los tribunales estadounidenses que han sido deportadas ilegalmente. “Pedimos a ambos gobiernos que cooperen para devolverlos a los EE.UU., así como a cualquier otra persona que haya sido deportada ilegalmente y desee regresar”.

Expresaron su preocupación por el hecho de que no se hayan cumplido los criterios jurídicos para aplicar la Ley de Enemigos de Extranjeros. «No ha habido una invasión» o una incursión depredadora de los Estados Unidos por parte de ningún Estado extranjero, como lo exige la Ley.

“Incluso si algunos individuos eran pandilleros, la actividad de las pandillas es un crimen, no un acto de guerra. Las deportaciones eran, por lo tanto, aparentemente ilegales bajo la ley estadounidense y eran expulsiones arbitrarias e ilegales bajo el derecho internacional”, añaden los expertos.

También expresaron su preocupación por el hecho de que los EE.UU. hubieran designado abusivamente a las pandillas como organizaciones terroristas, para justificar la invocación de la Ley de Enemigos. La delincuencia organizada es un problema distinto que debería abordarse con marcos jurídicos más adecuados. Falsamente, estigmatizante, ya que los terroristas, ponen en peligro aún más sus derechos.

«Estamos alarmados por los ataques políticos a la independencia del poder judicial estadounidense y el papel profesional de los abogados en la representación de sus clientes en estos casos».

Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos que abogan por estos casos deben ser protegidos de cualquier posible represalia en El Salvador o Estados Unidos.

“Instamos firmemente al Gobierno de los Estados Unidos a que deje de usar la Ley de Enemigos Extranjeros o cualquier otra ley para deportar sumariamente a la gente. Las deportaciones deben llevarse a cabo bajo la ley de inmigración ordinaria y de conformidad con el derecho internacional, incluida la no devolución, el debido proceso, las salvaguardias judiciales y los recursos efectivos, dijeron los expertos. Las deportaciones deben cesar hasta que se respeten estas garantías jurídicas internacionales”, puntualizaron.

Los expertos comunicaron formalmente sus preocupaciones a los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, junto con una lista no exhaustiva de más de 100 ciudadanos venezolanos afectados por estas deportaciones, que muchos destinos y paraderos se desconocen. Los titulares de mandatos de procedimientos especiales expresaron anteriormente su preocupación por el debido proceso y la detención en El Salvador en 2022, 2023 y 2024.

F/ONU
Brics

Países BRICS reafirman compromiso con el multilateralismo y reforma de la ONU

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países BRICS finalizaron su encuentro en Río de Janeiro este martes 29 de abril de 2025, solicitando una renovación de las organizaciones de gobierno mundial en el que reafirman su compromiso con la colaboración entre múltiples naciones.

Durante esta reunión ministerial, que contó con la incorporación de Indonesia como miembro y la participación de otros nueve países como socios, se discutieron temas internacionales urgentes, incluyendo los conflictos actuales, las políticas comerciales proteccionistas y la importancia de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU.

En su declaración, los ministros reafirmaron la asociación estratégica de los BRICS en las dimensiones política, económica y cultural, haciendo hincapié en «el respeto mutuo, la igualdad, la solidaridad, la apertura, la inclusión y el consenso» como principios rectores. Los BRICS ampliado incluye ahora como países asociados a Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Nigeria, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán.

Los ministros expresaron su preocupación por la polarización mundial e hicieron un llamamiento para reforzar la paz internacional a través de medidas diplomáticas. Destacaron la importancia del Sur Global en la creación de «un orden mundial multipolar más justo, equitativo, democrático y equilibrado», especialmente en medio de las tensiones geopolíticas, la desaceleración económica y las tendencias proteccionistas.

«La profundización de los antagonismos no conducirá a la paz ni al desarrollo», advirtió la declaración, que abogó, en cambio, por la coexistencia pacífica, la tolerancia, la cooperación y el diálogo. En materia de comercio, los ministros criticaron las «medidas proteccionistas unilaterales injustificadas» incompatibles con las normas de la OMC, incluidas «las medidas arancelarias y no arancelarias indiscriminadas y el uso abusivo de políticas ecológicas con fines proteccionistas».

Observaron con preocupación que el plazo de 2025 para restablecer el sistema de solución de diferencias a dos niveles de la OMC había expirado sin resultados.

En cuanto a los conflictos en curso, los ministros abordaron la situación en Ucrania, recordando sus posiciones nacionales expresadas en los foros de la ONU. Reconocieron las propuestas de mediación, incluida la Iniciativa de Paz Africana y la creación del Grupo de Amigos de la Paz.

