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Presidenta (E) Delcy Rodríguez hace un llamado al diálogo bilateral ante controversia sobre la Guayana Esequiba

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó este lunes a un diálogo bilateral para poder darle una solución pacífica a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.

Desde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, la Jefa de Estado Encargada abogó por el diálogo como herramienta para un acuerdo y negociación en torno al conflicto.

«Estamos en el momento histórico para demostrar que el diálogo y la negociación son el camino para la convivencia, la felicidad y el bienestar de nuestros pueblos», expresó durante una audiencia pública en la que defendió los derechos de su país sobre el territorio.

Asimismo, hizo un llamado de paz al pueblo de Guyana y de encuentro. «Al pueblo de Guyana le digo: Venezuela es un pueblo de paz y nuestro destino común siempre estará entrelazado. Sin embargo, Venezuela jamás sucumbirá a la entrega de sus derechos históricos», indicó.

Cerró su derecho de palabra en la audiencia, manifestando que solo una solución pacífica y negociada es el camino y la fórmula para garantizar la buena vecindad, la cooperación y el desarrollo entre ambos países; un diálogo bilateral al más alto nivel es mucho más provechoso que cualquier decisión de esta Corte.

F/Prensa Presidencial
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Derechos sobre la Guayana Esequiba: Venezuela presenta más de 3.000 folios de evidencia histórica

Como parte de su defensa de la verdad histórica, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció que «Venezuela ha puesto a disposición de esta Corte abundante evidencia que confirma sus derechos sobre la Guayana Esequiba». Se trata de un acervo documental exhaustivo que certifica la pertenencia del territorio a Venezuela desde su nacimiento en 1811.

La Mandataria Encargada informó que se presentó un acervo de más de 3.000 folios de pruebas, que incluyen documentos coloniales de 1777, tratados internacionales y un prolífico volumen cartográfico. Estas pruebas confirman de manera inequívoca «la nulidad del Laudo Arbitral de 1899» y el fraude cometido por el Reino Unido.

Con esta documentación, Venezuela reafirma que posee títulos históricos inapelables sobre la Guayana Esequiba. Rodríguez destacó que, a pesar de los asedios y la destrucción de documentos por parte del colonialismo británico, la verdad de Venezuela es irrefutable y permanece intacta en sus constituciones.

F/Prensa Presidencial 
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Presidenta (E) Delcy Rodríguez defiende derechos venezolanos sobre la Guayana Esequiba

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, presenta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) los argumentos fundamentales que sustentan los derechos históricos de la Nación sobre la Guayana Esequiba, destacando que Venezuela es la única parte con titularidad legítima sobre este territorio.

Para esta jornada histórica la Mandataria Nacional Encargada arribó a La Haya con el firme propósito de defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra junto a una delegación de representantes venezolanos.

Por la Delegación de Venezuela acompañan a la Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez; la Procuradora General de la República Dra. Arianny Seijo; el Agente de Venezuela ante la CIJ, Samuel Moncada; el Profesor Paolo Palchetti; el profesor Christian Tams; el profesor Jean-Marc Thouvenin; el profesor Andreas Zimmermann; y el profesor Makane Mbengue.

A su llegada a Países Bajos, la Jefa de Estado Encargada expresó que es un alto honor, tanto en su condición de venezolana como de Presidenta Encargada, alzar la voz en nombre de todo el pueblo venezolano. Explicó que su presencia en este escenario internacional responde a un compromiso ineludible con la defensa de la legalidad y la justicia, reafirmando que Venezuela siempre ha sido un país que enarbola las banderas del derecho internacional como guía de su actuación soberana.

El Gobierno Bolivariano ratifica su postura inquebrantable sobre la vigencia absoluta del Acuerdo de Ginebra de 1966. Este documento es defendido por la administración como el único marco jurídico válido y eficaz para alcanzar una solución negociada, diseñado específicamente para superar las irregularidades del Laudo Arbitral de 1899 y garantizar una resolución definitiva que respete la integridad territorial del país.

