JURISTAS

Asociación Americana de Juristas propone denunciar a Trump y Rubio ante la CPI

La presidenta de la Asociación Americana de Juristas en Argentina, Claudia Rocca, propuso la conformación de un grupo de trabajo internacional para presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el senador Marco Rubio y otros responsables de operaciones militares que amenazan la estabilidad del Caribe y vulneran el Derecho Internacional.

Durante su intervención en el Encuentro de Juristas por la Soberanía y la Paz, Rocca destacó que el objetivo de la propuesta es “atribuir responsabilidad a quienes promueven acciones que violan los principios de soberanía y no intervención”, pilares fundamentales del orden jurídico internacional.

“Que de este encuentro podamos lograr un grupo de trabajo para elaborar conjuntamente una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Trump, Marco Rubio y todo el que resulte material o intelectual de los delitos descriptos al comienzo de esta locución”, enfatizó la abogada.

Rocca acusó a Estados Unidos de instrumentalizar la lucha contra el narcotráfico para justificar su injerencia en otros países, incluyendo posibles acciones militares directas. “El narcotráfico se ha convertido en la nueva excusa para legitimar agresiones, porque ya no pueden utilizar el discurso de los derechos humanos, siendo uno de los Estados que más los vulnera”, afirmó.

Asimismo, planteó la creación de una liga internacional de juristas que actúe en defensa del orden jurídico global y denunció que el sistema estadounidense “ha renovado sus métodos de dominación, pero atraviesa una crisis estructural que parece irreversible”. En ese sentido, consideró que Venezuela “se está convirtiendo en un espacio de resistencia y de afirmación de la independencia de los pueblos”.

La jurista concluyó su intervención recordando que América Latina y el Caribe deben seguir siendo territorios de paz, e instó a los profesionales del Derecho a garantizar el respeto a los principios internacionales frente a las presiones externas. “Tenemos la obligación de exigir los derechos de nuestros pueblos y de defenderlos con las herramientas del Derecho”, subrayó.

T/CO
Hector Constant Rosales

Venezuela denunció en La Haya campaña de desestabilización política y mediática

En el marco del Debate General de la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, el jefe de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela y Representante Permanente ante la Corte Penal Internacional (CPI), embajador Hector Constant Rosales, denunció en La Haya campaña de desestabilización política y mediática.

Rosales expresó que Venezuela se constituye como Estado democrático y social de Justicia en el marco Constitucional, el pais propugna los valores superiores de libertad, vida, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, y que los cinco Poderes nacionales del Estado venezolano actúan articuladamente para la protección y la promoción de los derechos de las y los ciudadanos.

Denunció además que a partir del año 2014, su país ha sido víctima de una sistemática campaña de desestabilización política y mediática, con la finalidad de generar un cambio violento de gobierno, a costa del sufrimiento de su población.

En este contexto, afirmó que en las más recientes acciones violentas, ocurridas posterior a la celebración de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se ha pretendido recrear, una vez más, la falsa matriz de opinión de una supuesta violación de derechos como política de Estado en Venezuela, desestimando a las propias víctimas de tal violencia y a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía venezolana.

El embajador Constant Rosales recordó que «Venezuela ha sido objeto de la aplicación ilegal de más de 900 Medidas Coercitivas Unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos de América y otros Estados, que han significado un terrible impacto para la economía nacional y para los derechos humanos de los venezolanos, tal y como ha sido reconocido por mandatos independientes de Naciones Unidas.

«Hasta el año 2022, el daño causado por estas criminales medidas a la economía del país se estimaba en 642 mil millones de dólares, lo cual es superior a las reservas internacionales de todos los once países restantes de América del Sur», dijo.

Así mismo, recalcó que Venezuela ha mostrado su firme compromiso en el marco de la complementariedad y en congruencia con el derecho irrenunciable a su soberanía ante la CPI.