En cuanto a Oriente Próximo, expresaron su «gran preocupación» por la situación en los territorios palestinos ocupados, los ataques israelíes contra Gaza y la obstrucción de la ayuda humanitaria. La declaración pedía un alto el fuego permanente, la retirada completa de Israel de Gaza, la liberación de todos los rehenes y detenidos y el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria.

Los ministros se opusieron firmemente a cualquier desplazamiento forzoso de palestinos y condenaron las declaraciones provocadoras sobre la soberanía israelí en Cisjordania ocupada. Reafirmaron su apoyo a la solución de los dos Estados, con un Estado palestino independiente que conviva con Israel sobre la base de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.

Acogieron con satisfacción el alto el fuego en Líbano, al tiempo que condenaron las continuas violaciones y pidieron a Israel que retirara las fuerzas de ocupación del territorio libanés. En cuanto a Siria, reafirmaron el compromiso con su soberanía y pidieron un proceso político facilitado por la ONU.

La declaración hizo hincapié en el principio de «soluciones africanas a problemas africanos» como base para la resolución de conflictos en el continente africano, reconociendo el papel clave de la Unión Africana en los esfuerzos de paz.

Dado que en 2025 se cumple el 80 aniversario de las Naciones Unidas, los ministros de los BRICS pidieron una reforma integral de los órganos de la ONU, en particular del Consejo de Seguridad, para hacerlos «más democráticos, representativos, eficaces y eficientes», con una mayor representación de los países en desarrollo.

Los ministros también adoptaron posturas firmes en cuestiones medioambientales y tecnológicas, rechazando «medidas unilaterales, punitivas y discriminatorias» como los mecanismos de ajuste fronterizo del carbono (CBAM) impuestos con pretextos medioambientales. Expresaron su apoyo a la propuesta de establecer un Laboratorio BRICS sobre Comercio, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible y acogieron con satisfacción los avances en la aplicación del Memorando de Entendimiento de la Asociación BRICS para el Mercado de Carbono 2024.

En cuanto a la biodiversidad, la declaración reafirmó el compromiso con el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal y reconoció la contribución de China a dicho fondo. Los ministros reconocieron que la desertificación y la degradación del suelo son retos graves que requieren cooperación internacional y compartir recursos.

La declaración destacó la Inteligencia Artificial como «fundamental para promover el desarrollo socioeconómico y el crecimiento integrador», haciendo hincapié en que la gobernanza de la IA debe mitigar los riesgos y atender las necesidades de todos los países, en particular los del Sur Global.

Los ministros abogaron por reforzar la gobernanza internacional de la IA a través del sistema de la ONU y expresaron su interés por la cooperación de los BRICS para ayudar a los países en desarrollo a crear capacidades de IA.

En materia de salud, los ministros reafirmaron que la arquitectura sanitaria mundial debe ser «abierta, inclusiva, basada en la ciencia y la evidencia y despolitizada», al tiempo que subrayaron el papel de liderazgo de la OMS. Acogieron con satisfacción la conclusión de las negociaciones del acuerdo sobre pandemias en la OMS.

La declaración concluía afirmando el compromiso de reforzar el BRICS a través de los debates en curso sobre el desarrollo institucional y apoyando la participación de los países socios de acuerdo con las modalidades adoptadas en la Cumbre del BRICS de Kazán (Rusia).

Los ministros expresaron su pleno apoyo a la presidencia brasileña del BRICS en 2025, bajo el lema «Fortalecimiento de la cooperación global del Sur para una gobernanza más inclusiva y sostenible», y aguardaron con interés la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores del BRICS, al margen de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que organizará India como presidencia del BRICS en 2026.

F/Telesur
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Petro denunciará en la ONU incumplimiento en los acuerdos de paz por parte de gobiernos anteriores

El pasado martes, el presidente Gustavo Petro afirmó del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar “el incumplimiento del Estado colombiano” a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

La afirmación la hizo el jefe de Estado durante la firma del acuerdo entre la la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para llevar a cabo proyectos restaurativos.

“Iré al Consejo de Seguridad como jefe de Estado y plantearé la verdad: que el Estado de Colombia no el gobierno actual incumplió el acuerdo de paz con las FARC e incumplió con la humanidad el compromiso que había hecho en el año 2016”, apuntó el presidente colombiano durante la firma del ARN.

Especialmente en las zonas del Catatumbo, el Cauca y el Chocó, donde la violencia, la pobreza y las economías ilícitas se mantienen a la orden del día.

