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Venezuela condena tiroteo contra civiles en Australia: Viola el derecho internacional

La República Bolivariana de Venezuela condena el tiroteo ejecutado contra civiles en Bondi Beach, Australia y extiende sus condolencias a la comunidad judía; así lo comunicó el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

«La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme condena al violento ataque perpetrado contra civiles en Bondi Beach, Sídney, así como sus sinceras condolencias y solidaridad con la comunidad judía, que han sido víctimas de este horrendo atentado, en medio de una celebración religiosa», señala el mensaje diplomático.

El texto también reafirmó que ninguna forma de violencia contra la población civil puede ser justificada, sin importar su motivación, origen o contexto; y recordó que los actos de odio, intolerancia y terrorismo constituyen graves violaciones a los principios del derecho internacional y a los valores fundamentales de la humanidad.

«La República Bolivariana de Venezuela reitera su compromiso con la paz, la convivencia entre los pueblos y el respeto mutuo entre culturas y religiones, y hace un llamado a rechazar toda expresión de violencia y discriminación», concluyó.

F/VTV
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ALBA-TCP condena confiscación ilegal de EEUU de buque petrolero venezolano

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condena de la manera más categórica el acto de vulgar piratería cometido por el gobierno de los Estados Unidos al asaltar y confiscar ilegalmente un buque petrolero venezolano en el mar Caribe.

Este hecho constituye una violación gravísima del Derecho Internacional y un ataque directo contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, reseña un comunicado del organismo.

Asimismo, refleja que este hecho, que se suma al despojo criminal de Citgo, revela una estrategia de saqueo destinada a apropiarse de los recursos energéticos venezolanos, estableciendo un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad jurídica y marítima internacional.

El ALBA rechaza con absoluta firmeza esta agresión imperial y ratifica su respaldo total al pueblo y gobierno de Venezuela. La Alianza exige la restitución inmediata del buque y el cese de toda acción de despojo contra bienes venezolanos. Asimismo, exhorta a los organismos multilaterales, regionales y globales a pronunciarse con urgencia ante esta violación abierta de la legalidad internacional.

F/VTV
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Venezuela condena medidas coercitivas ante Conferencia General de la ONUDI

Venezuela reiteró su condena por la promulgación y aplicación continuada y sistemática de medidas coercitivas unilaterales, en flagrante violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, que además de constituir un obstáculo para el desarrollo económico y social de los países que las sufren, también restringen la cooperación internacional y socavan el derecho al desarrollo.

La declaración la realizó el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante Arabia Saudita, David Velásquez Caraballo, como jefe de la delegación venezolana, durante la Vigésima Primera Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que se realiza en la ciudad saudita de Riad.

El embajador venezolano, en su intervención, instó a los Estados miembros de la ONUDI a que condenen enérgicamente las medidas coercitivas unilaterales y no las reconozcan ni las apliquen, para coadyuvar a contrarrestar sus efectos extraterritoriales.

Asimismo, exhortó al director general reelecto de la ONUDI, Gerd Müller, para que adopte las acciones respectivas que permitan mitigar los efectos adversos de las  medidas coercitivas unilaterales sobre el desarrollo industrial, fundamentalmente en los países del Sur Global.

El diplomático venezolano también recordó la importancia de la aprobación adoptada el pasado 16 de junio por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para conmemorar el 4 de diciembre de cada año, el “Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales”, decisión que contó con el voto aprobatorio de 116 Estados miembros de la ONU.

Derecho a propios modelos libres de coacción

En el Debate General, se leyó una declaración conjunta, documento respaldado por Belarús, China, Cuba, República Democrática Popular de Corea, Irán, Nicaragua, Palestina, Rusia, Sudán y Venezuela, donde se reiteró el derecho soberano de todos los Estados a determinar sus propios modelos de desarrollo económico e industrial, libres de coacción, amenazas e interferencias externas, así como de la aplicación de leyes y medidas unilaterales, incluidas aquellas que puedan estar disfrazadas en forma de “aranceles recíprocos”, que son ilegítimas e ilegales.

