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Expresidente Lenín Moreno será sometido a juicio este lunes en Ecuador por caso Sinohydro

Tras cinco años de permanencia en el exterior, el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, comparecerá este lunes ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador para el inicio de la audiencia de juzgamiento por el caso Sinohydro, donde se le imputa por el presunto delito de cohecho

El expresidente llegó el pasado miércoles 6 de mayo procedente de Paraguay, junto a su esposa Rocía González.

​El caso, conocido como Sinohydro (o INA Papers), investiga una red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 en torno a la adjudicación de la mayor planta hidroeléctrica del país: Coca Codo Sinclair.

​La Fiscalía General del Estado sostiene que la empresa china Sinohydro entregó aproximadamente 76 millones de dólares en sobornos, cifra que representa cerca del cuatro por ciento del valor total de la obra energética.

​De acuerdo con la tesis fiscal, estos pagos ilegales no se realizaron de forma directa, sino que se canalizaron a través de consultorías ficticias y empresas de papel, y de transferencias bancarias vinculadas a un círculo íntimo de Moreno cuando este ejercía la vicepresidencia.

Así como de cuentas en el Balboa Bank de Panamá, a nombre de la empresa INA Investment Corporation (fundada por su hermano), desde las cuales se habrían adquirido bienes de lujo para el entorno familiar del expresidente.

Reacciones políticas

​El retorno de Moreno ha desatado una tormenta de críticas desde los sectores de oposición, quienes cuestionan la «tranquilidad» con la que el exmandatario ha vuelto al país en medio de la acusación penal.

La parlamentaria andina Sofía Espín denunció que el regreso responde a un supuesto acuerdo con el Gobierno de Daniel Noboa, asegurando que Moreno «se siente impune».

Por su parte, Viviana Veloz, legisladora de la Revolución Ciudadana (RC), afirmó que Moreno contaría con garantías judiciales a cambio de mantener su ofensiva política contra el expresidente Rafael Correa.

​Mientras que el legislador Xavier Lasso subrayó que la responsabilidad de Moreno debe ir más allá de la corrupción, apuntando a la represión de las protestas de octubre de 2019 y el manejo de la crisis sanitaria durante la pandemia.

El proceso judicial en marcha

​Con 37 investigados iniciales, el caso Sinohydro se perfila como uno de los procesos de corrupción más emblemáticos de la última década en Ecuador.

La audiencia del lunes determinará el futuro legal de Moreno y su esposa, en un juicio que pone a prueba la independencia de la función judicial frente al complejo tablero político actual.

F/Telesur
F/EFE

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Programan para el 30 de junio audiencia del presidente Maduro y Cilia Flores

El juez de distrito de Estados Unidos, Alvin Hellerstein, oficializó este lunes 4 de mayo la convocatoria a una nueva audiencia judicial para el próximo 30 de junio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La medida responde a una solicitud conjunta presentada por la fiscalía y la defensa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama y diputada, Cilia Flores.

El jefe de Estado venezolano y su esposa fueron secuestrados tras la agresión contra Venezuela el 3 de enero pasado, grave vulneración de la soberanía que dejó más de cien personas asesinadas. Al momento de ser llevados por la fuerza a los EE.UU., Nicolás Maduro gozaba de la inmunidad correspondiente a su investidura como Presidente electo y en funciones, la cual fue violada por el Estado agresor.

El Presidente Maduro y Cilia Flores mantienen su declaración de no culpables ante los cargos de presunta conspiración para actos de narcoterrorismo.

El documento judicial emitido por Hellerstein, oficializado en el Palacio de Justicia de Manhattan, establece que la sesión se llevará a cabo a las 12H00 hora local. La defensa, liderada por el abogado Barry J. Pollack, argumentó la necesidad de este plazo para revisar el acervo probatorio y preparar las mociones previas al juicio.

Nicolás Maduro y Cilia Flores consintieron la exclusión de tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act) entre el 24 de abril y la fecha de la nueva vista. El magistrado aceptó detener el cronograma procesal tras considerar que los fines de la justicia superan el interés público de un juicio expedito en la etapa actual.

El juez Hellerstein aceptó el retiro de las mociones que buscaban desestimar la acusación por bloqueo al acceso a una defensa efectiva. Este cambio ocurrió luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) modificara un grupo de sanciones contra Venezuela, lo cual permitió el pago de honorarios de los abogados a partir de fondos del Gobierno venezolano.

La resolución fue concedida «sin perjuicio», condición que permite a la defensa presentar mociones similares en el futuro. Hasta el momento, el Presidente Maduro y Cilia Flores mantienen su declaración de no culpables ante los cargos de presunta conspiración para el narcoterrorismo.