T/Mazo
Haiti

ONU alerta sobre un estado de no retorno por creciente violencia en Haití

«Nos acercamos a un punto de no retorno. Mientras la violencia de las pandillas sigue extendiéndose a nuevas zonas del país, los haitianos viven en una vulnerabilidad cada vez mayor y son cada vez más escépticos sobre la capacidad del Estado para responder a sus necesidades», alertó la representante especial de la ONU en Haití, María Isabel Salvador Crespo durante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Salvador Crespo aseguró que «sin una ayuda internacional decisiva, concreta y oportuna, la situación de seguridad en Haití podría no cambiar«, luego de describir los ataques coordinados realizados por las pandillas con el fin de consolidar aún más su dominio en la capital Puerto Príncipe, y otras zonas.

Asimismo, Salvador solicitó al Consejo de Seguridad que intervenga para «satisfacer las necesidades urgentes del país y de su población«. «Su rápida respuesta podría ser parte de la solución a un deterioro tan extremo», cuestionó.

Respecto a la desafortunada situación humanitaria, la diplomática de Ecuador manifestó su inquietud por la falta de recursos financieros, sumado a los recortes presupuestarios implementados por Estados Unidos en su asistencia internacional.

Por otra parte, la ONU disminuyó su presencia en la capital, que está en un 85 por ciento bajo el control de las bandas, por motivos de seguridad.

«Sin una financiación suficiente y previsible, incluso una presencia mínima de la ONU podría resultar insostenible», cuando «el país más nos necesita», afirmó.

El país caribeño ha padecido por un largo período la agresión de grupos delictivos, imputados de homicidios, violaciones, hurtos y secuestros, en un escenario de inestabilidad política.

Desde la mitad de febrero, ha ocurrido una nueva escalada de la violencia en la nación. Las bandas han aumentado sus agresiones en diversos sectores que hasta ahora habían estado exentos de la violencia.

F/Telesur
F/EFE
multilateralismo

Países en defensa de Carta de la ONU emiten declaración contra maltrato de migrantes

En la Declaración Política adoptada por el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, en su Tercera Reunión de Coordinadores Nacionales celebrada en Moscú, Federación de Rusia, se reitera que las medidas coercitivas unilaterales constituyen una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del derecho internacional, y se subraya que los Estados responsables de imponerlas “deben cesar de inmediato dichas medidas ilegales, y proporcionar garantías y seguridades adecuadas de no repetición”.

“Renovamos nuestro firme apoyo y solidaridad con los pueblos y gobiernos de Cuba, Irán, Nicaragua, Venezuela y Zimbabue en sus luchas por superar los efectos perjudiciales de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a sus naciones”, refiere el documento.

Asimismo, el Grupo de Amigos expresa su grave preocupación por los intentos en curso de socavar el sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su núcleo, mediante la instrumentalización indiscriminada de instrumentos comerciales, como los aranceles. “Advertimos que, en el contexto actual, los aranceles tendrán un impacto severo tanto en los países objeto como en el sistema comercial internacional, en particular sobre el derecho al desarrollo de los países del Sur Global”.

En la Declaración Política, igualmente, se reconoce que la movilidad humana es una cuestión compleja que requiere una cooperación reforzada y sostenida a nivel global, “y observamos que la migración internacional ha sido fomentada por factores externos, incluida la aplicación ilegal de medidas coercitivas unilaterales”.

En este contexto, el Grupo expresa su profunda preocupación por los crecientes intentos de ciertos países occidentales de criminalizar y securitizar el fenómeno migratorio, incluso mediante programas de deportación masiva y la transferencia forzada de migrantes en masa, en clara y flagrante violación de sus derechos más básicos y de su dignidad humana”.

Los países miembros reiteran el pleno compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y con la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional, y enfatizan que la actual crisis del multilateralismo tiene su raíz, en gran medida, en los intentos de ciertos miembros de la ONU de sustituir el derecho internacional por un llamado ‘orden mundial basado en reglas’.

“Subrayamos que una causa fundamental del mundo injusto y desigual en que vivimos es la falta de voluntad política de los países desarrollados para asumir sus responsabilidades históricas, así como el persistente incumplimiento de sus obligaciones y compromisos jurídicos internacionales”, señala la Declaración Política, en la que además se rechaza los enfoques de ‘paz mediante la fuerza’ utilizados por algunos países para expandir su poder hegemónico económico y político, amenazando la paz, seguridad y estabilidad globales.

