Una corte federal de apelaciones de los EEUU dictaminó el martes que la administración de Trump no puede acelerar las deportaciones de migrantes acusados de ser supuestos «miembros» de la banda venezolana Tren de Aragua utilizando una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
En una decisión de 2 a 1, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU se puso del lado de los abogados de derechos de los inmigrantes y de los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no fue creada para ser utilizada contra pandillas como el Tren de Aragua.
«El uso de la administración de Trump de un estatuto de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente detenido por la corte», dijo Lee Gelernt, quien argumentó el caso para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). «Esta es una decisión de importancia crítica que frena la visión de la administración de que simplemente puede declarar una emergencia sin ninguna supervisión por parte de los tribunales».
La Ley de Enemigos Extranjeros se utilizó anteriormente solo tres veces en la historia de EEUU, y todas ocurrieron durante guerras declaradas: la Guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales.
Una corte federal de apelaciones bloqueó a la administración de Trump para que no utilizara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones de presuntos miembros de la banda Tren de Aragua.
La administración de Trump afirmó que los tribunales no pueden cuestionar la determinación del presidente de que el Tren de Aragua estaba conectado con el gobierno de Venezuela y representaba un peligro para EEUU, lo que, según argumentó, justificaba el uso de la ley.
La administración deportó a presuntos miembros del Tren de Aragua a una megaprisión en El Salvador donde, según los funcionarios, los tribunales de EEUU no podían ordenar su liberación.
Más de 250 de los migrantes deportados regresaron a Venezuela bajo un acuerdo anunciado en julio.
En una decisión de 2 a 1, la corte concedió la orden judicial preliminar solicitada por los demandantes porque «no encontró ninguna invasión o incursión depredadora» en este caso.