F/Prensa Presidencial
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Pdta (E) Delcy Rodríguez: Vinimos a defender la majestad y vigor del Acuerdo de Ginebra

Este domingo, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó la postura histórica de la Nación en torno a la controversia territorial por la Guayana Esequiba, enfatizando que Venezuela es la única titular legítima del territorio.

“Un honor como venezolana y Presidenta Encargada de estar aquí como voz de toda Venezuela y de nuestro pueblo, defendiendo derechos históricos sobre nuestra Guayana Esequiba (..) ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio, en esta controversia territorial es Venezuela”, manifestó.

Durante su intervención, a su llegada a Países Bajos, la Mandataria Encargada también destacó que la delegación venezolana se encuentra actuando en estricto apego a la legalidad internacional, con el objetivo de resguardar la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966.

“Aquí estamos llegando a defender la majestad y el vigor del acuerdo de Ginebra. Estamos siendo defensoras de la legalidad internacional y es la Venezuela que siempre ha levantado las banderas de la legalidad y la defensa del derecho internacional”, afirmó Rodríguez.

Defensa del Acuerdo de Ginebra

Asimismo, resaltó que la titularidad venezolana sobre el territorio Esequibo no es una pretensión reciente, sino una realidad jurídica que data de la formación de Venezuela como República y su etapa previa como unidad administrativa.

“Hemos demostrado en todas las etapas históricas lo que ha significado nuestro territorio desde que nacimos como República y previo cuando éramos una unidad administrativa de poderes coloniales, así que no hay duda alguna”, subrayó la Jefa de Estado encargada.

Por tanto, con esta visita oficial a La Haya, Venezuela reafirma su postura oficial sobre la vigencia absoluta del Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único marco jurídico válido para alcanzar una solución negociada, ya que este documento fue diseñado precisamente para dejar atrás el Laudo Arbitral de 1899.

 

Prensa Presidencial
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Presidenta (E) Delcy Rodríguez llega a Países Bajos para ejercer histórica defensa en la CIJ

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a los Países Bajos para liderar la delegación técnica y jurídica que defiende a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El equipo venezolano participará este lunes 11 de mayo en una audiencia clave centrada en la disputa territorial por la Guayana Esequiba, un territorio de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados.

A su llegada al aeropuerto, la mandataria venezolana descendió de la aeronave acompañada por la delegación y fue recibida por Phyllis Dreischor, Oficial de Proyectos, visitas y eventos de Alto Nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Países Bajos.

La tarde del sábado, la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez expresó durante un acto en Caracas que en las próximas horas viajaría a defender a la Patria.

«Cuando he tenido que hacerlo, ustedes no saben el orgullo que me da. El orgullo profundo de defender los derechos irrenunciables de Venezuela. Defenderlos sin descanso, porque es honrar nuestra historia», acotó.

Defensa del Acuerdo de Ginebra

La misión oficial busca presentar un expediente sobre la base de pruebas documentales que impugnen la jurisdicción que pretende asumir la Corte Internacional de Justicia en los términos planteados por Guyana.

En ese sentido, Venezuela sostiene que el Laudo Arbitral de París de 1899 es «nulo e írrito» debido a un fraude procesal, por lo que aboga por una negociación directa entre las partes.

Por otra parte, Caracas ha calificado su participación en esta fase como una «defensa activa», orientada a exponer que la judicialización unilateral viola los tratados internacionales vigentes.

Para la jornada de este lunes, se espera una intervención de alto nivel técnico donde se presentarán títulos históricos que datan de la Capitanía General de Venezuela de 1777.

Prensa Presidencial
Venezuela denuncia ante la OPAQ el uso de herramientas militares sobre la diplomacia

Venezuela denuncia ante la OPAQ el uso de herramientas militares sobre la diplomacia

En el seno de la 30ª sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre las Armas Químicas, desarrollada recientemente en La Haya, Países Bajos, Venezuela reiteró su compromiso con el desarme global y absoluto, subrayando que tal objetivo está lejos de ser globalmente asumido, particularmente por aquellos Estados que siguen favoreciendo el uso de las herramientas militares sobre la diplomacia y destruyendo el Derecho Internacional a partir de una lamentable visión hegemónica del mundo.

