El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó ayer que el Gobierno de España solicitará oficialmente a la Unión Europea la retirada de las medidas restrictivas impuestas a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía.
“Las sanciones no son un fin en sí mismas, sino un instrumento para propiciar un diálogo amplio, pacífico y democrático. Si hay avances, la Unión Europea también debe acompañarlos”, señaló el ministro en declaraciones desde Barcelona, donde destacó que la normativa fue avalada por unanimidad como una señal de que el país transita hacia la consolidación de su convivencia interna.
El titular de Exteriores defendió que la Unión Europea envíe un signo claro de reconocimiento al proceso de reconciliación nacional mediante el levantamiento de las restricciones sobre la Presidenta encargada.
“Cuando la Unión Europea -explicó- establece sanciones individuales siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto(…)Es fundamental acompañar en este momento a Venezuela”, agregó.
“Es muy positivo que la ley se haya aprobado por unanimidad, con el respaldo de diversos sectores. Animamos a Delcy Rodríguez a perseverar en la creación de condiciones que faciliten el reencuentro de todos los venezolanos”, añadió Albares, para quien la normativa garantiza la justicia al excluir delitos de especial gravedad, asegurando así la integridad y soberanía del Estado.
Albares recordó, además, que los canales de diálogo deben permanecer abiertos para acompañar este momento clave de la política venezolana.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, utilizó una entrevista con la cadena estadounidense MSNBC para enviar un mensaje directo al presidente Donald Trump y a los legisladores de Washington: la disposición al diálogo existe, pero solo si se aborda a Irán con respeto.
«El mensaje es que las anteriores administraciones estadounidenses han hecho casi todo lo posible en nuestra contra: guerra, sanciones, el mecanismo de restablecimiento y todo lo demás. Pero nada funcionó», declaró Araghchi al ser cuestionado sobre qué le diría al presidente Trump y a los miembros del Congreso, considerando que el mandatario estadounidense frecuentemente sigue este tipo de programas.
El canciller iraní enfatizó la postura de principios de la República Islámica: «Si hablan con el pueblo iraní con lenguaje de respeto, responderemos con el mismo lenguaje. Pero si nos hablan con lenguaje de fuerza, responderemos de la misma manera. Creo que los iraníes han demostrado ser un pueblo digno. Solo respondemos con el lenguaje del respeto. Esta es la forma en que deben dirigirse a nosotros, y verán el resultado».
La diplomacia es la única vía
Durante la entrevista, Araghchi recordó un episodio que, según sus palabras, demuestra la capacidad defensiva de Irán: «Creo que la vez pasada quedó demostrado que Irán es capaz de defenderse de la mejor manera posible. Después de la Guerra de 12 Días, nuestros enemigos no tuvieron más opción que solicitar un alto el fuego incondicional».
El ministro advirtió que cualquier nueva agresión encontrará la misma respuesta: «Si vuelven a hacerlo, la situación será la misma». Sin embargo, tendió un puente hacia la diplomacia: «Si buscan un acuerdo, si quieren una solución para el programa nuclear de Irán, si quieren asegurarse de que el programa nuclear de Irán es pacífico y seguirá siéndolo para siempre, la única solución es la negociación diplomática y alcanzar una solución diplomática».
Abordando la compleja relación bilateral con EE.UU., el ministro destacó: «Primero que nada, no consideramos al pueblo estadounidense como nuestro enemigo. Consideramos hostiles las políticas del Gobierno de Estados Unidos contra Irán. Cuando cesen esas hostilidades, tal vez podamos empezar a pensar en un tipo de relación diferente».
Tensiones entre EE.UU. e Irán
A comienzos de enero se produjo una escalada entre Washington y Teherán, tras la amenaza de intervención militar lanzada por Trump, en un contexto de protestas internas en Irán.
Aunque luego las manifestaciones cesaron, EE.UU. mantuvo la presión, redirigiendo su argumento hacia los programas nuclear y de misiles de Teherán.
El pasado 6 de febrero se celebró en Mascate, Omán, la primera jornada de contactos indirectos entre EE.UU. e Irán sobre la cuestión nuclear. Tras el encuentro, Trump aseveró que «Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo». Por su parte, Teherán describió el ambiente como «positivo» y confirmó la voluntad de mantener el canal de diálogo abierto. Una nueva jornada de conversaciones se celebró el martes en Ginebra, Suiza.
