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En Argentina: Científicos exigen a Milei cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Científicos e investigadores en Argentina se movilizaron este miércoles frente al Obelisco para exigir al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Bajo la consigna Me pongo la camiseta de la ciencia, la jornada de protesta reunió a la comunidad académica, para protestar por la profunda crisis que atraviesa el sector.

La medida de fuerza fue convocada para visibilizar el desmantelamiento generalizado que sufre el sistema científico. Según datos del sector, desde diciembre de 2023 se perdieron un promedio de siete empleos por día en áreas vinculadas a la investigación. Además, la inversión proyectada para 2026 se redujo a 0,14 por ciento del PBI, posicionándose como la más baja desde 1972.

Uno de los hitos recientes del desfinanciamiento fue la decisión del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de no renovar las becas posdoctorales a 379 investigadores formados durante años en el país. Rocío, exbecaria afectada por la medida, lamentó la situación: «Hace unos días fuimos despedidos porque no se nos otorgó la prórroga. Esto genera una discontinuidad en nuestra carrera, pérdida de líneas de investigación y la ausencia de la ciencia en este Gobierno».

La situación salarial y laboral mantiene en estado de alerta a los trabajadores de organismos descentralizados. Gonzalo, investigador del Conicet, advirtió sobre un «proceso de vaciamiento general» y detalló que el organismo perdió 2.400 puestos de trabajo. A esto se suma una pérdida del poder adquisitivo salarial cercana al 50 por ciento en los últimos años, lo que obliga a muchos profesionales a buscar segundos o terceros empleos para subsistir.

Martín Lofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Actividad Nuclear, alertó sobre la pérdida de 500 trabajadores en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la eliminación de 300 jefaturas de grupo. Esto compromete la producción de energía y el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas como el cáncer.

También los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial reportaron una pérdida del 30 por ciento de su personal desde el inicio de la actual gestión. Gisele, trabajadora del Departamento de Calidad en las Mediciones, explicó que se registra un promedio de 10 renuncias mensuales debido a la gran brecha salarial frente al sector privado y al exterior.

La comunidad científica y universitaria advierte que la caída de los ingresos, el desfinanciamiento presupuestario y el éxodo de profesionales altamente calificados ponen en riesgo la soberanía tecnológica y el futuro del país.

El reclamo central durante la jornada de este miércoles fue el reiterado incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 aprobada por el Congreso y no aplicada por el Gobierno de Milei. También señalan que la gestión libertaria no acató una medida cautelar que ordena actualizar salarios y becas ni ejecutó el acuerdo firmado para garantizar fondos de funcionamiento para hospitales universitarios.

La tensión escaló aún más cuando desde el Ministerio de Capital Humano decidieron contestar a universitarios a través de un comunicado oficial donde calificaron a la medida de fuerza como ilegítima y ratificó que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos presupuestarios y salariales asumidos con el sistema universitario.

El próximo 19 de agosto se cumplirán 300 días desde la sanción de la ley. Para esa fecha, el Frente Sindical de Universidades Nacionales prevé una jornada de visibilización. La organización sindical Conadu Histórica, en tanto, ya anunció que extenderá las protestas con un paro de cinco días, entre el 18 y el 22 de agosto.

F/Telesur
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Más de 100 renombrados economistas del mundo exigen fin de medidas coercitivas contra Venezuela

Un total de 113 destacados economistas y académicos internacionales firmaron un manifiesto para demandar al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) el levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, con el objetivo de mitigar la emergencia humanitaria causada por dos terremotos consecutivos.

Los sismos, registrados el pasado 24 de junio en Caracas, la capital de país, y al menos siete estados venezolanos, en particular en La Guaira, han dejado un saldo de al menos 3.685 muertos y 16.740 heridos, según el balance oficial más reciente.

