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Viceministerio de Asuntos Religiosos alcanza 90% de atención en cárceles

Por medio de un programa de atención integral que busca la redención social de los internos, el Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos logró una cobertura del 90% en las entidades penitenciarias del país, así lo informó el viceministro de esta cartera, Edgar Arteaga, durante un encuentro de voluntarios en el complejo cultural y deportivo “Guayana Esequiba”, donde destacó que la meta institucional es alcanzar el 100% de los centros de reclusión en el corto plazo.

El funcionario puntualizó que, desde la creación de este despacho por parte del presidente Nicolás Maduro el 29 de enero de 2025, se han ejecutado mil 200 jornadas nacionales que permitieron un cambio radical en la vida de los privados de libertad gracias al apoyo activo de diversas iglesias.

Arteaga sostuvo que la labor religiosa ha sido un ejemplo de esperanza y aseguró que Venezuela se posiciona hoy como un referente internacional al ofrecer un acompañamiento que garantiza la reincorporación del individuo a su núcleo familiar.

Por su parte, el viceministro de Formación Educativa y Asuntos Sociales, José Miguel Muñoz, explicó que la transformación del sistema no solo abarca el plano espiritual, sino que incluye mejoras estructurales y programas educativos de alto impacto. En este sentido, Muñoz presentó el Plan Especial Conjunto Dimas, el cual se enfoca en brindar atención integral y fortalecimiento moral a los jóvenes que egresan bajo el régimen de libertad asistida.

Finalmente, las autoridades resaltaron que estos esfuerzos interinstitucionales cuentan con el respaldo de la Vicepresidencia Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz para consolidar un sistema penitenciario más humano.

Los representantes gubernamentales recalcaron que el objetivo final de estos planes es ofrecer herramientas reales de superación que eviten la reincidencia y promuevan una cultura de paz en toda la sociedad. De esta manera, el programa Dimas y las jornadas de culto se establecen como los pilares fundamentales para la redención y la formación de los ciudadanos que buscan una nueva oportunidad tras cumplir sus procesos judiciales.

F/MPPIJP
Carcel israeli

Denuncian torturas sistemáticas a más de 9.300 palestinos en cárceles israelíes

El Club de Prisioneros Palestinos realizó una grave denuncia sobre la situación de miles de detenidos, destacando la existencia de 3.358 personas bajo el régimen de detención administrativa. Esta normativa, rechazada por organismos internacionales de derechos humanos, permite a las fuerzas de ocupación encarcelar a palestinos por períodos prolongados sin presentar pruebas, cargos ni celebrar juicios.

Asimismo, se reportó que al menos 1.249 gazatíes permanecen bajo la figura de combatientes ilegales, una categoría jurídica utilizada por Israel para evadir las protecciones establecidas en las convenciones internacionales sobre el trato a prisioneros de guerra. Los testimonios recogidos confirman que los prisioneros son privados de derechos básicos, enfrentando restricciones estrictas para salir al patio, hacinamiento y una alimentación deficiente que no cubre las necesidades nutricionales mínimas.

Israel aplica una política de castigo colectivo

Estas violaciones diarias forman parte de una política de castigo colectivo que busca quebrar la voluntad del pueblo palestino mediante el aislamiento y el deterioro físico de sus ciudadanos encarcelados. Organizaciones como B’Tselem calificaron estos recintos como verdaderos campos de tortura, describiendo un escenario de infierno en la Tierra donde el abuso físico y psicológico es la norma.

Desde octubre de 2023 hasta finales del año pasado, se registró la muerte de al menos 84 palestinos bajo custodia, víctimas de palizas brutales, descargas eléctricas, ataques con perros y agresiones sexuales. La denuncia subraya que la tortura se convirtió en una política oficial y declarada del Estado de Israel, que utiliza métodos degradantes como la desnudez forzada y el confinamiento solitario para profundizar el asedio contra la población civil en los territorios ocupados.

Violencia sin precedentes en Cisjordania ocupada

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por la continuidad de una violencia sin precedentes en Cisjordania ocupada, alertando sobre la existencia de una guerra silenciada que cobró la vida de más de mil personas, de las cuales una cuarta parte eran menores de edad. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció que los ataques de los colonos israelíes continúan sin cesar, mientras que las propias instalaciones de la agencia en Jerusalén oriental fueron demolidas e incendiadas por las fuerzas de ocupación.

El organismo advirtió que se normalizó un flagrante desprecio por el derecho internacional humanitario, exacerbado por el corte de servicios básicos como agua y electricidad. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina alertó sobre una nueva escalada colonialista tras el anuncio de la construcción de una carretera de circunvalación en los alrededores de la ciudad de al-Eizariya.

El portavoz presidencial, Nabil Abu Rudeineh, denunció que esta infraestructura forma parte del proyecto de asentamiento E1, diseñado para profundizar la fragmentación territorial y obligar a las comunidades palestinas a utilizar rutas segregadas. Esta estrategia de aislamiento busca consolidar el control sobre Jerusalén y restringir la libre circulación, socavando sistemáticamente los esfuerzos internacionales por frenar la agresión y aislando aún más a la población civil bajo un régimen de apartheid vial.

Hay que detener el exterminio en la franja de Gaza

La dirigencia palestina reiteró su disposición a apoyar cualquier iniciativa que detenga el exterminio en la Franja de Gaza y la ofensiva en Cisjordania, exigiendo el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Tel Aviv mantiene una política sistemática de incursiones militares, demoliciones de viviendas y detenciones arbitrarias que han provocado un deterioro humanitario catastrófico en toda la nación árabe.

Estas acciones, enmarcadas en una campaña genocida, demuestran que la expansión de los asentamientos y el bloqueo criminal son herramientas fundamentales del proyecto de ocupación que ignora los principios de la legalidad internacional y la supervivencia del pueblo palestino.

F/Telesur