La fiscalía estadounidense no ha presentado pruebas sólidas que sustenten las acusaciones contra el mandatario venezolano y su esposa durante el proceso.

Ambos permanecen en el centro de detención de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026, tras ser secuestrados en Caracas por comandos especializados del Ejército de Estados Unidos. Dicha operación militar resultó en una masacre que cobró la vida de 100 personas, incluyendo a 32 ciudadanos cubanos.

F/Telesur
audiencia del presidente Maduro y Cilia Flores

Juez en segunda audiencia del presidente Maduro y Cilia Flores en EEUU: Derecho a la defensa «es primordial»

Este jueves se celebró, en un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos (EEUU) la segunda audiencia contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores, en la que el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, subrayó que el derecho de los acusados a contar con un abogado de su elección “es primordial” e insistió en la necesidad de encontrar una salida al bloqueo financiero.

La jornada estuvo marcada por un intenso debate jurídico centrado en cómo y por qué las sanciones de Estados Unidos (EEUU) han impedido el pago de los honorarios de su defensa, conflicto que radica en si el mandatario puede acceder a fondos del Estado venezolano para garantizar una asistencia legal adecuada en un proceso que, según el propio tribunal, va “más allá de lo normal” y requiere amplios recursos.

La audiencia, que se extendió por unos 90 minutos, concluyó sin que se fijara una fecha para el juicio.

El juez Hellerstein cuestionó de forma reiterada sobre cuál es la solución, por lo que la fiscalía sostuvo que el tribunal no tiene autoridad para obligar al Departamento del Tesoro a emitir una licencia que permita canalizar los pagos, al alegar que las restricciones responden a «intereses de seguridad nacional». Sin embargo, el juez puso en duda ese argumento al afirmar que “cualquier preocupación en materia de seguridad nacional ya no es relevante”, considerando que los acusados se encuentran bajo custodia.

Entretanto, la defensa rechazó la opción de recurrir a abogados públicos y defendió que existen recursos disponibles fuera del sistema estadounidense. “No tiene sentido en un caso en el que hay alguien que no es el contribuyente estadounidense dispuesto y capacitado para financiar esa defensa”, argumentó el abogado Barry Pollack, quien resaltó que no existen acusaciones de que el origen de los fondos sean ilícitos.

El juez insistió en la importancia encontrar un mecanismo que permita el pago de los honorarios, pero rechazó la solicitud de desestimar el caso basada en este impedimento.

REDACCIÓN MAZO
Inicia el juicio más grande de corrupción en Argentina

Argentina inicia el juicio por corrupción más grande de su historia

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7 de Buenos Aires abrió este jueves el proceso judicial más extenso y complejo de la historia argentina, con 87 personas imputadas, entre ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusadas de integrar una red de corrupción vinculada con la adjudicación de contratos estatales entre 2003 y 2015.

La Fiscalía señala que Fernández de Kirchner, junto con 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes, habría conformado una asociación ilícita dedicada a recaudar dinero de empresas de los sectores de construcción, energía y transporte, a cambio de beneficios en licitaciones públicas. El período investigado abarca los gobiernos de Néstor Kirchner y de la propia Fernández de Kirchner.

El juicio, que en su etapa inicial contempla una audiencia semanal hasta diciembre, incorporará una segunda sesión a partir de marzo de 2026. La mayoría de las audiencias se realizará de forma virtual, y se prevé que el proceso se extienda por varios años debido al volumen de pruebas, testigos y acusados involucrados.

Entre los exfuncionarios procesados figuran Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi. También se encuentran en el banquillo reconocidos empresarios como Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona, Aldo Roggio y Cristóbal López. Intentos de reparación económica y entrega de bienes por parte de varios imputados fueron rechazados por la Fiscalía con el argumento de que “no se vende impunidad”.

El caso, conocido popularmente como el de los “cuadernos de la corrupción”, se originó en 2018 tras las revelaciones del diario La Nación, basadas en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien habría documentado el traslado de sobornos entre funcionarios y empresarios. Pese a las controversias por la desaparición de los originales de esos cuadernos, la justicia dio inicio al proceso, que busca esclarecer uno de los mayores escándalos políticos y judiciales en la historia reciente de Argentina.

T/CO
Comienza en España el histórico juicio al fiscal general del Estado entre acusaciones cruzadas

España abre un juicio histórico contra el fiscal general Álvaro García Ortiz

España vive un hecho sin precedentes en su historia democrática: el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien este lunes compareció ante el Tribunal Supremo acusado de revelar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Es la primera vez que una figura de tan alto rango en la Fiscalía enfrenta un proceso judicial en ejercicio de sus funciones.