El Grupo de Amigos destaca la necesidad de dar pasos adicionales en la lucha conjunta contra el colonialismo y las prácticas neocoloniales, y condena los intentos de algunos países de otorgarse unilateralmente derechos que socavan los derechos de otras naciones y sus pueblos, incluido el derecho al desarrollo. En este contexto, “nos comprometemos a acelerar el proceso en curso para la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante sobre el derecho inalienable al desarrollo de nuestros pueblos”.

Otro punto de consenso contemplado en el documento es la profunda preocupación por el prolongado derramamiento de sangre en el Territorio Palestino Ocupado y, por tanto, “renovamos nuestro firme compromiso con una solución justa y completa a la causa palestina, así como nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo palestino en su lucha por alcanzar sus derechos inalienables, libertad y justicia”.

También “destacamos que, sin garantizar los derechos fundamentales del pueblo palestino a la libre determinación, independencia y retorno a su tierra natal, no habrá paz duradera y estable en la región”.

Declaraciones Especiales

La Tercera Reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo arrojó una Declaración Especial sobre el 80° Aniversario del Fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que se recuerda a todos aquellos —de distintos países y continentes— que sacrificaron sus vidas para eliminar el nazismo, el fascismo y el militarismo.

Además, se emitió una Declaración Especial sobre “La Cuestión Colonial de Puerto Rico”, en la que subraya el apoyo del Grupo a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, adoptada el 14 de diciembre de 1960.

Al respecto, en el documento se enfatiza la prioridad que otorga el Grupo a la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones y se subraya que el pueblo de Puerto Rico constituye una nación latinoamericana y caribeña, con una identidad nacional propia e inconfundible.

F/MPPRE
Canciller-Yvan-Gil

Venezuela insta a las naciones de la Celac a respetar los principios de la ONU

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, durante su intervención este martes en la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), instó a las Naciones a tener una posición y a respetar los principios consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), «el mundo está sometido a transformaciones importantes, un mundo donde se están retando las reglas, las normas y las leyes que conocemos y que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas».

El diplomático precisó que es necesario llegar a un consenso «para alcanzar acuerdos y plasmarlos en declaraciones y en pronunciamientos regionales».

«El consenso no es simplemente plasmar lo que no nos es cómodo en una declaración y solamente buscar lo que nos es cómodo. Eso no es un ejercicio de consenso. El ejercicio de consenso es tener el valor, la valentía, la fuerza como región para decir las cosas importantes», enfatizó.

El ministro de Relaciones Exteriores exhortó a los cancilleres presentes a dejar a un lado las diferencias ideológicas para poder brindar soluciones a los «33 pueblos que sufren, que padecen, que viven y que demandan a esta organización una posición mucho más firme, mucho más valiente y mucho más cohesionada en aspectos que son sensibles e importantes».

Asimismo, mencionó que «la CELAC tiene que evolucionar, que fortalecerse, que crear una institucionalidad, bien sea a través de una secretaría general o una coordinación general, que podamos hacer continuidad a las decisiones que se toman».

Advirtió que existe el riesgo de una «recesión mundial que nos afecta a todos», por lo que llamó a la unidad para impedir que haya una guerra comercial. Con respecto a las medidas coercitivas unilaterales, el canciller venezolano señaló que las mismas representan una amenaza que socava el orden mundial; y aseguró que las sanciones afectan no solo a la nación, sino al mercado mundial de energía.

Además, abordó la persecución de los migrantes venezolanos por parte del gobierno de los Estados Unidos, que fue el principal promotor de la salida de los connacionales para generar una matriz de opinión.

«Hoy, este mismo gobierno de Estados Unidos comienza una persecución contra nuestros migrantes, que él mismo atrajo, que él mismo promovió para generar una matriz de opinión, y comienza a perseguirlos, a humillarlos, a estigmatizarlos, a crear una etiqueta sobre ellos».

Asimismo, condenó la ilegalidad del Gobierno de El Salvador, al apresar migrantes «sin juicio, sin prueba, sin ninguna valoración». «Creo que eso amerita una defensa de esta organización o, por lo menos, un llamado de atención sobre la aplicación de esa doctrina que ahora intenta imponerse para todos».

Finalmente, Gil indicó que «más allá de la declaración, debemos de dejar constancia en la presidencia de esta organización que hemos tratado estos temas, que nos preocupan, que creemos que es importante que los abordemos de manera rápida y que reiteremos que la única forma de enfrentarlos y salir victoriosos es hacerlo de manera unida».

