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Corte de Ecuador declara culpable al Estado por el asesinato de cuatro menores

La Corte Constitucional de Ecuador declaró este martes que los cuatro menores afrodescendientes asesinados en diciembre de 2024 fueron víctimas de desaparición forzada, y ordenó al Estado ecuatoriano reconocer su responsabilidad, emitir disculpas públicas y adoptar una serie de medidas de reparación.

Los niños fueron interceptados por patrullas militares en diciembre de 2024, en un acto que ha sido considerado por la Corte como una de las violaciones más graves del orden constitucional.

Los jóvenes, Ismael Arroyo de 15 años, Josué Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), fueron detenidos de forma irregular el 8 de diciembre de 2024 por militares en Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas.

Posteriormente fueron trasladados a Taura, golpeados, torturados, obligados a desnudarse y abandonados y sus restos calcinados fueron hallados días después en un manglar con tres que presentaban impactos de bala, según la autopsia.

En diciembre de 2024, una jueza reconoció la desaparición forzada y la vulneración de derechos fundamentales, pero el fallo fue revocado meses después tras una apelación del Gobierno.

Las familias acudieron entonces a la Corte Constitucional, que ahora anuló esa decisión, al considerar que se violó el derecho al debido proceso y no se analizó integralmente la detención.

El alto tribunal subrayó que, incluso bajo el régimen de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa en 2024, “los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse”, y exigió que las fuerzas estatales actúen con “estricto respeto a la Constitución”.

La sentencia ocurre tras aceptar una acción extraordinaria de protección y determinar que las autoridades vulneraron el derecho al debido procedimiento que debe ocurrir en casos que involucran a niños, niñas y adolescentes.

La sentencia ordena al comandante de la Fuerza Aérea emitir disculpas públicas en dos meses, al Ministerio de Educación incorporar un espacio sobre el caso en el Museo de la Memoria, y declarar el 8 de diciembre como día en memoria de los menores. Además, instruye reformas a protocolos y leyes, y que el Ministerio de Defensa indemnice a las familias.

F/Telesur
F/Radio Pichincha

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ONU expresa preocupación por amenazas a la Corte Constitucional de Ecuador

La relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha advertido sobre la existencia de «noticias muy preocupantes» en Ecuador. Esto se debe a las recientes declaraciones del gobierno sobre la Corte Constitucional, a la que se ha acusado de socavar la democracia.

A través de su cuenta en X, Satterthwaite explicó que la Corte “ha sido amenazada por otros poderes del Estado tras suspender provisionalmente varios artículos de tres leyes aprobadas bajo la justificación de urgencia económica y seguridad nacional”. La experta detalló que las normativas suspendidas temporalmente abordaban temas como la recopilación de inteligencia sin una orden judicial previa y reformas sobre financiamiento político y justicia tributaria.

El pronunciamiento de la ONU se produce después de que la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, defendiera la propuesta de incluir en una consulta popular la posibilidad de someter a un juicio político a los magistrados de la Corte. A pesar de negar que la propuesta sea una retaliación, Rovira calificó a la Corte como «enemiga de la ciudadanía» y defendió la necesidad de «respuestas excepcionales» ante la situación del país, incluso si ello implicaba una interpretación más flexible de la Constitución.

Ante estas declaraciones, la relatora de la ONU enfatizó que, según el derecho internacional, «los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias», subrayando que la independencia judicial es la base de la democracia.

Las tensiones se intensificaron luego de que, tras el anuncio de la Corte sobre la suspensión de 17 artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, tanto la ministra Rovira como el titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, criticaran el fallo. Rovira argumentó que la suspensión «es dejar sin efecto las leyes» y que, mientras los magistrados «se liberan en sus despachos», la policía y los militares se «están jugando la vida en las calles».

La situación ha escalado con la presentación de siete preguntas por parte del presidente Noboa para una consulta popular en diciembre, entre las que se incluye la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional. En respuesta, diversos colectivos sociales, políticos y juristas del país han instado a la Corte a no ceder ante las presiones del oficialismo.

T/CO