El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncia impunidad tras la absolución de la pena judicial a Álvaro Uribe, pues considera que esta decisión contradice las decisiones judiciales anteriores. “El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, añadió.
La decisión judicial por la cual se revoca la histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria que pesaba sobre el expresidente colombiano por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal implica su inmediata libertad, lo cual, para Gustavo Petro, sirve para tapar los vínculos entre la clase política y el paramilitarismo.
En este sentido, el presidente Petro escribió en sus redes sociales, que el nuevo fallo sirve para ocultar “la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”.
La reacción del presidente colombiano ocurrió luego de que la sala penal que absolvió a Uribe —compuesta por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto— consideró que no existían pruebas suficientes para sustentar la condena impuesta en primera instancia el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia. Aquel fallo había marcado un hito sin precedentes: era la primera vez que un expresidente de ese país era condenado a prisión.
Detalles del caso Uribe
El origen de este caso se remonta a 2012, cuando Uribe, entonces senador, denunció al también senador Iván Cepeda por supuestamente manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares.
La Corte Suprema de Justicia no solo archivó la denuncia de Uribe, sino que invirtió los papeles: encontró indicios de que el expresidente y su equipo habían montado un entramado para sobornar y presionar a testigos para que retractaran sus declaraciones o difamaran a Cepeda.
La pieza central de la investigación fue Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que acusó a Uribe de haber promovido la creación del Bloque Metro de las AUC. Monsalve declaró luego que fue instigado para cambiar su testimonio. Tras esta manipulación estuvo, según la justicia, el exabogado de Uribe, Diego Cadena, quien fue condenado el mes pasado a siete años de prisión por soborno y manipulación de testigos.
La condena de primera instancia a Uribe en agosto pasado parecía ser la culminación de este largo proceso. Sin embargo, la apelación de su defensa encontró eco en el Tribunal Superior de Bogotá, que ha devuelto al expresidente a la libertad y a la primera línea de la política nacional.
Pese a la absolución, Miguel Ángel del Río Malo, abogado que representa a las víctimas del conflicto en este proceso, fue contundente en la red social X: «Nos vemos en Casación. Esta batalla no ha terminado», lo que indica que la Fiscalía y las partes acusadoras llevarán el caso ante la Corte Suprema de Justicia, la misma que inició la investigación hace años, en una última instancia que promete prolongar esta batalla legal.