El representante permanente de Venezuela ante la Organización para las Armas Químicas (OPAQ), embajador Héctor Constant Rosales, resaltó que incluso regiones que hasta hace poco se encontraban totalmente libres de amenazas a la paz, como América Latina y el Caribe, conocen hoy un despliegue militar extrarregional en el mar Caribe, que se acompaña de ejecuciones extrajudiciales denunciadas por Naciones Unidas. En este contexto, rechazó la intimidación bélica estadounidense y manifestó su apoyo a la defensa incondicional de América como Zona de Paz.

El diplomático venezolano afirmó que estas amenazas no son nuevas, aunque hoy en día son más peligrosas por el componente militar que conllevan, añadiendo que desde hace más de diez años Venezuela enfrenta una agresión multiforme retratada en la imposición ominosa de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de gobiernos occidentales, que atentan contra los derechos humanos del pueblo y que impiden el trabajo integral de Venezuela en la OPAQ, bloqueando el pago de las cuotas así como el acceso a los insumos para la seguridad y protección de la industria petroquímica.

El embajador Constant exigió que se levanten las más de 1,000 criminales e ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela, así como contra otros países cuyo único pecado ha sido mantener políticas de soberanía y dignidad.

“Hemos asistido a un debilitamiento del marco legal internacional que vulnera el multilateralismo, favorece la consolidación de dobles estándares y afecta directamente nuestros trabajos. El ejemplo más trágico es el genocidio que ocurre en Palestina, incluso con el uso de posibles agentes químicos que deben ser verificados”, concluyó.

La Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre las Armas Químicas reúne anualmente a representantes del 193 Estados miembros de la OPAQ; adopta medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Convención; aprueba el programa y el presupuesto y establece las cuotas que deberán satisfacer los Estados Partes; fomenta la cooperación internacional en materia de actividades químicas con fines pacíficos; y examina las novedades científicas y tecnológicas que pudieran afectar a la Convención, entre otras facultades.

REDACCIÓN MAZO / MPPRE
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Grupo de La Haya aprueba medidas para frenar genocidio en Palestina

La I Cumbre Ministerial de Emergencia del Grupo de La Haya, celebrada en Bogotá, Colombia entre los días 15 y 16 de julio, aprobó una declaración conjunta con seis medidas para frenar el genocidio en Palestina, prohibir el apoyo militar a Israel y promover la justicia internacional en respuesta a la crisis humanitaria en el territorio palestino ocupado.

Entre otros puntos, los países acordaron vetar la venta y transferencia de armas, combustible militar y equipos de doble uso a Israel. En la apertura de la cumbre, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, subrayó que “Colombia se ha pronunciado sin ambigüedades, lo que ocurre en Gaza es un genocidio”.

Por su parte, la relatora especial de las Naciones Unidas para territorios ocupados, Francesca Albanese, destacó la necesidad de “construir un nuevo orden mundial multilateral” liderado por países como Colombia y Sudáfrica, los cuales impulsan acciones legales contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.

El Grupo de La Haya instó a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional a actuar con independencia y sin favoritismos en el caso de las acciones genocidas de Israel, para reafirmar su compromiso con el derecho internacional, los derechos humanos y la rendición de cuentas por crímenes internacionales.

La declaración conjunta adoptada por los países reunidos en Bogotá detalla las siguientes medidas para abordar los crímenes internacionales y la situación en Palestina:

  • Prohibición de envíos militares a Israel

    • Los Estados se comprometieron a bloquear la exportación de armas, municiones, combustible y equipos militares a Israel. Esta medida prevé evitar que las industrias nacionales de los países participantes contribuyan, directa o indirectamente, al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional en el territorio palestino ocupado. La prohibición incluye cualquier material que pueda ser utilizado para perpetuar la ocupación ilegal o la violencia contra civiles palestinos, lo cual impedirá el uso de los recursos de los Estados para acciones genocidas.
  • Restricción al paso de buques con material militar