Al mismo tiempo, desde la nación persa han asegurado repetidamente que están preparados para responder a cualquier «error estratégico» de EE.UU. con golpes «pesados». Además, han advertido que un cese completo del enriquecimiento de uranio es «absolutamente inaceptable» para Irán.
Donald Trump advirtió este jueves que «cosas malas» podrían ocurrirle a Irán si no se alcanza un acuerdo con Washington y dio a Teherán un plazo de entre 10 y 15 días, que calificó como el «máximo» para lograrlo. Sin entrar en detalles sobre un eventual ataque militar, aseguró que Estados Unidos «va a conseguir un acuerdo de una forma u otra» y que, de no lograrse, «será desafortunado para ellos».
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debería enfrentar cualquier proceso judicial en su propio país y no en el extranjero, tras su secuestro en Caracas el 3 de enero por fuerzas estadounidenses y posterior traslado ilegal a Nueva York. “Si tiene que ser juzgado, debe ser en su país, no en el extranjero”, sostuvo.
Durante la Cumbre sobre Inteligencia Artificial celebrada en India, el jefe de Estado brasileño declaró al medio India Today TV que no puede aceptarse que un presidente sea detenido por otro país, al tiempo que reiteró la importancia de respetar el principio de soberanía. A su juicio, cualquier actuación judicial debe enmarcarse en el derecho interno de cada nación.
Lula subrayó que, más allá de las acusaciones formuladas por la actual administración de Estados Unidos, corresponde a las instituciones venezolanas determinar, si existieran, las responsabilidades legales que puedan derivarse. En ese contexto, insistió en que lo prioritario es “restablecer la democracia en Venezuela” mediante mecanismos institucionales y sin injerencias externas.
El mandatario comparó la situación con casos de ciudadanos brasileños procesados fuera de su territorio y afirmó que, en su opinión, deberían responder ante la justicia de Brasil. Sostuvo que la cooperación internacional debe construirse sobre el respeto mutuo entre Estados y la no intervención.
Asimismo, informó que planea presentar una propuesta formal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien prevé reunirse próximamente en Washington. Indicó que en ese encuentro abordará temas como el crimen organizado, el narcotráfico y la gestión de minerales estratégicos, dentro de un marco de diálogo bilateral.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea (UE) que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La iniciativa surge tras aprobación de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (AN) este jueves.
«Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos«, declaró Albares en declaraciones a la prensa.
Asimismo, mencionó que cuando la Unión Europea establece sanciones individuales «siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto». Sin embargo, recordó que el presidente contitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, también recibió sanciones por parte del bloque.
Al referirse a Ley de Amnistía, la describió como «una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado», y se mostró confiado en que sea «lo más amplia posible» y que sirva para que «los presos salgan a la calle», a la par que animó a Rodríguez a «seguir dando pasos en esa dirección».
«Es una buena señal que se haya aprobado por unanimidad, con todos los votos, también los de la oposición», subrayó el ministro español, quien también señaló que «es fundamental acompañar en este momento a Venezuela».
Diálogo y reconciliación
Las autoridades ya aplicaron esta medida tres veces en el pasado.
Se aplicó por primera vez en el período presidencial del comandante Hugo Chávez Frías (1999–2013), siendo el hito más significativo en materia de reconciliación política el Decreto emitido a finales de 2007.
La segunda etapa de estas medida se desarrolló bajo la gestión del presidente Nicolás Maduro Moros (2013–Presente), como una herramienta predilecta para facilitar procesos de diálogo con diversos sectores de la sociedad.
En la actualidad, la iniciativa avanza de la mano de la actual Mandataria encargada de la nación bolivariana, quien pidió en esta tercera etapa que la misma “sea una ley que sirva para reparar las heridas que dejó la confrontación política, desde la violencia y el extremismo”.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que los Gobiernos de Colombia y Venezuela decidieron llevar a cabo muy pronto una reunión binacional entre jefes de Estado, después de haber tenido una conversación telefónica con Gustavo Petro, su homólogo neogranadino.
Delcy Rodríguez declaró en su cuenta de Telegram que la finalidad de esta reunión sería “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.
Para el bienestar de nuestros pueblos, continuamos fomentando una relación de comprensión y beneficios mutuos, sostuvo.
El presidente constitucional Nicolás Maduro, en agosto de 2022, declaró la creación de una Zona Binacional Uno con la nación neogranadina. Esta zona se extiende desde Castilletes, al norte colombiano, hasta el estado Táchira, al suroeste de Venezuela.
El propósito de esta iniciativa era utilizar la frontera en común para fortalecer la seguridad, el comercio y los desplazamientos de un lado a otro.