Fuente: MPPRE
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Venezuela denuncia en la ONU “acto de esclavitud moderna” contra sus migrantes

En representación de la República Bolivariana de Venezuela, el embajador Joaquín Pérez, Representante Permanente Alterno ante las Naciones Unidas (ONU), ratificó ante la Asamblea General la puesta en marcha de una operación que busca trasladar forzosamente a migrantes venezolanos en Estados Unidos (EEUU), incluyendo menores de edad, a un centro de confinamiento en la República de El Salvador, siendo “un claro ejemplo de lo que es la esencia del racismo”.

El pronunciamiento del diplomático se hizo este miércoles durante la Reunión Informal de la Asamblea General sobre “Personas Desaparecidas”, en la sede de la ONU en Nueva York.

Explicó que los connacionales migraron hacia el país norteamericano precisamente como resultado de los efectos perniciosos generados por las políticas de máxima crueldad calculada, las campañas de “máxima presión” y la criminal aplicación de más de mil medidas coercitivas unilaterales contra su nación por parte del gobierno de EEUU y sus satélites.

Además, indicó que el traslado forzoso se perpetra en flagrante violación de las normas aplicables del derecho internacional e incluso de obligaciones jurídicamente vinculantes.

El embajador Pérez enfatizó que esta operación del gobierno estadounidense busca, no sólo criminalizar la migración, sino catalogar unilateralmente a todo el pueblo venezolano como un enemigo y presunto terrorista, sin la existencia o presentación de evidencias de ningún tipo, vulnerando la dignidad y los derechos básicos de todo ser humano, incluida la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, así como el debido proceso.

F/Cancillería
Naciones del Consejo de DD.HH de la ONU reconocen impacto negativo de las sanciones

Naciones del Consejo de DD.HH de la ONU reconocen impacto negativo de las sanciones

La mayoría de las naciones integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconocen el impacto negativo de las mal llamadas “sanciones” en el disfrute de los derechos humanos; así lo aseveró el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil.

Destacó que Venezuela es uno de los países que más sanciones o medidas coercitivas unilaterales ha recibido, en las que «todas ellas han sido promovidas por los desquiciados y desquiciadas de la ultraderecha venezolana, quienes no aceptan su fracaso político y con odio pretenden castigar a todo un país».

Asimismo, expresó que el rechazo a las sanciones y sus promotores internos y externos desde el país es unánime: «El Gobierno Bolivariano ha logrado establecer una ruta de prosperidad y crecimiento económico para derrotar todas y cada una de ellas».

«Las sanciones son un crimen y deben ser abolidas de manera incondicional», exaltó el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, al tiempo que agregó que «El país suma más de un millar de medidas coercitivas impuestas ilegalmente por Estados Unidos (EE.UU.) y sus países subordinados».

T/VTV
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Venezuela enviará carta a la ONU para liberación de migrantes secuestrados en El Salvador

Durante el programa “Maduro Live, De Repente”, se informó que el 2 de abril será entregada una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida a Volker Türk, con el objetivo de abordar de manera urgente la situación de los migrantes venezolanos. La iniciativa fue anunciada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien destacó la necesidad de ejercer presión legal para lograr la liberación inmediata de los ciudadanos venezolanos detenidos en El Salvador.

En su declaración, Saab señaló que la carta busca movilizar a la ONU y a los gobiernos involucrados para garantizar la libertad de los migrantes, calificó su detención como un acto de secuestro. Además, enfatizó que esta situación requiere una respuesta contundente de los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, “los venezolanos detenidos deben ser liberados sin demora y estas acciones son parte de un esfuerzo coordinado para proteger los derechos humanos de los ciudadanos en el extranjero”.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro reiteró su compromiso con la causa, aseguró que ha mantenido comunicación directa con Volker Türk, para solicitar su intervención en este caso. “Tengan la seguridad que nuestros migrantes volverán (…)”.

También destacó que existe un derecho internacional, suscrito por Estados Unidos y otras naciones, que protege especialmente la movilidad y el trabajo de los migrantes. En su intervención, el presidente Maduro recordó la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798, calificándola como un vestigio de barbarie comparable a la época de la Inquisición. “Es bochornoso que el poder judicial en El Salvador no haya tomado aún ninguna decisión sobre la violación de los derechos humanos con los migrantes venezolanos en ese país centroamericano”, expresó.

Además, el jefe de Estado agregó: “Saludo la decisión del juez que bloqueó la decisión de Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 170 mil venezolanos y venezolanas que migraron por razones económicas y trabajan decentemente en Norteamérica. Salgo en defensa de los migrantes que viven en los Estados Unidos. Ya sabemos las causas: La guerra económica brutal que pidió la extrema derecha fascista y que tanto daño le ha hecho al país”.

T/VTV
F/Prensa Presidencial