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Corte de Ecuador declara culpable al Estado por el asesinato de cuatro menores

La Corte Constitucional de Ecuador declaró este martes que los cuatro menores afrodescendientes asesinados en diciembre de 2024 fueron víctimas de desaparición forzada, y ordenó al Estado ecuatoriano reconocer su responsabilidad, emitir disculpas públicas y adoptar una serie de medidas de reparación.

Los niños fueron interceptados por patrullas militares en diciembre de 2024, en un acto que ha sido considerado por la Corte como una de las violaciones más graves del orden constitucional.

Los jóvenes, Ismael Arroyo de 15 años, Josué Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), fueron detenidos de forma irregular el 8 de diciembre de 2024 por militares en Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas.

Posteriormente fueron trasladados a Taura, golpeados, torturados, obligados a desnudarse y abandonados y sus restos calcinados fueron hallados días después en un manglar con tres que presentaban impactos de bala, según la autopsia.

En diciembre de 2024, una jueza reconoció la desaparición forzada y la vulneración de derechos fundamentales, pero el fallo fue revocado meses después tras una apelación del Gobierno.

Las familias acudieron entonces a la Corte Constitucional, que ahora anuló esa decisión, al considerar que se violó el derecho al debido proceso y no se analizó integralmente la detención.

El alto tribunal subrayó que, incluso bajo el régimen de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa en 2024, “los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse”, y exigió que las fuerzas estatales actúen con “estricto respeto a la Constitución”.

La sentencia ocurre tras aceptar una acción extraordinaria de protección y determinar que las autoridades vulneraron el derecho al debido procedimiento que debe ocurrir en casos que involucran a niños, niñas y adolescentes.

La sentencia ordena al comandante de la Fuerza Aérea emitir disculpas públicas en dos meses, al Ministerio de Educación incorporar un espacio sobre el caso en el Museo de la Memoria, y declarar el 8 de diciembre como día en memoria de los menores. Además, instruye reformas a protocolos y leyes, y que el Ministerio de Defensa indemnice a las familias.

F/Telesur
F/Radio Pichincha

Uribe

Es culpable: Expresidente Álvaro Uribe conocerá su condena completa este viernes

Después de que una jueza de Colombia hallara culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en la audiencia del denominado ‘juicio del siglo’ la jornada anterior, se dio a conocer que anunciarán la condena completa contra el exmandatario el próximo viernes.

Entretanto, se le otorgó una medida de prisión domiciliaria, mientras aguarda la imposición de la pena, que ha sido fuertemente criticada por su defensa, que declara que siempre se ha defendido en libertad y ha atendido cumplidamente a las citaciones de la justicia.

Por su parte, la defensa del senador Iván Cepeda, que fue declarado víctima el año pasado por los daños que le causaron durante el proceso y cuya integridad como parlamentario se vio afectada cuando intentaron relacionarlo con hechos delictivos que no había cometido, respaldó la decisión judicial y la labor de la jueza penal del Circuito de Bogotá Sandra Liliana Heredia, asegurando que actuó con «valentía y honestidad intelectual».

Asimismo, Reinaldo Villalba, uno de los apoderados de Cepeda, sostuvo que, tras 13 años de proceso, el fallo confirma la existencia de una estrategia para desprestigiar a su defendido mediante testigos falsos. En este sentido, aseveró que estaban conformes con la decisión de la justicia y que no apelarán.

No obstante, los defensores del expresidente aseguran que, aunque sienten un «profundo respeto» por la administración de justicia y acatan, esta decisión es errada y van a demostrarlo, alegando que su cliente es inocente.

Antes de conocerse el fallo de este lunes, el abogado titular de Uribe, Jaime Granados, había expresado que su defendido, independientemente del dictamen, no iría a la cárcel porque no existían pruebas ni testigos que sustentaran las denuncias en su contra. Además, de no emitirse una sentencia en segunda instancia antes de octubre, el caso prescribirá y se cerrará sin condena.

Mientras, la Fiscalía General de la Nación, que logró probar más allá de toda duda la culpabilidad de Uribe en ambos cargos, solicitó que se emita una sentencia de 108 meses de prisión para el exmandatario (nueve años), así como una multa de 1.600 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por igual periodo. Desde Caracol Radio precisan que el exmandatario se enfrenta a una posible pena de entre seis y 12 años de cárcel.

Lectura del fallo

Heredia, en decisión de primera instancia, consideró que el expresidente y líder del Centro Democrático, mediante emisarios, ofreció beneficios a personas privadas de libertad con el objetivo de resultar favorecido en otros procesos que la justicia adelantaba en su contra. Asimismo, por manipular testigos para que vincularan a Cepeda con hechos ilegales.

De acuerdo con el fallo, el exmandatario es culpable del delito de soborno en actuación penal porque, a través de su exabogado Diego Cadena, trató de sobornar e incentivar económicamente a varios testigos para que declarasen falsamente ante la justicia.

Aunque los actuales letrados señalaron que el hecho fue cometido a sus espaldas y que Cadena actuó de manera voluntaria; la jueza determinó que Uribe conocía sus acciones en las cárceles del país y que en el juicio quedó «suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de soborno en actuación penal».

Asimismo, Heredia indicó que se configuró el delito de fraude procesal, pues se estaba llevando a cabo una estrategia deliberada de manipulación de la justicia, a través de un memorial elaborado por Cadena y un video entregado por el abogado suplente Juan Felipe Amaya, radicados ante el alto tribunal.

El fallo —como se denomina a este tipo de decisión que determina la culpabilidad o inocencia del procesado— marca un hito en la historia de la justicia colombiana debido a que es la primera vez que un expresidente se enfrenta a una condena tras un juicio penal.

Una investigación entrampada por años

La Fiscalía General de la Nación acusó a Uribe en mayo de 2024 de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, después de que entre 2012 y 2014, el senador Cepeda presentara testimonios de los exparamilitares Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes aseguraban haberse reunido con Uribe durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia. En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública.

En 2018, el tribunal encontró indicios de que Uribe habría manipulado testimonios para incriminar a Cepeda, por lo que en 2020 fue condenado a arresto domiciliario, en el que se mantuvo por 67 días. En ese momento, se desempeñaba como senador y renunció al cargo para no ser juzgado por el Supremo, sino por la justicia ordinaria, a través de la Fiscalía.

Aunque el ente acusador pidió en 2021 la preclusión del proceso, en 2022 dos jueces rechazaron esa solicitud. En 2024, con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, finalmente, el exmandatario fue llamado a juicio, acusado de soborno a testigos, fraude procesal, y un nuevo cargo por soborno. Desde febrero de este año, el caso se ha mantenido bajo constante prescripción.

F/RT