El grupo de Estados que suscribió la declaración, reiteró la determinación colectiva de trabajar en pro de un panorama industrial mundial más equitativo y justo, en beneficio de todas las naciones y pueblos. Además, reconoció el papel fundamental que desempeña el desarrollo industrial para los países en desarrollo, incluidos los africanos, los menos adelantados, en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como para las naciones de ingresos medianos.

En la Declaración Política de la Conferencia, que culminará el 27 de noviembre, se incluyó un párrafo final que destaca “la importancia de un entorno económico internacional abierto y no discriminatorio», y reitera «la oposición de los Estados miembros a cualquier acción o medida económica que no se ajuste al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y que impida el pleno logro del desarrollo económico y social, en particular en los países en desarrollo”.

F/Embajada Venezuela en Austria
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Fiscalía de Brasil solicita condena de acusados en trama golpista

El fiscal general Paulo Gonet solicitó hoy la condena de los siete acusados del llamado núcleo cuatro, responsables de actividades de desinformación vinculadas al supuesto intento de golpe de Estado en Brasil.

El Ministerio Público Federal acusa al grupo de ser responsable de acciones esenciales en la orquestación de la tentativa golpista que pretendía mantener en el poder del expresidente Jair Bolsonaro, incluso después de su derrota en las elecciones de 2022.

Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a principios de septiembre a 27 años y tres meses de prisión, inculpado de liderar el intento de golpe de Estado para obstaculizar la llegada a la presidencia del electo candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

Los cargos se dividieron en núcleos. En este grupo, los acusados presuntamente prepararon y difundieron información falsa y atacaron a las autoridades con el fin de provocar una ruptura institucional.

Tal quiebre sería fundamental para garantizar la «inestabilidad social» que permitiría a las autoridades intervenir para tomar el poder y dar un golpe de Estado.

Así lo señala la Fiscalía General. En el caso de los acusados, el impacto de su comportamiento en el violento desenlace del 8 de enero de 2023 fue evidente, declaró Gonet.

«Fue a través de la contribución de este grupo de acusados que la organización criminal desarrolló y difundió narrativas falsas sobre el proceso electoral, los poderes funcionales y las autoridades que los representan, generando y alimentando la inestabilidad social que condujo a la ruptura institucional», continuó.

Según la Procuraduría General de la República, el levantamiento popular que finalmente ocurrió está causalmente relacionado «con la trama generada y alimentada por las acciones de este grupo de acusados».

Figuran como acusados en este núcleo cinco militares de bajo rango, un agente de la Policía Federal y el presidente del Instituto Voto Legal, Carlos Rocha. Los implicados enfrentan hasta 46 años de prisión.

El grupo está acusado de haber cometido cinco delitos, según la acusación formal: organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, daños calificados por violencia y grave amenaza a bienes federales, y deterioro de bienes catalogados.

Con la lectura del informe del magistrado Alexandre de Moraes comenzó el caso en la primera sala del STF.

De Moraes, como ponente, presentó un resumen de todo lo ocurrido a lo largo del proceso penal y luego cedió la palabra a la Fiscalía General para que presentara sus alegatos finales, considerando todo lo surgido a lo largo del litigio.

T/PL
CELAC

CELAC condena amenazas a Venezuela ante despliegue militar de EEUU en el Caribe

Este lunes, 22 de septiembre, los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se reunieron en Nueva York, Estados Unidos, en el marco del 80 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para fortalecer el multilateralismo y reafirmar la región como una Zona de Paz ante el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe y las amenazas contra Venezuela.

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, en ejercicio de la presidencia pro tempore de la CELAC, lideró la reunión para unificar la voz de América Latina y el Caribe en favor de la convivencia pacífica, cooperación, integración y el respeto mutuo entre las naciones.

El tema central de este encuentro fue el rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe. Los cancilleres también abordaron temas clave de la agenda regional como la transición energética, la seguridad alimentaria, la gestión de riesgos y la migración.

Durante su intervención, el canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció la presencia de buques y un submarino nuclear estadounidense, calificándola como una amenaza para la paz y estabilidad de toda la región, no solo de su país.

