La Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza este jueves una jornada de trabajo del Obraton para supervisar los avances en la inauguración y entrega de proyectos de alto impacto social en diversas entidades del país. Este despliegue, coordinado por la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, tiene como objetivo central la consolidación de los servicios esenciales y el fortalecimiento de la infraestructura pública para el vivir bien de los venezolanos.
La Presidenta Encargada inspecciona y pone en marcha importantes obras en los estados Miranda, Yaracuy y Carabobo. Esta jornada abarca sectores estratégicos como la optimización del sistema hídrico nacional, la recuperación de la red de vialidad terrestre y el acceso a viviendas dignas, políticas que representan los pilares de la protección social del Gobierno Bolivariano.
La actividad cuenta con la participación activa de los ministros de Atención de las Aguas, Transporte, y Hábitat y Vivienda, junto a los gobernadores de cada entidad, quienes han supervisado la ejecución de estas soluciones estructurales. Con estas acciones, la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez reafirma el compromiso del Ejecutivo Nacional con la eficiencia en los servicios públicos y el desarrollo integral de la Patria.
El Gobierno Nacional inició la liberación inmediata de un grupo de personas que se encontraban privadas de libertad por su vinculación con distintos hechos contra el Estado venezolano, informó el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez.
Desde el Palacio Federal Legislativo, Rodríguez precisó que las excarcelaciones se están realizando en este momento y forman parte de los esfuerzos orientados a fortalecer la unión nacional y la convivencia pacífica entre los venezolanos.
“Considérese este gesto del Gobierno Bolivariano, de amplia intención en la búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en la búsqueda de la prosperidad”, expresó.
El también jefe de los Procesos de Diálogo y Paz subrayó que la medida responde a una decisión soberana del Ejecutivo Nacional, orientada a propiciar un clima de entendimiento y estabilidad política.
En ese sentido, Rodríguez afirmó que se trata de un gesto unilateral del Gobierno, enmarcado en la voluntad de avanzar hacia el acuerdo nacional y el fortalecimiento de la paz.
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles al Parlamento venezolano promover una «Ley para sanar las heridas del extremismo», con el objetivo de fomentar la paz y la conciencia política, económica y social.
Durante el acto oficial de notificación del inicio del periodo legislativo 2026-2031, Rodríguez destacó la necesidad de un instrumento jurídico que garantice la tranquilidad social:
«Una ley que permita a los venezolanos y a las venezolanas tener conciencia absoluta de lo que significa la paz para un país, de lo que significa la tranquilidad política, económica, social, de lo que significa la convivencia», expresó.
La mandataria puntualizó que «no se pueden permitir expresiones sociales, políticas, económicas, extremistas ni fascistas», que han derivado «situaciones muy peligrosas para el país», por lo que, instó a tener programas de paz y convivencia en todos los sectores de Venezuela.
Explicó que los factores extremistas han «comprometido la independencia y soberanía nacional al arrodillarse ofreciendo nuestro país y nuestras riquezas».
Rodríguez llamó a todos los actores políticos que hacen vida en el país para que «en conjunto y en unión, avancemos hacia una dirección, a sanar lo que han sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela».
«Hay que sanar esas heridas que tiene nuestra sociedad», aseguró la presidenta encargada haciendo referencia al ataque militar perpetrado por Estados Unidos el pasado 3 de enero contra el país que secuestró al jefe de Estado, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores, hecho que, de acuerdo a la funcionaria, fue impulsado, solicitado, apoyado y respaldado por el extremismo y el fascismo venezolano.
El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, informó que la «juventud patriota» tomará las calles de la capital. La movilización tiene como objetivo exigir el retorno inmediato del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, además de rechazar los recientes ataques de Estados Unidos y defender la soberanía del país.
La convocatoria, que partirá a las 11:00 a.m. desde las Residencias Estudiantiles (frente a Plaza Venezuela y la Torre La Previsora), surge tras una videoconferencia estratégica con la Secretaría de Movilización del PSUV, movimientos sociales y los Comités de la Juventud.
«La voz de la generación de oro será escuchada ante el mundo. No permitiremos que intereses extranjeros frenen los sueños de un pueblo que decidió ser libre. Unidos, defendemos el legado del Comandante Chávez y el futuro de la Patria», manifestó a través de sus redes sociales.
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que desde el Ejecutivo Nacional se elevarán propuestas para ser evaluadas por el Poder Legislativo a fin de propiciar la optimización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
“En el área de los servicios públicos, queremos actualizar la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, que vendrá acompañada de mejoras del sistema eléctrico en los procesos de generación, transmisión y distribución”, informó Rodríguez.
