Un total de 113 destacados economistas y académicos internacionales firmaron un manifiesto para demandar al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) el levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, con el objetivo de mitigar la emergencia humanitaria causada por dos terremotos consecutivos.
Los sismos, registrados el pasado 24 de junio en Caracas, la capital de país, y al menos siete estados venezolanos, en particular en La Guaira, han dejado un saldo de al menos 3.685 muertos y 16.740 heridos, según el balance oficial más reciente.
Firmantes de alto relieve internacional como Isabella Weber, Jeffrey Sachs y James K. Galbraith instaron al Departamento del Tesoro estadounidense a retirar las medidas coercitivas que pesan sobre el Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), instituciones financieras públicas, y los sectores de minería, petróleo, banca, transporte, telecomunicaciones y viajes.
Los académicos enfatizaron que «la emergencia es humana antes que política» y que las labores de rescate, suministro de agua, energía, alimentos y medicinas no pueden postergarse por trámites diplomáticos.
El manifiesto cuenta con el respaldo del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), cuyo codirector, Mark Weisbrot, calificó de «acto bárbaro» la retención de miles de millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano por parte de Estados Unidos y Europa. Weisbrot detalló que las sanciones provocaron la pérdida del 74 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano entre 2012 y 2020, aislando al país de los mercados financieros internacionales desde 2017.
La solicitud exige al Reino Unido el descongelamiento de las reservas de oro del BCV en el Banco de Inglaterra, valoradas en 5.000 millones de dólares, y apela a Portugal para la devolución de 1.200 millones de dólares depositados en Novo Banco pertenecientes al Banco de Desarrollo de Venezuela (Bandes), acatando un fallo judicial de 2023.
Piden al Fondo Monetario Internacional (FMI) habilitar el acceso a 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) y aprobar un desembolso de emergencia de 4.000 millones de dólares mediante el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI).
El investigador del CEPR, Andrés Arauz, denunció que el Departamento de Estado norteamericano, liderado por Marco Rubio, obstaculiza el acceso a estos recursos al negar la certificación 25B que reconoce al BCV como banco gubernamental.
El texto también demanda una moratoria integral de la deuda externa venezolana (en manos de empresas demandantes, tenedores de bonos de la década de 1990 y acreedores oficiales como China y Rusia) para suspender el cobro de intereses y multas durante la reconstrucción.
Los investigadores declararon insuficientes las medidas iniciales de Washington, que consistieron en 300 millones de dólares de asistencia, envío de maquinaria de remoción y una licencia temporal restringida para vuelos humanitarios.
Arauz, exministro de Ecuador que gestionó el terremoto de Manabí en 2016, advirtió que el impacto del desastre en Venezuela equivale al 10 por ciento de su PIB, por lo que se requiere la importación masiva de maquinaria y tecnología sin los obstáculos de las sanciones para evitar una parálisis económica mayor.