Entonces, el gobernante bolivariano afirmó: «El propósito es consolidar una poderosa zona de paz, convivencia y unión colombo-venezolana«.
Tres áreas binacionales comparten los dos Estados, las cuales están localizadas en Zulia y Táchira, en Apure y en la Amazonía de Venezuela.
La Cancillería de Venezuela catalogó de unilateral, inviables e ilegítimas las acciones de Guyana en torno a la Guayana Esequiba e instó a ese país al diálogo con el objetivo de dar solución a la controversia, en el marco del aniversario 60 del Acuerdo de Ginebra de 1966.
«Ha quedado claramente comprobado que la ruta que ha elegido el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, una ruta de manera unilateral, es una ruta inviable, es una ruta ilegal, es una ruta ilegítima, una ruta que no representa el espíritu del Acuerdo de Ginebra firmado entre las partes», afirmó el ministro venezolano de Exteriores, Yván Gil.
El canciller instó al apego al derecho internacional, la legalidad, la Carta de las Naciones Unidas y los «valores que rigen la convivencia entre las naciones», destacando que solo mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966 puede encontrarse una solución al conflicto guyanés-venezolano.
«Los pueblos de Guyana y de Venezuela estamos seguros de que más temprano que tarde encontraremos la solución, la definición de esta controversia en un mecanismo de consulta directa, como manda este acuerdo del que celebramos hoy el 60 aniversario y que esperamos que más pronto que tarde sea la solución«, dijo.
Venezuela ha rechazado la instrumentalización de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia, señaló Gil, reafirmando el rechazo de Caracas por otorgar jurisdicción en la solicitud a dicho organismo, postulado desde su inicio por la República Cooperativa de Guyana.
«La Corte Internacional de Justicia no tiene competencia alguna para dirimir la controversia entre Guyana y Venezuela por el territorio de la Guayana. El único instrumento jurídicamente vinculante y válido es el Acuerdo de Ginebra», recalcó el jefe de la diplomacia venezolana.
Enfatizó que el acuerdo de 1966 «abre las puertas a una negociación directa» y satisfactoria entre las partes, y reiteró que Caracas impulsa desde hace 60 años la «solución pacífica de la controversia a través del diálogo directo».
Acuerdo de Ginebra de 1966
El pasado 17 de febrero, con la consigna «¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo!», el Estado venezolano ratificó que continuará defendiendo su integridad territorial mediante la diplomacia bolivariana de paz, exigiendo el cumplimiento estricto de lo pactado hace seis décadas para garantizar un futuro de justicia y respeto a la soberanía nacional.
El 17 de febrero de 1966 se firmó en Suiza el Acuerdo de Ginebra, un instrumento internacional debidamente registrado ante la ONU que buscó resolver la controversia sobre la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana Británica.
El tratado reivindicó el reclamo venezolano para recuperar los 159.542 kilómetros cuadrados expoliados mediante el fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899, el cual fue producto de un fraude procesal denunciado incluso por el abogado Severo Mallet-Prevost.
Al suscribir el acuerdo en los años 60, las partes aceptaron declarar nulo e írrito aquel fallo imperial y se comprometieron a establecer una solución práctica y satisfactoria mediante la negociación directa, reconociendo que este territorio forma parte integral de Venezuela desde la época de la Capitanía General.
Durante estas seis décadas, Venezuela ha demostrado su compromiso con la paz y la buena fe, incluso tras el Protocolo de Puerto España, en 1970, el cual buscó mejorar las relaciones con la recién independizada República Cooperativa de Guyana. Sin embargo, el Gobierno guyanés optó por desconocer el espíritu del tratado, especialmente desde el año 2015, tras el descubrimiento de yacimientos petrolíferos por la transnacional ExxonMobil.
Esta empresa ha financiado campañas para presentar a Venezuela como un país agresor, presionando a Georgetown para internacionalizar el conflicto y llevarlo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una instancia que carece de jurisdicción ya que el Acuerdo de Ginebra excluye cualquier mecanismo de solución judicial unilateral y obliga a la negociación bilateral.
La conducta negacionista de los Gobiernos guyaneses facilitó una explotación ilícita y abusiva de recursos en espacios marítimos y terrestres que se encuentran en reclamación, violentando flagrantemente el derecho internacional.