Firmantes de alto relieve internacional como Isabella Weber, Jeffrey Sachs y James K. Galbraith instaron al Departamento del Tesoro estadounidense a retirar las medidas coercitivas que pesan sobre el Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), instituciones financieras públicas, y los sectores de minería, petróleo, banca, transporte, telecomunicaciones y viajes.

Los académicos enfatizaron que «la emergencia es humana antes que política» y que las labores de rescate, suministro de agua, energía, alimentos y medicinas no pueden postergarse por trámites diplomáticos.

El manifiesto cuenta con el respaldo del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), cuyo codirector, Mark Weisbrot, calificó de «acto bárbaro» la retención de miles de millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano por parte de Estados Unidos y Europa. Weisbrot detalló que las sanciones provocaron la pérdida del 74 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano entre 2012 y 2020, aislando al país de los mercados financieros internacionales desde 2017.

La solicitud exige al Reino Unido el descongelamiento de las reservas de oro del BCV en el Banco de Inglaterra, valoradas en 5.000 millones de dólares, y apela a Portugal para la devolución de 1.200 millones de dólares depositados en Novo Banco pertenecientes al Banco de Desarrollo de Venezuela (Bandes), acatando un fallo judicial de 2023.

Piden al Fondo Monetario Internacional (FMI) habilitar el acceso a 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) y aprobar un desembolso de emergencia de 4.000 millones de dólares mediante el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI).

El investigador del CEPR, Andrés Arauz, denunció que el Departamento de Estado norteamericano, liderado por Marco Rubio, obstaculiza el acceso a estos recursos al negar la certificación 25B que reconoce al BCV como banco gubernamental.

El texto también demanda una moratoria integral de la deuda externa venezolana (en manos de empresas demandantes, tenedores de bonos de la década de 1990 y acreedores oficiales como China y Rusia) para suspender el cobro de intereses y multas durante la reconstrucción.

Los investigadores declararon insuficientes las medidas iniciales de Washington, que consistieron en 300 millones de dólares de asistencia, envío de maquinaria de remoción y una licencia temporal restringida para vuelos humanitarios.

Arauz, exministro de Ecuador que gestionó el terremoto de Manabí en 2016, advirtió que el impacto del desastre en Venezuela equivale al 10 por ciento de su PIB, por lo que se requiere la importación masiva de maquinaria y tecnología sin los obstáculos de las sanciones para evitar una parálisis económica mayor.

F/Telesur
Bolivia

Organizaciones de Bolivia continúan protestas y exigen renuncia del presidente Rodrigo Paz

Las organizaciones nucleadas en la Central Obrera Boliviana (COB), junto a movimientos sociales y campesinos, continúan este lunes 1 de junio las protestas y bloqueos en diferentes regiones de Bolivia contra las medidas neoliberales del Gobierno de Rodrigo Paz, tras decidir en la víspera el rechazo unánime a la convocatoria de diálogo del Ejecutivo, durante un encuentro ampliado nacional.

Como respaldo a la medida, una multitudinaria marcha de trabajadores recorrió 25 kilómetros desde la ciudad de El Alto hasta las inmediaciones de la plaza Murillo, sede de los poderes públicos en La Paz, para exigir la renuncia de Paz y manifestar su rechazo al intento de restaurar el Estado neocolonial.

Las organizaciones obreras denuncian una campaña de persecución judicial, evidenciada en la orden de aprehensión vigente contra su principal dirigente, Mario Argollo, la cual el Poder Judicial evitó suspender.

Por este motivo, las organizaciones populares sostienen 80 puntos de bloqueos en seis de los nueve departamentos del país, con mayor concentración en Cochabamba, donde existen 32 cortes de ruta, y 19 en La Paz, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras.

La paralización del transporte terrestre genera un severo desabastecimiento de alimentos y el incremento de precios en La Paz y El Alto. Asimismo, la falta de gasolina por seis días consecutivos provocó protestas de cientos de conductores que realizaban filas de hasta cuatro días, quienes obstaculizaron el tránsito de forma independiente para demandar el suministro inmediato de combustibles.

