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Bolivia: Emiten orden de aprehensión contra líder de la COB para frenar la rebelión popular

La Fiscalía de Bolivia emitió este lunes una orden de aprehensión en contra del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, a quien acusa por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo y otros.

Argollo es uno de los rostros visibles de las intensas movilizaciones antineoliberales que tienen lugar en Bolivia durante las últimas semanas, en torno a las cuales se han nucleado maestros, campesinos, mineros, transportistas y representantes de otros sectores. Entre numerosas exigencias, piden la renuncia del presidente de derecha Rodrigo Paz.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó sobre los presuntos hechos atribuidos a Argollo. Entre tanto, desde la COB denunciaron la persecución contra su líder y rechazaron la violencia policial contra los manifestantes que protestaron este lunes contra el Gobierno central.

Con anterioridad, Argollo también denunció la persecución judicial y convocó a mantener las movilizaciones en La Paz y El Alto.

Tras denunciar una campaña de persecución penal y judicial en contra de la dirigencia sindical, durante un pronunciamiento público Argollo aseguró que los procesos judiciales en curso no frenarán las medidas de presión, las cuales —dijo— buscan defender la economía familiar y los recursos naturales frente a las políticas del Gobierno central.

“No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido; nos están queriendo acallar como dirigencia con acciones populares y demandas penales”, acotó el líder sindical.

En otra de sus publicaciones, la COB refirió que mientras el pueblo exige respuestas y vive la crisis en las calles, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y efectivos policiales son abastecidas con gases lacrimógenos desde un avión tipo Hércules.

“El poder responde con militarización y represión en lugar de escuchar al pueblo. La historia recordará quiénes defendieron a la ciudadanía y quiénes le dieron la espalda. Ninguna fuerza debe estar por encima del pueblo ni de sus derechos”, puntualizó el gremio.

Este lunes 18 de mayo, una multitudinaria marcha de trabajadores, campesinos y sectores populares descendió desde la ciudad de El Alto hasta La Paz, capital administrativa de Bolivia, para exigir la renuncia inmediata del presidente Paz.

La movilización, impulsada por la COB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ (Ponchos Rojos), junto a maestros y mineros cooperativistas, profundiza una huelga general indefinida que mantiene al país virtualmente cercado, con más de 70 bloqueos de carreteras.

Hasta el momento, se reporta la detención de al menos 57 personas y al menos cuatro manifestantes asesinados mientras las fuerzas de seguridad intentaban desbloquear las rutas.

F/Telesur
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Mineros en Bolivia exigen renuncia de Rodrigo Paz y mejoras sociales

Violentos enfrentamientos entre mineros artesanales y fuerzas de seguridad sacudieron este jueves el centro de La Paz, en medio de una protesta que derivó en disturbios cerca de la sede del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Los manifestantes, que exigían inicialmente mayores áreas de explotación, acceso a combustible y cambios regulatorios, intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, donde se ubican el Palacio de Gobierno y el Congreso, donde la policía respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos para contener a las columnas mineras, mientras se registraban explosiones de dinamita en varias calles del casco histórico.

Aunque una delegación minera sostuvo conversaciones previas con autoridades nacionales, incluyendo al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien afirmó que el Ejecutivo estaba “abierto al diálogo”, las negociaciones no lograron frenar la escalada de tensión. Parte de los grupos movilizados endureció su postura y comenzó a exigir directamente la renuncia de Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses prometiendo reformas para estabilizar la economía.

«Ya se ha dejado de lado el tema de pliegos, peticiones sectoriales. Acá hay un pedido único de parte del pueblo movilizado, que es el alejamiento y la renuncia del presidente», expresó Mario Argollo, máximo representante de la COB, sobre la escalada de las demandas de los manifestantes.

La conflictividad social se amplifica con los bloqueos de rutas impulsados por campesinos, organizaciones indígenas y sindicatos, que han provocado demoras en el transporte de alimentos, medicamentos y oxígeno hospitalario. El grupo de campesinos aymaras conocido como los “Ponchos Rojos” mantiene cierres de caminos y marchas hacia la vecina ciudad de El Alto.

El Gobierno atribuyó parte de la desestabilización al expresidente Evo Morales, siendo calificada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, como un “bloqueo político… con fines de desestabilización”. Morales rechazó las acusaciones y respaldó las movilizaciones desde su cuenta en la red social X, sosteniendo que “mientras no se aborden las reivindicaciones estructurales, como las relativas al combustible, la comida y la inflación, la revuelta no se detendrá”.

El exmandatario añadió que los protestantes actúan motivados por la “rabia contra un gobierno que traicionó a sus electores”. La crisis política se agrava además por una nueva orden judicial para que Morales comparezca ante la justicia por un caso de presunto abuso, lo que ha incentivado marchas de sus seguidores hacia la capital, sumándose a una escalada de protestas simultáneas que cuestionan la gobernabilidad del país.

La protesta se desarrolla en un contexto de profunda crisis económica en Bolivia, caracterizada por la escasez de dólares, dificultades para importar combustible y problemas de abastecimiento que afectan a la población. La policía ha anunciado operaciones junto a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras, mientras que los manifestantes mantienen su postura de exigir el cumplimiento de sus demandas.

F/Telesur
F/EFE

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Crean nueva oficina para la atención integral de los mineros en El Callao

Durante una asamblea con las Brigadas Mineras, el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Dr. Héctor Silva, anunció la creación de la Oficina de Atención al Minero en el sector Belén II del municipio El Callao, este nuevo espacio ofrecerá asesoría, trámites y apoyo técnico a los trabajadores del oro, donde se consolida el compromiso del Gobierno Bolivariano con el desarrollo sostenible y la inclusión en el sector minero.

Explicó la importancia de la organización comunitaria para avanzar hacia una minería sustentable. «La organización es la clave para avanzar en una minería sustentable, desde el Gobierno Bolivariano estamos decididos a apoyar a nuestros mineros y mineras, impulsando un modelo productivo con inclusión y respeto al ambiente”, expresó Silva ante decenas de brigadistas.

La jornada incluyó un recorrido por la escuela local de Belén II, donde el ministro interactuó con estudiantes, docentes y padres. Este encuentro permitió escuchar las necesidades de la comunidad y fortalecer el compromiso del Gobierno de atender integralmente a las poblaciones desde el territorio. «Los niños y niñas son el futuro de este país, por eso debemos garantizarles espacios dignos para su formación. Desde el Motor Minero también contribuimos con la educación y el bienestar social”, añadió.

Los representantes del sector minero valoraron la visita del ministro como un gesto de cercanía y apoyo genuino. Para ellos, esta iniciativa demuestra que sus esfuerzos son reconocidos y respaldados, para fortalecer la confianza en las políticas públicas dirigidas al desarrollo comunitario.

F/Prensa MIDME