    • Los países prohibirán el acceso, atraque o prestación de servicios en sus puertos a embarcaciones que representen un riesgo claro de transportar armas, municiones o suministros militares con destino a Israel. Esta medida se alinea con el derecho internacional, específicamente con las obligaciones de los Estados de no facilitar actividades que violen los derechos humanos o el derecho humanitario. Los puertos nacionales implementarán controles estrictos para identificar y detener cualquier buque sospechoso de contribuir a la maquinaria bélica de Israel.
  • Control de buques con banderas nacionales

    • Se prohíbe que buques registrados bajo las banderas de los países miembros del Grupo de La Haya transporten armas, municiones, combustible militar o equipos de doble uso hacia Israel. Esta restricción garantiza que las flotas nacionales no se utilicen para apoyar la ocupación o los crímenes en Palestina. Los Estados establecerán mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento, incluidas inspecciones y sanciones a embarcaciones que violen esta disposición.
  • Revisión de contratos públicos con Israel

    • Los Estados revisarán de manera urgente todos los contratos públicos con entidades israelíes, tanto gubernamentales como privadas, para garantizar que los fondos estatales no se destinen a actividades que perpetúen la ocupación ilegal de Palestina o las violaciones de derechos humanos. Esta medida incluye la evaluación de acuerdos comerciales, contratos de defensa y cualquier tipo de cooperación que pueda contribuir a la maquinaria de ocupación. Los países se comprometieron a suspender o cancelar contratos que no cumplan con los principios del derecho internacional.
  • Investigación y juicio de crímenes internacionales

    • Los países promoverán la investigación y el enjuiciamiento de crímenes graves, como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos en el territorio palestino ocupado. Estas acciones se llevarán a cabo en cortes nacionales e internacionales, lo cual asegurará justicia por las víctimas y la prevención de futuros crímenes. Los Estados fortalecerán sus sistemas judiciales para procesar estos casos y colaborarán con organismos internacionales para garantizar la rendición de cuentas.
  • Apoyo a la jurisdicción universal

    • Los países apoyarán la aplicación de la jurisdicción universal, conforme a sus legislaciones nacionales, para procesar a los responsables de crímenes cometidos en Palestina, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde se cometieron los actos. Esta medida garantizará que los perpetradores de crímenes internacionales no encuentren refugio en ningún país y que las víctimas accedan a la justicia, en pro del principio de responsabilidad global por violaciones graves del derecho internacional.
F/TeleSUR
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Venezuela condena en La Haya genocidio de Israel en Gaza y ataques contra Irán

Venezuela condenó enérgicamente la continuación del criminal y vergonzoso genocidio en Gaza por parte de Israel y los recientes e ilegales ataques contra Irán, los cuales desafían los límites del derecho internacional e imponen peligrosas escaladas con riesgos químicos ya denunciados en dicho Consejo.

La denuncia fue hecha por parte del Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela, embajador Héctor Constant Rosales, como parte de la 109ª sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), celebrada en La Haya, Países Bajos, del 8 al 11 de julio.

Alertó que las acciones militares emprendidas contra zonas cercanas a industrias químicas iraníes, sometidas al régimen de verificación de la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ), son actos repudiables de desprecio por las normas internacionales y aún más de franca insensatez, al suponer severos riesgos para la vida humana y para el equilibrio ambiental en la región.

Desarme Químico global

Igualmente, Venezuela ratificó, en dicho foro multilateral, su compromiso con el desarme químico global y absoluto, en fiel cumplimiento de los acuerdos internacionales en la materia y con la implementación integral, efectiva y equilibrada de la Convención, de conformidad con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y con base en el Derecho Internacional, al tiempo de considerar que la aplicación rigurosa de las previsiones de la Convención debe orientar la atención de las denuncias sobre alegaciones del uso de armas químicas por los Estados.

Para el embajador Constant Rosales, esto exige dejar atrás la práctica del uso de la desinformación y de fuentes no-científicas y concentrarse en el fortalecimiento de los equipos técnicos que deben atender toda la información y consideraciones de los Estados, cuyo tratamiento en el seno de la OPAQ requiere dejar a un lado la politización.