La tensión social, que supera los 30 días, se agudiza tras la anulación, por parte de la Asamblea Legislativa controlada en un 93% por la derecha, de la ley que limita la declaratoria del estado de excepción. Esta paso dejó al Ejecutivo con la vía libre para incorporar a las FF.AA. a la represión de la protesta social ante la resistencia de la Central Obrera Boliviana y demás gremios, organizaciones y movimientos sociales movilizados.

​Los esfuerzos de mediación llevados a cabo de forma conjunta por la Iglesia católica, la Vicepresidencia del Estado y el Defensor del Pueblo se encuentran estancados.

Desde la Defensoría del Pueblo se emitió una alerta manifestando que el lenguaje de confrontación, amenazas e insultos empleado por diversos voceros gubernamentales está dinamitando cualquier opción de acercamiento con la dirigencia obrera y del transporte.

​Mientras las principales urbes del país sufren la carencia severa de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales en los centros de salud públicos, la Administración de Rodrigo Paz defendió la validez de sus medidas antipopulares.

Desde el Ejecutivo señalaron que los mecanismos de excepción constitucional constituyen el último recurso democrático para preservar el orden interno, argumentando que las mesas de negociación con los sectores en conflicto se encuentran totalmente agotadas ante la intransigencia de las demandas políticas de los manifestantes.

F/Telesur

Mujeres MPPEE

Mujeres del sector eléctrico exigen la liberación del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

Trabajadoras del sector eléctrico nacional exigieron de forma contundente la pronta liberación del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros y la Primera Dama Cilia Flores, quienes fueron secuestrados de forma vil el pasado 3 de enero por el imperio norteamericano.

Las féminas del sector se concentraron, el martes, junto al Movimiento de Mujeres de todos los sectores que hacen vida en el país, en las inmediaciones de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) en su sede principal en Colegio de Ingenieros, Caracas, para rechazar de manera categórica la injerencia de las fuerzas extranjeras en suelo venezolano.

Asimismo, se solidarizaron con los familiares de los caídos en el ataque a las guarniciones e instalaciones militares, manifestando su descontento y desagravio a tales acciones en las que tres subestaciones eléctricas fueron destruidas dejando gran parte de la ciudad de Caracas sin servicio eléctrico.

Mujeres del Sector Eléctrico alzan su voz

Las aguerridas mujeres del sector eléctrico con gallardía y firmeza alzaron su voz. Con sus consignas pidieron al Gobierno de los Estados Unidos la liberación del Jefe de Estado venezolano y su esposa.

Lourdes Carmona, Coordinadora Estadal de Atención al Usuario Residencial de CORPOELEC, repudió el asedio del presidente Donald Trump en contra de Venezuela.

» Nos encontramos las mujeres combativas del sector eléctrico reclamando la liberación de nuestro Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores, aquí estamos repudiando ese asedio del imperio norteamericano que lo que quiere es apropiarse de nuestro petróleo y nuestras riquezas. Aquí estamos las trabajadoras de CORPOELEC nos mantenemos en la calle, en pie de lucha y rodilla en tierra para decirle que No al imperio norteamericano. Venceremos», resaltó Carmona.

Por su parte, Belkys Amaya, Supervisora del Eje de La Yaguara, destacó el rol protagónico que tiene la mujer venezolana, gracias a la Revolución Bolivariana.

«Repudiamos el bombardeo y la guerra. Nos encontramos apoyando a la Primera Dama Cilia Flores en virtud de todas las políticas públicas que ha ejecutado en apoyo a nuestras mujeres, brindándonos el acompañamiento para que nosotros seamos independientes y enalteciendo nuestra dignidad», enfatizó.

Las trabajadoras del sector eléctrico expresaron una vez más con contundencia y firmeza el compromiso y sentimiento Patrio por Venezuela y su lealtad inquebrantable hacia el Presidente Maduro y la Primera Dama Cilia Flores.

F/Prensa MPPEE-Corpoelec