Yvan-Gil

Canciller Gil recuerda “uno de los actos de piratería judicial más inauditos de la historia moderna”

Al cumplirse siete años del embargo petrolero impuesto por Estados Unidos contra Venezuela, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, denunció lo que calificó como uno de los episodios más graves de agresión económica en la historia contemporánea.

“El 28 de enero de 2019 comenzó uno de los actos de robo, criminalidad y piratería judicial más inauditos de la historia moderna”, recordó el canciller en un mensaje difundido a través de su canal de Telegram, al referirse a las sanciones aplicadas por Washington con el objetivo de asfixiar la economía venezolana.

Gil señaló que, a partir de esa fecha, se activó “un entramado de sanciones y un sistema judicial al servicio de intereses corporativos” orientado a la incautación de CITGO, el principal activo venezolano en el exterior, para distribuirlo entre fondos buitre, corporaciones energéticas y acreedores.

Asimismo, hizo referencia al proceso que actualmente se desarrolla en Estados Unidos para la venta de la filial petrolera, el cual —aseguró— se encuentra en su fase final como consecuencia de la actuación de un sector extremista de la oposición venezolana.

Según el jefe de la diplomacia nacional, ese grupo político solicitó abiertamente el estrangulamiento económico del país y facilitó el despojo de bienes que, por razones de soberanía, pertenecen al pueblo venezolano.

T/CO
VZLA-ONU

Venezuela denuncia ante la ONU el impacto humanitario de las sanciones impuestas por EE. UU. y la Unión Europea

Durante el 60° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se desarrolla en Ginebra del 8 de septiembre al 8 de octubre, la delegación venezolana elevó una firme denuncia sobre los efectos devastadores que las medidas coercitivas unilaterales (MCU) impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea han tenido sobre la población venezolana. Estas acciones constituyen violaciones graves al derecho internacional y representan una forma moderna de agresión económica.

En el Panel sobre el impacto de las MCU en el derecho a la alimentación, promovido por el Movimiento de Países No Alineados, los representantes venezolanos expusieron que desde 2014 las sanciones buscan desestabilizar al país mediante el bloqueo financiero y comercial. Afirmaron que estas medidas, además de impedir el acceso a alimentos, medicinas y recursos esenciales, son parte de una estrategia orientada a forzar un cambio político por vías no democráticas.

Venezuela, respaldada por el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, presentó una declaración conjunta que exige el cese inmediato de las sanciones unilaterales.

En el documento, se enfatiza que las MCU son “armas de guerra económica” que vulneran el disfrute de todos los derechos humanos, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.

Asimismo, la delegación nacional participó en el Diálogo Interactivo con la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan. En ese espacio, expusieron los daños acumulados por años de restricciones financieras, el bloqueo de activos y la persecución a empresas estatales, que obstaculizan el desarrollo económico y social de Venezuela.

Finalmente, los representantes venezolanos reiteraron que la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos debe prevalecer sobre las políticas de presión y dominación. Enfatizaron que las sanciones no solo lesionan los derechos humanos de millones de personas, sino que atentan contra los principios fundacionales del sistema multilateral y la convivencia pacífica entre naciones.

T/CO