Por ello y a título de ejemplo apremiante, subrayó que la denuncia de utilización de sustancias químicas por los ejércitos de la Potencia Ocupante en territorios palestinos no debe ser ignorada ni subestimada y, por el contrario, ameritan la continuación del seguimiento cercano de esta situación por parte de la Secretaría Técnica de la OPAQ.

Medidas ilegales contra DD.HH. y el desarrollo

Al referirse a los retos actuales, además de los militares y armados, el Representante Permanente expresó que persisten otros grandes obstáculos a la cooperación internacional, el multilateralismo inclusivo y la asistencia técnica no condicionada, al enfatizar que la aplicación continuada de las criminales e ilegales medidas coercitivas unilaterales (MCU) constituyen también una agresión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como al espíritu de la Convención.

Venezuela denunció, una vez más ante dicho órgano de la OPAQ, el impacto de las más de mil medidas ilegales que atentan contra los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, y que, además, impiden y obstaculizan el trabajo integral de Venezuela en la referida organización internacional, lo que abarca el bloqueo del pago de sus cuotas e impacta directamente en los programas de protección y seguridad químicas de su industria nacional.

Entre otros aspectos a ser abordados dentro de la programación de la 109ª sesión del Consejo Ejecutivo, el diplomático venezolano compartió la preocupación por la puesta en marcha de la Oficina de Misiones Especiales de la OPAQ, la cual asume las funciones del Grupo de Investigación e Identificación, lo cual excede las previsiones de la Convención.

Asimismo, agradeció a la República Popular China por la reciente celebración del Taller sobre Inteligencia Artificial celebrado en Shanghái, en virtud de su contribución en favor de la implementación de la Convención.

En la referida sesión, Venezuela apoyó la Declaración leída por la delegación de Uganda, en nombre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) más China.

El Consejo Ejecutivo de la OPAQ es un órgano decisor, integrado por 41 Estados miembros de los 193 que conforman la Organización, de la cual Venezuela es miembro desde el 2 de enero de 1998.

 

T y F/ Redacción Mazo
Hector Constant Rosales

Venezuela denunció en La Haya campaña de desestabilización política y mediática

En el marco del Debate General de la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, el jefe de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela y Representante Permanente ante la Corte Penal Internacional (CPI), embajador Hector Constant Rosales, denunció en La Haya campaña de desestabilización política y mediática.

Rosales expresó que Venezuela se constituye como Estado democrático y social de Justicia en el marco Constitucional, el pais propugna los valores superiores de libertad, vida, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, y que los cinco Poderes nacionales del Estado venezolano actúan articuladamente para la protección y la promoción de los derechos de las y los ciudadanos.

Denunció además que a partir del año 2014, su país ha sido víctima de una sistemática campaña de desestabilización política y mediática, con la finalidad de generar un cambio violento de gobierno, a costa del sufrimiento de su población.

En este contexto, afirmó que en las más recientes acciones violentas, ocurridas posterior a la celebración de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se ha pretendido recrear, una vez más, la falsa matriz de opinión de una supuesta violación de derechos como política de Estado en Venezuela, desestimando a las propias víctimas de tal violencia y a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía venezolana.

El embajador Constant Rosales recordó que «Venezuela ha sido objeto de la aplicación ilegal de más de 900 Medidas Coercitivas Unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos de América y otros Estados, que han significado un terrible impacto para la economía nacional y para los derechos humanos de los venezolanos, tal y como ha sido reconocido por mandatos independientes de Naciones Unidas.

«Hasta el año 2022, el daño causado por estas criminales medidas a la economía del país se estimaba en 642 mil millones de dólares, lo cual es superior a las reservas internacionales de todos los once países restantes de América del Sur», dijo.

Así mismo, recalcó que Venezuela ha mostrado su firme compromiso en el marco de la complementariedad y en congruencia con el derecho irrenunciable a su soberanía ante la CPI.

En la actualidad, la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI está conformada por 124 Estados miembros y se reúne ordinariamente una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan, celebra períodos extraordinarios de sesiones.

REDACCIÓN MAZO