En la actualidad, la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI está conformada por 124 Estados miembros y se reúne ordinariamente una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan, celebra períodos extraordinarios de sesiones.

REDACCIÓN MAZO
Netanyahu-1-1

La Corte Penal Internacional emite órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que se presentaron las solicitudes de órdenes de detención.

Un comunicado de la CPI dice que la Sala de Cuestiones Preliminares I de la corte «consideró que la presunta conducta de los señores [Benjamín] Netanyahu y [Yoav] Gallant entraba dentro de su jurisdicción». «La Sala recordó que, en una composición anterior, ya decidió que la competencia del tribunal en la situación se extendía a [la Franja de] Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este», añade.

«Con respecto a los crímenes, la Sala encontró motivos razonables para creer» que Netanyahu y Gallant «tienen cada uno responsabilidad penal por los siguientes crímenes como coautores de cometer los actos conjuntamente con otros: crimen de guerra de inanición como método de guerra; y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos», detalla la CPI.

«La sala también encontró motivos razonables para creer que el señor Netanyahu y el señor Gallant tienen cada uno responsabilidad penal como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil», denuncia. Las órdenes de detención se clasifican como «secretas», para proteger a los testigos y salvaguardar el desarrollo de las investigaciones.

«Responsables de causar grandes sufrimientos»

La sala también consideró que «ambas personas privaron intencionadamente y a sabiendas a la población civil de la Franja de Gaza de artículos necesarios para su supervivencia, como alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad».

«Sus acciones han provocado la interrupción de la capacidad de las organizaciones humanitarias para suministrar alimentos y otros bienes esenciales a la población necesitada de Gaza», explica la corte. Mientras, las restricciones de Israel, junto con los cortes de electricidad y la reducción del suministro de combustible, también afectaron gravemente la disponibilidad de agua en el enclave palestino y la capacidad de los hospitales para prestar atención médica.

«Estas dos personas son responsables de causar grandes sufrimientos a personas que necesitaban tratamiento», agregó. «Se obligó a los médicos a operar a los heridos y a realizar amputaciones, incluso a niños, sin anestesia y/o se les obligó a utilizar medios inadecuados e inseguros para sedar a los pacientes, causando a esas personas gran dolor y sufrimiento», enfatizó el tribunal.

La CPI también observó que «las decisiones por las que se autorizaba o aumentaba la ayuda humanitaria en Gaza eran a menudo condicionales». No se adoptaron para cumplir las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario […] De hecho, respondían a presiones de la comunidad internacional o a peticiones de Estados Unidos», aseveró. En general, la CPI concluyó que Netanyahu y Gallant «privaron a una proporción significativa de la población civil de Gaza de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida y a la salud, y que la población fue objeto de ataques por motivos políticos y/o nacionales».

¿Qué esperar ahora?

Ahora, tanto Netanyahu como Gallant podrán ser detenidos si viajan a alguno de los más de 120 países que forman parte de la CPI, explica The Times of Israel.

Es probable que la decisión los aísle aún más y complique los esfuerzos por negociar un alto el fuego que ponga fin al conflicto, opina el periódico. Pero sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros del tribunal y varios de los responsables de Hamás han muerto posteriormente en el conflicto, añade.

«Tintes antisemitas»

Dmitri Gendelman, asesor político del primer ministro israelí, escribió en sus redes sociales que «la CPI ha decidido ignorar las pruebas y argumentos presentados por Israel, poniéndose de hecho del lado de la guerra regional lanzada por el régimen iraní contra Israel».

«La CPI ha optado por apoyar una campaña de desinformación total con tintes antisemitas que pretende aislar a Israel de sus aliados y promover atentados terroristas contra nuestro país», criticó.

Israel había presentado en septiembre una objeción oficial a la CPI sobre la legalidad de la petición de emitir órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant. El país hebreo alegó que el tribunal no tiene autoridad para debatir la denuncia palestina.

F/RT