Gil agradeció el apoyo de los países miembros de este mecanismo intergubernamental, destacando la importancia de la unidad para defender la Zona de Paz, establecida en 2014 en Cuba por la mayoría de los miembros de la CELAC.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, participó en este encuentro en el que ratificó la disposición de la mayor de las antillas de continuar “colaborando con trabajos de la Comunidad para impulsar avances en áreas de interés regional, con impactos en desarrollo y bienestar de nuestros pueblos”.

Otros representantes de la región, como el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el ministro brasileño Mauro Vieira, coincidieron en la preocupación por la injerencia militar extranjera. De la Fuente subrayó que América Latina debe ser preservada como un territorio de paz, basándose en el respeto a la soberanía, la integridad territorial y el derecho internacional.

Además de la situación geopolítica, los cancilleres avanzaron en la planificación de la IV Cumbre CELAC-Unión Europea, que se celebrará los días 9 y 10 de noviembre. Los líderes regionales expresaron su apoyo a la cumbre y a la Declaración de Santa Marta, actualmente en negociación.

La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, también participó de este encuentro de cancilleres CELAC, donde expresó la solidaridad de Bolivia con el pueblo y el Gobierno de Venezuela, así como con Palestina, en defensa de la paz, la soberanía y la dignidad de los pueblos.

En su intervención, Sosa denunció las medidas de hostigamiento por parte de Estados Unidos contra Venezuela: “Poner precio a la captura de un presidente constitucional es una afrenta a la democracia y a la soberanía. Llenar nuestros mares de buques de guerra es una acción colonialista que no podemos aceptar”, afirmó la funcionaria boliviana.

Por su parte, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, canciller de Guatemala, agradeció a la Presidencia pro tempore de Colombia por la convocatoria y destacó los avances del Plan de Trabajo 2025, considerándolo clave para impulsar una agenda regional pragmática y de resultados.

Martínez Alvarado subrayó la importancia de la cohesión interna de la Comunidad, la concertación política y la construcción de consensos, además de reafirmar su compromiso con la cooperación en áreas como la innovación tecnológica.

La reunión también sirvió para abordar otros asuntos de coyuntura, como la situación en Haití. Los cancilleres reafirmaron el compromiso de sus naciones con el bienestar de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

F/Telesur
Papa-Leon

Papa León XIV exige alto al fuego inmediato y condena situación humanitaria en Gaza

El papa León XIV condenó las condiciones que enfrenta la población palestina en la Franja de Gaza, calificándolas como “inaceptables” y reiteró su llamado urgente a un alto al fuego. La declaración fue emitida durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, donde expresó su respaldo a los civiles afectados por el conflicto armado en el enclave.

“Expreso mi gran cercanía al pueblo palestino en Gaza, que todavía vive con miedo y lucha por sobrevivir en condiciones inaceptables, y es forzado a desplazarse, una vez más, de su tierra”, afirmó el sumo pontífice ante miles de asistentes. El pronunciamiento se suma a sus llamados previos para detener la violencia y garantizar asistencia humanitaria.

Asimismo, días antes, el Papa instó a establecer un alto al fuego permanente, liberar a los prisioneros y permitir el ingreso de ayuda internacional. Estas declaraciones reflejan la posición sostenida por el Vaticano en defensa de los derechos humanos y la paz en zonas de conflicto.

La Santa Sede ha mantenido una postura crítica frente a la escalada militar en Gaza, insiste en la necesidad de soluciones diplomáticas que protejan a la población civil y respeten el derecho internacional. El líder de la Iglesia Católica ha reiterado que la guerra no puede ser el camino para resolver las diferencias entre pueblos.

F/Al Mayadeen
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Sheinbaum condena despliegue militar de EEUU cerca de Venezuela

Frente a la tensión geopolítica entre Venezuela y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al no intervencionismo, a la autodeterminación de los pueblos y a la solución pacífica de las controversias.

En la mañanera de este martes, la mandataria respondió a pregunta sobre el tema luego que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Washington, que elevó la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario y lanzó una supuesta operación antidrogas con militares en el Caribe.