La Gendarmería y la Policía Federal de Argentina reprimieron este jueves con carros lanza agua y gases lacrimógenos a cientos de personas que se manifestaban en las inmediaciones del Congreso de la Nación en rechazo a la reforma laboral que esta siendo debatida por la Cámara de Diputados. Durante la jornada, las centrales sindicales del país llevaron a cabo un paro nacional en rechazo a la iniciativa legislativa.
El operativo represivo ordenado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sometió a los ciudadanos con intervenciones desproporcionadas que limitaron su derecho a la protesta, esto pese a que la concentración era mayoritariamente pacífica. Los manifestantes advirtieron que «En lugar de tender puentes hacia la formalidad, la propuesta del Gobierno libertario profundiza la desregulación y la precarización laboral».
Frente al abuso de autoridad y en defensa propia, los manifestantes lanzaron de vuelta los cartuchos de gas lacrimógeno con los que los agentes de seguridad habían agredido a los ciudadanos.
Los incidentes se iniciaron cerca de las 16H30, cuando manifestantes comenzaron a intentar derribar las vallas de seguridad que delimitaban el perímetro de su protesta. La concentración buscaba visibilizar y exigir el cumplimiento de derechos laborales fundamentales.
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Inicialmente, se emplearon cañones de agua para dispersar a los ciudadanos congregados. Esta acción fue calificada por los presentes como una medida desproporcionada para frenar la manifestación.
Minutos después, la situación escaló significativamente. Efectivos de la Gendarmería Nacional reemplazaron los chorros de agua por el lanzamiento masivo de gases lacrimógenos sobre la multitud.
Cabe destacar que, tras la media sanción que recibió la ley de reforma laboral en el Senado, ahora el foco de atención es la Cámara de Diputados, donde se debate la propuesta libertaria que establece la modificación de las indemnizaciones, la eliminación de las horas extras, el debilitamiento de la negociación colectiva y la restricción del derecho a huelga.
Los sindicatos argentinos denuncian que lo que el Gobierno de Javier Milei llama “modernización” es, en los hechos, más precarización.
Huelga general contra la reforma
El paro nacional en Argentina convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei registró este jueves 19 de febrero un nivel de acatamiento casi total. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) promediaron la inactividad en 98 por ciento a nivel nacional.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó la legislación propuesta por el Gobierno ultraderechista, calificándola de «criminal» y asegurando que la quita de derechos no generará nuevos puestos de trabajo. Por su parte, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, calificó la adhesión como «importantísima», destacando que el cese de actividades comenzó a percibirse desde la noche previa en los sectores industriales.
El sector transporte fue uno de los pilares del paro, con una paralización casi total de trenes, subtes y vuelos comerciales. Si bien la Unión Tranviario Automotor (UTA) se sumó a la medida, en el Área Metropolitana de Buenos Aires se observó un funcionamiento parcial de colectivos debido a la decisión del Grupo DOTA de no adherirse, sumado a servicios mínimos de las empresas Metropol y Moqsa.
Pese a estas excepciones, la falta de movilidad generalizada ha condicionado la actividad urbana, reforzada por la inactividad en el sector aerocomercial tras la decisión de gremios como la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) de paralizar las tareas en Aerolíneas Argentinas.
En las dependencias públicas solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en organismos como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mientras que sectores como la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas comenzaron a verse afectados.
Reforma regresiva para la clase obrera
Entre otros puntos,la iniciativa autoriza el fraccionamiento de vacaciones, extiende el periodo de prueba en sectores vulnerables como el trabajo rural y doméstico, y crea un polémico Fondo de Asistencia Laboral que reemplaza las indemnizaciones tradicionales.
La precariedad se profundiza en el sector de plataformas digitales, donde los empleados son catalogados como independientes, perdiendo derechos fundamentales como el aguinaldo y las vacaciones pagas, mientras se propone la derogación de estatutos profesionales, incluyendo el del periodista.
Irán fue electo vicepresidente del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y miembro de su buró, en una votación formal este jueves en Nueva York.
La elección se produjo durante una reunión celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde los Estados miembros acordaron la nueva composición del buró del Comité Especial.
La República Islámica de Irán ejercerá la vicepresidencia del órgano, además de ocupar un asiento en su mesa directiva, instancia encargada de coordinar las deliberaciones y el desarrollo de sus trabajos.
Creado en 1974, el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas examina cuestiones relacionadas con la aplicación e interpretación del documento fundacional de la ONU. Su mandato contempla el análisis de propuestas destinadas a reforzar la eficacia del organismo multilateral conforme a los principios establecidos en la Carta.