La acusación sostiene que García Ortiz habría filtrado datos relacionados con el expediente de González Amador, implicado en presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

Por estos hechos, se solicita una pena de entre cuatro y seis años de prisión, aunque la Fiscalía pide su absolución. El tribunal, integrado por siete magistrados, escuchará a más de 40 testigos a lo largo de seis jornadas, entre ellos fiscales, periodistas y figuras políticas vinculadas al caso.

El origen de la controversia se remonta a marzo de 2024, cuando una serie de publicaciones periodísticas revelaron que González Amador habría defraudado más de 350.000 euros mediante empresas pantalla. Poco después, una filtración de correos electrónicos desató una batalla mediática y política entre el Gobierno central y la administración regional de Madrid.

La Fiscalía emitió entonces un comunicado oficial para desmentir informaciones falsas difundidas por el entorno de Ayuso, lo que llevó a González Amador a denunciar por supuesta vulneración de su intimidad.

A pesar de que el Tribunal Superior de Madrid descartó inicialmente una revelación ilegal de secretos, la investigación apuntó hacia la Fiscalía General, señalando a García Ortiz. No obstante, la instrucción culminó sin pruebas concluyentes de que el fiscal hubiera ordenado la filtración.

Diversos periodistas testificaron que los correos ya circulaban antes de llegar a la Fiscalía.

El proceso, con fuerte carga política, ha dividido opiniones en España. Mientras el Partido Popular y Vox exigen la dimisión del fiscal general por presunta parcialidad, sectores progresistas defienden su inocencia y lo consideran víctima de una persecución mediática.

La causa, más allá de su desenlace judicial, reabre el debate sobre la independencia del Ministerio Público y los límites entre justicia y política en el país.

T/CO
Castillo

Fiscalía peruana abre nueva investigación por cohecho contra expresidente Castillo

El Ministerio Público de Perú ha anunciado la apertura de una nueva investigación por presunto delito de cohecho contra el expresidente Pedro Castillo, quien ya enfrenta un juicio por rebelión tras su intento de disolver el Parlamento.

La investigación también involucra a los exministros de Vivienda, Geiner Alvarado, y de Justicia, Félix Chero. La Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales ha presentado el caso al Parlamento para solicitar la autorización de la investigación preparatoria y el posterior juicio, debido a los altos cargos involucrados.

Según las indagaciones preliminares, Castillo habría solicitado dinero a Alvarado a cambio de mantenerlo en su cargo. Alvarado, a su vez, habría pedido un soborno a la empresaria Sada Goray para facilitarle contratos de construcción de viviendas por más de diez millones de dólares.

Félix Chero es acusado de presuntamente haber cobrado un soborno a Goray a cambio de designar a un allegado como superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), con el fin de eludir obstáculos legales que afectaban sus negocios.

Esta nueva investigación se suma al juicio por rebelión que Castillo enfrenta actualmente, el cual ha impugnado alegando falta de imparcialidad del tribunal y solicitando una pronta sentencia debido a problemas de salud.

T/CO, con información de medios
Jair Bolsonaro

Bolsonaro será juzgado por intentona golpista en Brasil

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será juzgado por el fracasado intento de golpe de Estado ejecutado el 8 de enero de 2023, tras la victoria presidencial del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El ultraderechista, quien niega las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política, es señalado como uno de los principales conspiradores en la intentona, al incentivar y ejecutar actos golpistas «contra los tres poderes y contra el Estado democrático de derecho», tras perder las elecciones presidenciales de 2022.

La decisión fue tomada este miércoles de forma unánime por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), luego que los cinco ministros votaran a favor de proceder con la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Los jueces que decidieron procesar penalmente a Bolsonaro fueron el ministro Alexandre de Moraes (ponente), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, quienes además decidieron judicializar también a otros siete exfuncionarios que habrían actuado como cómplices de la conspiración golpista.

Entre estos acusados, además de Bolsonaro, considerados por la Fiscalía como el «núcleo crucial» del intento de ruptura del orden democrático en Brasil se encuentran:

Alexandre Ramagem, ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).
Almir Garnier, excomandante de la Marina.
Anderson Torres, exministro de Justicia.
Augusto Heleno, ex ministro del Gabinete de Seguridad. Institucional de la Presidencia
Mauro Cid, ex ayudante de campo de la Presidencia.
Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro de Defensa.
Braga Netto, exministro de Casa Civil.

¿Ahora qué procede?