“No al intervencionismo, eso no sólo es convicción sino que está en la Constitución”, apuntó la jefa del Ejecutivo.

Recordó que los principios de política exterior de México —enmarcados en la carta magna— es que el titular del Ejecutivo federal, en este caso la Presidenta, conduzca la política exterior con apego a los principios constitucionales en los que se debe observar: La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

“Lo dice claramente la Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias… La no intervención, todo se resuelve con diálogo”, subrayó la titular del Ejecutivo federal.

F/La Jornada
F/Cuartoscuro
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Venezuela condena a Ecuador por retrasar visas a atletas de voleibol de playa

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de sus Ministerios de Relaciones Exteriores y para el Deporte, ha emitido un comunicado enérgico condenando al Gobierno de Ecuador por retrasar la entrega de visas a la delegación venezolana de voleibol de playa.

La medida ha impedido la participación de los atletas en un clasificatorio mundial que se lleva a cabo en territorio ecuatoriano.

El comunicado, difundido por la cancillería en su canal de Telegram, afirma que «por motivos estrictamente políticos», se ha demorado el otorgamiento de visados a las delegaciones femenina y masculina en la categoría U21.

Esta «lamentable situación», como la describe el Gobierno venezolano, ha tenido como consecuencia la imposibilidad de que los atletas criollos compitan en el torneo, programado del 8 al 10 de agosto.

T/CO
Uribe

Es culpable: Expresidente Álvaro Uribe conocerá su condena completa este viernes

Después de que una jueza de Colombia hallara culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en la audiencia del denominado ‘juicio del siglo’ la jornada anterior, se dio a conocer que anunciarán la condena completa contra el exmandatario el próximo viernes.

Entretanto, se le otorgó una medida de prisión domiciliaria, mientras aguarda la imposición de la pena, que ha sido fuertemente criticada por su defensa, que declara que siempre se ha defendido en libertad y ha atendido cumplidamente a las citaciones de la justicia.

Por su parte, la defensa del senador Iván Cepeda, que fue declarado víctima el año pasado por los daños que le causaron durante el proceso y cuya integridad como parlamentario se vio afectada cuando intentaron relacionarlo con hechos delictivos que no había cometido, respaldó la decisión judicial y la labor de la jueza penal del Circuito de Bogotá Sandra Liliana Heredia, asegurando que actuó con «valentía y honestidad intelectual».

Asimismo, Reinaldo Villalba, uno de los apoderados de Cepeda, sostuvo que, tras 13 años de proceso, el fallo confirma la existencia de una estrategia para desprestigiar a su defendido mediante testigos falsos. En este sentido, aseveró que estaban conformes con la decisión de la justicia y que no apelarán.

No obstante, los defensores del expresidente aseguran que, aunque sienten un «profundo respeto» por la administración de justicia y acatan, esta decisión es errada y van a demostrarlo, alegando que su cliente es inocente.

Antes de conocerse el fallo de este lunes, el abogado titular de Uribe, Jaime Granados, había expresado que su defendido, independientemente del dictamen, no iría a la cárcel porque no existían pruebas ni testigos que sustentaran las denuncias en su contra. Además, de no emitirse una sentencia en segunda instancia antes de octubre, el caso prescribirá y se cerrará sin condena.

Mientras, la Fiscalía General de la Nación, que logró probar más allá de toda duda la culpabilidad de Uribe en ambos cargos, solicitó que se emita una sentencia de 108 meses de prisión para el exmandatario (nueve años), así como una multa de 1.600 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por igual periodo. Desde Caracol Radio precisan que el exmandatario se enfrenta a una posible pena de entre seis y 12 años de cárcel.

Lectura del fallo

Heredia, en decisión de primera instancia, consideró que el expresidente y líder del Centro Democrático, mediante emisarios, ofreció beneficios a personas privadas de libertad con el objetivo de resultar favorecido en otros procesos que la justicia adelantaba en su contra. Asimismo, por manipular testigos para que vincularan a Cepeda con hechos ilegales.

De acuerdo con el fallo, el exmandatario es culpable del delito de soborno en actuación penal porque, a través de su exabogado Diego Cadena, trató de sobornar e incentivar económicamente a varios testigos para que declarasen falsamente ante la justicia.

