VZLA-ONU

Venezuela denuncia ante la ONU el impacto humanitario de las sanciones impuestas por EE. UU. y la Unión Europea

Durante el 60° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se desarrolla en Ginebra del 8 de septiembre al 8 de octubre, la delegación venezolana elevó una firme denuncia sobre los efectos devastadores que las medidas coercitivas unilaterales (MCU) impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea han tenido sobre la población venezolana. Estas acciones constituyen violaciones graves al derecho internacional y representan una forma moderna de agresión económica.

En el Panel sobre el impacto de las MCU en el derecho a la alimentación, promovido por el Movimiento de Países No Alineados, los representantes venezolanos expusieron que desde 2014 las sanciones buscan desestabilizar al país mediante el bloqueo financiero y comercial. Afirmaron que estas medidas, además de impedir el acceso a alimentos, medicinas y recursos esenciales, son parte de una estrategia orientada a forzar un cambio político por vías no democráticas.

Venezuela, respaldada por el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, presentó una declaración conjunta que exige el cese inmediato de las sanciones unilaterales.

En el documento, se enfatiza que las MCU son “armas de guerra económica” que vulneran el disfrute de todos los derechos humanos, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.

Asimismo, la delegación nacional participó en el Diálogo Interactivo con la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan. En ese espacio, expusieron los daños acumulados por años de restricciones financieras, el bloqueo de activos y la persecución a empresas estatales, que obstaculizan el desarrollo económico y social de Venezuela.

Finalmente, los representantes venezolanos reiteraron que la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos debe prevalecer sobre las políticas de presión y dominación. Enfatizaron que las sanciones no solo lesionan los derechos humanos de millones de personas, sino que atentan contra los principios fundacionales del sistema multilateral y la convivencia pacífica entre naciones.

T/CO
Hector Constant Rosales

Venezuela denunció en La Haya campaña de desestabilización política y mediática

En el marco del Debate General de la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, el jefe de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela y Representante Permanente ante la Corte Penal Internacional (CPI), embajador Hector Constant Rosales, denunció en La Haya campaña de desestabilización política y mediática.

Rosales expresó que Venezuela se constituye como Estado democrático y social de Justicia en el marco Constitucional, el pais propugna los valores superiores de libertad, vida, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, y que los cinco Poderes nacionales del Estado venezolano actúan articuladamente para la protección y la promoción de los derechos de las y los ciudadanos.

Denunció además que a partir del año 2014, su país ha sido víctima de una sistemática campaña de desestabilización política y mediática, con la finalidad de generar un cambio violento de gobierno, a costa del sufrimiento de su población.

En este contexto, afirmó que en las más recientes acciones violentas, ocurridas posterior a la celebración de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se ha pretendido recrear, una vez más, la falsa matriz de opinión de una supuesta violación de derechos como política de Estado en Venezuela, desestimando a las propias víctimas de tal violencia y a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía venezolana.

El embajador Constant Rosales recordó que «Venezuela ha sido objeto de la aplicación ilegal de más de 900 Medidas Coercitivas Unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos de América y otros Estados, que han significado un terrible impacto para la economía nacional y para los derechos humanos de los venezolanos, tal y como ha sido reconocido por mandatos independientes de Naciones Unidas.

«Hasta el año 2022, el daño causado por estas criminales medidas a la economía del país se estimaba en 642 mil millones de dólares, lo cual es superior a las reservas internacionales de todos los once países restantes de América del Sur», dijo.

Así mismo, recalcó que Venezuela ha mostrado su firme compromiso en el marco de la complementariedad y en congruencia con el derecho irrenunciable a su soberanía ante la CPI.

En la actualidad, la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI está conformada por 124 Estados miembros y se reúne ordinariamente una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan, celebra períodos extraordinarios de sesiones.

REDACCIÓN MAZO