De acuerdo con el medio local G1, Bolsonaro y sus presuntos cómplices serán imputados en este caso por cinco delitos graves que los podrían a llevar varias décadas en prisión:

Abolición violenta del Estado democrático de derecho.
Golpe de Estado.
Organización criminal.
Daños calificados a los bienes de la Unión.
Deterioro del patrimonio catalogado.
Durante el proceso de judicialización tanto los fiscales de la PGR como los abogados defensores, deberán presentar argumentos finales que servirán a los ministros del STF para absolver o condenar al exmandatario y demás involucrados.

De igual forma los togados de STF ampliarán la investigación criminal, recopilarán más pruebas, convocarán audiencias e interpelarán a los involucrados.

En el caso de que el ultraderechista sea señalado como culpable de este caso —aún le toca enfrentar otra acusación por el presunto plan magnicida contra Lula—, la sentencia podría ser de al menos 12 años de prisión, según lo que establece la ley brasileña por el delito de golpe de Estado.

Sin embargo, la pena contra Bolsonaro podría ser aún más grave si la Justicia determina que también es culpable por los otros cuatro delitos graves que le acusa la Fiscalía. De ser así su condena sería mayor y pasaría décadas tras las rejas.

¿Qué dijeron los magistrados?

Durante la audiencia, el magistrado de Moraes señaló que en la investigación presentada por la PGR se describe de manera «satisfactoria» a la organización criminal que lideró Bolsonaro, que además contaba con división de tareas y jerarquía, en la que el exmandatario daba las órdenes fundamentales para intentar socavar el Estado democrático de derecho.

Por su parte, el ministro Dino señaló que las pruebas son robustas y que la materialidad de los crímenes ejecutados por esa organización delictiva en la intentona, demuestran que hubo violencia en los hechos, que de haber logrado el objetivo propuesto, quizás ahora no existieran jueces vivos para procesarlos.

Además, el magistrado Fux señaló que durante el día del golpe no es posible alegar «de ninguna manera, que no pasó nada» y que está claro en el expediente «quién hizo qué». A su vez, la ministra Lucía comentó que la intentona fue parte de un mecanismo que se estructuró en el tiempo y «no fue una fiesta» espontánea en la que los involucrados «decidieron aparecer y usar palos y piedras para destruirlo todo».

T/RT
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Fiscalía llama a testigo en juicio contra Álvaro Uribe por caso de soborno

La Fiscalía colombiana llamó este jueves a un nuevo testigo para comparecer en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, por su implicación en un presunto caso de soborno a testigos.

En el décimo día del juicio, el ente llevó a comparecencia a la investigadora de Policía Judicial de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Luz Mireya López Rodríguez, quien estuvo dirigiendo las interceptaciones realizadas en el 2017 al teléfono celular del exmandatario, y dio seguimiento a pistas claves a lo largo del proceso.

La testigo explicó que su trabajo consistía en visitar cárceles colombianas buscando información, consultó bases de datos de teléfonos y visitó cárceles como La Picota en Bogotá (capital) y otras como las de Itagüí y Palmira, donde guardó los registros de entrada y salida.

En ese periodo, estuvo al tanto de las visitas que realizaban a la cárcel de La Picota a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Enrique Pardo Hasche, recluidos en ese centro penitenciario.

López dio lectura a un informe oficial del mes de febrero 2018, que recoge las visitas realizadas por el abogado Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve, quien grabó una de las conversaciones con un reloj espía.

Según los registros, Cadena visitó a Monsalve al menos en cinco ocasiones, intentando convencerlo para que modificase sus declaraciones sobre los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con el paramilitarismo.

Esta nueva jornada del juicio contra Uribe ocurrió sin la presencia del abogado de la defensa, Jaime Granados, por asuntos que debía atender, pero la responsabilidad de respaldar al expresidente quedó a cargo de Juan Felipe Amaya.

Para los próximos días, el empresario Rodrigo Vidal Perdomo debe ofrecer declaraciones, por sus vínculos con Uribe. En ese sentido, los juristas consideran que la declaración de este ganadero de Huila es importante para esclarecer los hechos, por conocer los vínculos de Uribe con los restantes involucrados.

El juicio contra Uribe se reanudó el pasado 26 de febrero, luego de las acciones realizadas por la defensa para retrasar el juicio, que inició en el año 2018. Posteriormente, en 2020 el exmandatario fue detenido de modo preventivo, y en 2021, tras la renuncia de Uribe a un escaño en el Senado, el juicio pasó a la Fiscalía General de la Nación.

Uribe enfrenta cargos por fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.