Aunque los actuales letrados señalaron que el hecho fue cometido a sus espaldas y que Cadena actuó de manera voluntaria; la jueza determinó que Uribe conocía sus acciones en las cárceles del país y que en el juicio quedó «suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de soborno en actuación penal».

Asimismo, Heredia indicó que se configuró el delito de fraude procesal, pues se estaba llevando a cabo una estrategia deliberada de manipulación de la justicia, a través de un memorial elaborado por Cadena y un video entregado por el abogado suplente Juan Felipe Amaya, radicados ante el alto tribunal.

El fallo —como se denomina a este tipo de decisión que determina la culpabilidad o inocencia del procesado— marca un hito en la historia de la justicia colombiana debido a que es la primera vez que un expresidente se enfrenta a una condena tras un juicio penal.

Una investigación entrampada por años

La Fiscalía General de la Nación acusó a Uribe en mayo de 2024 de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, después de que entre 2012 y 2014, el senador Cepeda presentara testimonios de los exparamilitares Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes aseguraban haberse reunido con Uribe durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia. En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública.

En 2018, el tribunal encontró indicios de que Uribe habría manipulado testimonios para incriminar a Cepeda, por lo que en 2020 fue condenado a arresto domiciliario, en el que se mantuvo por 67 días. En ese momento, se desempeñaba como senador y renunció al cargo para no ser juzgado por el Supremo, sino por la justicia ordinaria, a través de la Fiscalía.

Aunque el ente acusador pidió en 2021 la preclusión del proceso, en 2022 dos jueces rechazaron esa solicitud. En 2024, con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, finalmente, el exmandatario fue llamado a juicio, acusado de soborno a testigos, fraude procesal, y un nuevo cargo por soborno. Desde febrero de este año, el caso se ha mantenido bajo constante prescripción.

F/RT
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Fiscalía brasileña pide condena a expresidente Bolsonaro por intento de golpe de Estado

La Procuraduría General de Brasil (PGR) solicitó el lunes al Supremo Tribunal Federal (STF) que condene al expresidente Jair Bolsonaro a más de 40 años de prisión por intento de golpe de Estado, organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y daño a bienes federales.

Los cargos contra el expresidente brasileño forman parte de los alegatos finales presentados en la causa penal que investiga el intento de desestabilización institucional planificado por el círculo íntimo de Jair Bolsonaro.

Según la PGR, el exmandatario encabezaba una organización criminal destinada a desacreditar el sistema electoral, incitar ataques a las instituciones democráticas y articular medidas excepcionales.

Además del expresidente, la fiscalía brasileña también pidió la condena a Mauro Cid (teniente coronel y ex-ayudante de órdenes), Walter Braga Netto (general y exministro), Alexandre Ramagem (diputado y exdirector de la Abin), Almir Garnier (almirante y excomandante de la Marina), Anderson Torres (exministro de Justicia), Augusto Heleno (general y exministro del GSI), y Paulo Sérgio Nogueira (general y exministro de Defensa).

Las acusaciones vinculadas a Mauro Cid, incluyen participación en la planificación de un golpe de Estado, ataques a instituciones (como el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), y la difusión de mentiras sobre el sistema electoral.

Cada uno de los exministros, militares y aliados cercanos de Jair Bolsonaro están siendo imputados de los delitos de organización criminal armada, intento de abolir el Estado democrático de derecho y golpe de Estado.

También están siendo juzgados por daños calificados contra el patrimonio federal. Cada uno de los imputados podrían ser sentenciados a más de 40 años de prisión.

La PGR marcó el lunes el inicio de la etapa final del proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados, por una supuesta tentativa de golpe de Estado para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

Esta fue la última oportunidad para que la acusación y las defensas presenten sus argumentos, analicen las pruebas y refuercen sus posturas a favor de la condena o absolución del expresidente y el resto de imputados.

Durante la fase de instrucción, la fiscalía recogió declaraciones que se esperan sean decisivas en la evaluación final.

F/Telesur