Entre sus principales responsabilidades figuran el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la promoción del arreglo pacífico de controversias y el fortalecimiento del desarrollo y la aplicación del derecho internacional.
En un contexto marcado por crecientes tensiones geopolíticas y cuestionamientos al orden internacional basado en normas, el Comité Especial constituye un foro jurídico orientado a salvaguardar la igualdad soberana de los Estados y la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza.
La designación de Irán en la vicepresidencia del comité se produce en un momento en que diversos países subrayan la necesidad de fortalecer el multilateralismo y preservar la credibilidad del sistema jurídico internacional.
La elección de Irán sigue a otra votación que nombró al país persa como vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la ONU. El representante iraní Abás Tayik asumirá una de las vicepresidencias en el 65.º período de sesiones del órgano.
Una explosión de un camión cargado con gas licuado dejó al menos cuatro personas fallecidas y 17 heridos al noroeste de Santiago de Chile.
Cinco personas resultaron lesionadas de gravedad y están en estado crítico. El siniestro ocurrió a las 8:22 de la mañana en la intersección de Ruta 5 Norte con General Velásquez, cuando un camión de la empresa Gasco perdió el control, chocó contra una barrera y volcó, según informó el general de Carabineros de Chile Víctor Vielma.
El fuego alcanzó entre siete y nueve vehículos, cifra que detalló el gobernador metropolitano Claudio Orrego.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres confirmó el balance preliminar y advirtió que el número de heridos podría subir.
La densa columna de humo cubrió varios sectores cercanos y obligó a reforzar las labores de control y mitigación de las llamas.
El presidente Gabriel Boric, quien cumple agenda oficial en Isla de Pascua, habló con el alcalde Claudio Castro y aseguró apoyo estatal.
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza, dijo que “ha sido muy complejo controlar este incendio”.
El Reino Unido no ha autorizado a Estados Unidos a utilizar bases militares situadas en su territorio para lanzar un eventual ataque contra Irán, según informó el diario The Times. La negativa responde a preocupaciones sobre una posible vulneración del derecho internacional en caso de una ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump.
De acuerdo con el medio británico, la Casa Blanca estaría elaborando planes que contemplan el uso de la base estadounidense en el atolón de Diego García —territorio británico de ultramar reclamado por Mauricio— así como de RAF Fairford, en Gloucestershire, donde se encuentran bombarderos pesados de EE.UU. desplegados en Europa. Sin embargo, ambos emplazamientos requieren el consentimiento previo del Gobierno británico para cualquier operación militar.
Los acuerdos bilaterales entre Londres y Washington establecen que estas instalaciones solo pueden emplearse en misiones previamente pactadas. Además, el marco jurídico internacional señala que no existe distinción entre el Estado que ejecuta un ataque y aquel que lo respalda si tiene “conocimiento de las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito”, un aspecto que habría influido en la cautela británica.
En paralelo, Trump manifestó en Truth Social que, “si Irán decide no llegar a un acuerdo, puede ser necesario que EE.UU. utilice a Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford, para erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso”. El mandatario agregó que esa amenaza “podría perpetrarse contra el Reino Unido, así como otros países amigos” y aseguró que su país está preparado para actuar.
Las tensiones entre Washington y Teherán se intensificaron a comienzos de enero, tras advertencias de intervención militar en medio de protestas internas en Irán. Aunque las manifestaciones disminuyeron, EE.UU. mantuvo la presión, centrando sus argumentos en el programa nuclear y de misiles iraní. El 6 de febrero se celebraron contactos indirectos en Mascate, Omán, y posteriormente en Ginebra, Suiza, con ambas partes describiendo el diálogo como constructivo.
Mientras tanto, Irán ha reiterado que responderá a cualquier “error estratégico” con represalias “pesadas” y considera “absolutamente inaceptable” un cese total del enriquecimiento de uranio. En el plano militar, EE.UU. ordenó el despliegue del portaviones USS Gerald R. Ford a Oriente Medio, sumándose al USS Abraham Lincoln, mientras el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica realizó maniobras en el estrecho de Ormuz.
Trump, por su parte, afirmó que “Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo”, aunque advirtió: “Tenemos que llegar a un acuerdo significativo, de lo contrario, sucederán cosas malas”. El presidente sostuvo que decisiones pasadas, incluidos ataques con bombarderos B-2 contra instalaciones nucleares iraníes, contribuyeron a la estabilidad regional y anticipó que en “los próximos diez días” podría definirse el rumbo de la situación.