 

T y F/ TeleSur
Pedofilia

El mayor caso de pedofilia en Francia: Juicio contra excirujano acusado de violar a más de 250 niños

El tribunal penal de Vannes, en el departamento francés de Morbihan, ha iniciado este lunes el juicio por el mayor caso de pedofilia en Francia, contra Joël Le Scouarnec, imputado por violación con agravantes y violencia sexual con agravantes contra 299 víctimas, la mayoría menores de edad.

Le Scouarnec, un cirujano jubilado de 74 años, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de cárcel por su participación en las violaciones y agresiones sexuales cometidas durante 30 años con total impunidad.

La preparación de este juicio «extraordinario» ha durado más de dos años y se prevé que se prolongue hasta el 6 de junio.

El abogado defensor, Maxime Tessier, señaló al inicio del juicio, que su cliente «reconoce su responsabilidad en la inmensa mayoría de los hechos», agregando que en ningún caso «pretende eludir sus responsabilidades».

256 víctimas menores de 15 años

El hombre ha sido acusado de 111 casos de violación y 189 de agresión sexual entre 1989 y 2014, agravados por el hecho de que abusó de su posición de médico y de que 256 de las 299 víctimas eran menores de 15 años. Muchos violados cuando estaban bajo los efectos de la anestesia, por lo que en su momento no se enteraron de nada.

La edad media de las víctimas era de 11 años, sin embargo, entre las acusaciones figura la violación de un bebé de un año y una agresión sexual a una paciente de 70.

Según el fiscal Lorient, Stéphane Kellenberger, que dirigirá la acusación en Vannes, Le Scouarnec ya había sido condenado en octubre de 2005 a cuatro meses de prisión con suspensión de pena por posesión de imágenes de pornografía infantil, pero no se le impidió seguir trabajando. No fue hasta 2017 que sus crímenes salieron a la luz tras la denuncia de una vecina de seis años, a la que había agredido y violado en la localidad de Jonzac.

En su domicilio fueron encontradas decenas de muñecas, más de 300.000 imágenes pedófilas y miles de páginas con listas que contenían los nombres, edades y las direcciones de sus víctimas, así como relatos detallados de los abusos que les infligía.

Le Scouarnec se autodenominaba «pedófilo» y en uno de sus cuadernos escribió: «Mientras fumaba mi cigarrillo matutino, reflexioné sobre el hecho de que soy un gran pervertido. Soy al mismo tiempo exhibicionista […] voyerista, sádico, masoquista, escatológico, fetichista […], pedófilo. Y estoy muy feliz por ello».

En 2020, fue condenado a 15 años de cárcel por violación y abusos sexuales a cuatro menores, incluidas dos sobrinas. Los actos por los que comparece hoy abarcan el período comprendido entre 1989 y 2014 y tuvieron lugar en hospitales del oeste de Francia.

F/RT
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Comienza juicio contra expresidente colombiano Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal

El expresidente colombiano Álvaro Uribe enfrenta desde este jueves un juicio en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal, lo que lo convierte en el primer exmandatario colombiano en responder penalmente ante la justicia, en un caso que ha tardado más de una década en llegar a los tribunales.

La jueza Sandra Liliana Heredia dirige el proceso y deberá determinar si la Fiscalía tiene pruebas suficientes para sostener que Uribe recurrió en el año 2018 al abogado Diego Cadena para obtener testimonios a su favor de personas que se hallaban en cárceles.

Para obtener esos testimonios Uribe habría incurrido en sobornos a esos privados de libertad, financiamientos que habrían sido entregados por Cadena, y les habría prometido beneficios carcelarios.

En el año 2012, Uribe demandó al senador de izquierdas Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, justo cuando este preparaba una denuncia contra el expresidente por vínculos con el paramilitarismo.

Precisamente, una de las personas que se halla en prisión aseguró años atrás que Uribe y otros representantes de la oligarquía en el departamento de Antioquia crearon la agrupación paramilitar conocida como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de numerosos crímenes contra la población civil.

Sin embrago, la Corte Suprema desestimó investigar a Cepeda y, en su lugar, inició un proceso contra Uribe.

En 2020, el expresidente colombiano -cuya gestión (2002-2010) estuvo marcada por crímenes de Estado, entre ellos más de 6.000 «falsos positivos»- renunció a su escaño en el Senado, lo que permitió que su caso pasara a la justicia ordinaria.

Aunque la Fiscalía intentó archivar el proceso en dos ocasiones, los tribunales lo rechazaron, hasta que este año el organismo decidió formular cargos en su contra.

Uno de los puntos clave del juicio es la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de admitir como prueba interceptaciones telefónicas realizadas por error en 2008. Aunque la orden inicial estaba dirigida a otro congresista, la Corte Suprema escuchó por un mes conversaciones entre Uribe y Cadena, lo que ha generado controversia en el proceso.