Consejo Nacional de Soberanía y Paz

Consejo Nacional de Soberanía y Paz fortalece debate legislativo con consulta pública

El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz llevó a cabo una consulta pública enfocada en la Ley de Palestina y la Humanidad, así como en la Ley Derogatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la participación de representantes de los Poderes Públicos, especialistas en materia jurídica y sectores del Poder Popular.

Durante el encuentro, diversas autoridades nacionales, académicos y actores sociales compartieron sus análisis con el objetivo de fortalecer el trabajo legislativo de la Asamblea Nacional y consolidar la defensa de la soberanía venezolana y del pueblo palestino. La actividad se desarrolló en un ambiente de discusión institucional, donde se expusieron argumentos técnicos y políticos en torno a ambas iniciativas legales.

El diputado y segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía y Paz, Roy Daza, presentó ante el Parlamento el proyecto de ley, destacando su relevancia en la política internacional y la pertinencia de su debate en el órgano legislativo. Por su parte, académicos como el profesor Pablo Fernández analizaron los aspectos legales vinculados a la protección de la soberanía y la paz, mientras que la profesora y defensora de derechos humanos, Olga Álvarez, enfatizó la importancia de garantizar la autodeterminación nacional frente a intentos de injerencia.

La consulta contó además con la presencia del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, la segunda vicepresidenta América Pérez y otras autoridades, quienes respaldaron el proceso de deliberación. El encuentro reafirmó el compromiso institucional con la construcción de un marco jurídico que refuerce la independencia y la paz de la República a través de la legislación.

T/CO
JOR-1

Diputados propondrán al Gobierno desligarse de la CPI ante ejecuciones en el Caribe

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó en rueda de prensa que los diputados propondrán al Gobierno nacional desligarse de la Corte Penal Internacional (CPI) ante el silencio sepulcral que mantienen sobre las ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe, por parte de los Estados Unidos.

«La CPI no sirve para nada y por ende Venezuela debería salirse de esta institución que se tragó la lengua en el caso de estas ejecuciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos», agregó Rodríguez.

En ese sentido, ratificó que «el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de la Celac, Gustavo Petro, ha denunciado como ilegales, ilícitos y como ejecuciones extrajudiciales lo que ha ocurrido en el mar Caribe desde el 2 de septiembre y no se ha visto ningún pronunciamiento de la Corte Penal Internacional (CPI), que es quien debería tomar cartas en el asunto».

Asimismo, indicó que ellos deberían «salvaguardar lo contenido en la Convención de Ginebra y lo contenido en el Protocolo número 1 de 1977, porque es la CPI quien debería catalogar, como dice el artículo de The Washington Post, como ‘crímenes de guerra’, porque no hay guerra declarada, son homicidios y ejecuciones extrajudiciales lo que ocurre en el mar Caribe».

«La CPI para lo que sirve es para perseguir países independientes y países que no se sometan a los designios del hegemón, pero si ocurren hechos tan violatorios como estos que pasan, pues este organismo brilla por su ausencia», insistió.

 

T y F/ VTV
Vicepresidenta Delcy Rodríguez

Vicepresidenta Rodríguez consigna informe sobre bloqueo de Venezuela ante la CPI

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya el informe denominado Venezuela II, que expone el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales contra el país.

Durante su reunión con el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, Rodríguez destacó un estudio publicado en la revista The Lancet que abarcó 152 países y determinó que más de 564 mil personas mueren anualmente, en su mayoría menores de cinco años y adultos mayores, como consecuencia de las sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos y otros países occidentales que promueven la política de “cambio de régimen”. Esta cifra es comparable a la tasa anual de mortalidad causada por conflictos armados.

La vicepresidenta llamó la atención sobre la lentitud en el avance del caso, iniciado hace más de cinco años tras una remisión presentada por Venezuela. También se abordó el expediente conocido como Venezuela I, en el cual se reafirmó que en el país no se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma.

Rodríguez ratificó la disposición venezolana para continuar y profundizar mecanismos de cooperación y asistencia técnica con la CPI, siempre respetando la primacía de la jurisdicción nacional. Además, resaltó la actuación responsable y profesional de los organismos de seguridad del Estado en defensa de la paz y la protección de los derechos del pueblo venezolano.

T/CO
COMUNICADO-2 (2)

Venezuela rechaza afirmaciones del fiscal de CPI sobre situación nacional

La República Bolivariana de Venezuela, a través de un comunicado oficial, rechazó las afirmaciones sobre la situación nacional efectuadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Ahmad Khan, presentado en la vigésima tercera sesión de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI, informó el canciller Yván Gil a través de la red social Telegram.

En el texto, el Gobierno venezolano destacó que ha informado ampliamente ante la Fiscalía de la CPI de todas las medidas adoptadas en el orden interno, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos con el Estatuto de Roma, así como con los alcanzados en los dos memorandos de entendimientos suscritos con la Fiscalía.

“Venezuela considera preocupante que el fiscal no haya sido puesto al tanto de estos avances y el punto exacto en que se encuentran los asuntos abordados en sus desacertadas declaraciones, incluyendo la reactivación de la presencia de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el territorio venezolano, concretada en el mes de noviembre del corriente año”, citó el comunicado.

Al mismo tiempo, el Gobierno nacional lamentó profundamente que el fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan, se deje llevar por las informaciones de campañas públicas surgidas en las redes sociales promovidas por la extrema oposición venezolana, el sionismo y las potencias occidentales que pretenden aplicar el colonialismo contra el país.

A continuación en comunicado:

F/VTV