Además, planteó trabajar en la Ley del Uso Racional de la Energía; en ese contexto, señaló que los servicios públicos han sido uno de los sectores más afectados por la guerra económica y las medidas coercitivas que han sido impuestas al país.
“Este es uno los sectores donde el bloqueo criminal más daño ha hecho: los servicios públicos, y nosotros hemos venido avanzando en la recuperación del sistema eléctrico, pero la Venezuela que estamos soñando, la Venezuela a la que estamos apuntando es una Venezuela que requiere demanda de un sistema eléctrico que este en las mejores condiciones para garantizar el desarrollo económico y para garantizar también la vida de los venezolanos y las venezolanas”, refirió Rodríguez.
La información fue dada a conocer por la Presidenta Encargada desde el Palacio de Miraflores, a propósito de la Notificación al Ejecutivo Nacional del inicio del Periodo Legislativo 2026-2031.
La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, informó este miércoles que los ataques criminales y multidimensionales perpetrados por Estados Unidos (EE.UU.) contra la República Bolivariana de Venezuela destruyeron cinco centros de investigación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
La ministra y también vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud detalló que los centros afectados son los de Matemática, Física, Química, Ecología y la Unidad de Tecnología Nuclear.
Recordó que estos espacios son esenciales para el aprendizaje de los jóvenes estudiantes que hacen vida en la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán.
«El ataque ha sido total: estas zonas albergaban servidores y equipos esenciales para nuestras redes computacionales que fueron completamente devastados», añadió.
En este sentido, informó que el IVIC fue impactado por dos misiles «dejando fragmentos que evidencian el odio imperial contra el desarrollo tecnológico soberano de Venezuela».
La ministra Gabriela Jiménez Ramírez recordó que estos espacios que hoy se encuentran destruidos por los bombardeos, han servido durante décadas, «para formar a los profesionales que sostienen nuestra salud, ingeniería y soberanía petrolera».
«Es un acto de agresión imperial sin precedentes contra el pueblo de Venezuela, en la que se ha atacado la infraestructura civil y científica de nuestra patria. No existe justificación alguna para agredir un santuario de la ciencia, un recinto que ha dado respuestas históricas al país y al mundo», afirmó la ministra Gabriela Jiménez Ramírez.
Asimismo, denunció que esta «escalada de la guerra», no solo afectó los laboratorios, «sino que ha llegado al extremo del secuestro de nuestro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y de la Primera Combatiente Dra. Cilia Flores, en un intento desesperado por quebrar la voluntad de la nación».
Ante esta situación, la ministra expresó su rechazo absoluta a la violencia y rindió un reconocimiento a los caídos por esta agresión imperial, por su compromiso en la lucha por la soberanía.
«El sentimiento de pertenencia hacia nuestro IVIC es inquebrantable. Este instituto ha sido un templo para el desarrollo del país y no permitiremos que sea silenciado. Transmito la indignación de toda nuestra comunidad científica; nuestras instituciones son sagradas», indicó la ministra Gabriela Jiménez Ramírez.
Anunció que, siguiendo las orientaciones de la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se iniciará de manera inmediata la reconstrucción de los espacios destruidos.
«El IVIC seguirá siendo un epicentro para la generación de nuevos conocimientos y la cultura científica de la patria ¡Nosotros venceremos!», puntualizó.
Detalles de la investigación
En el material audiovisual, el Dr. Alberto Quintero, viceministro de Aplicación del Conocimiento Científico del Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología y director del IVIC, dio detalles de la investigación que se comenzó dentro del centro de investigación.
Quintero explicó que de acuerdo con la investigación, el misil con el que fue bombardeado el IVIC «es del tipo AGM-154C-1, una bomba guiada de planeo de precisión de más de cuatro metros de largo, diseñada con tecnología infrarroja y enlace de datos para atacar objetivos en movimiento, como buques o defensas consteladas».
De igual forma, dijo, se evidenció «la utilización de aviones de bombardeo estratégicos capaces de neutralizar sistemas de radar con tecnología de sigilo».
Ante esta situación, el viceministro Alberto Quintero exhortó a la comunidad científica nacional e internacional a rechazar este tipo de agresión que atenta contra la paz de los pueblos.
«Agredir a la población, promover la guerra y atacar instalaciones civiles, militares y centros de investigación científica, perturbando a un pueblo que dormía en paz, no son más que actos terroristas y crímenes de lesa humanidad», puntualizó al tiempo que rechazó el uso del conocimiento, la ciencia y la tecnología como herramientas de guerra que destruyen comunidades.
La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, repudió este jueves la ilegal y violenta incautación por militares estadounidenses del petrolero Mariner cuando navegaba bajo bandera rusa por aguas internacionales, al tiempo que instó a Washington a cumplir las normas de la navegación marítima y cesar de inmediato sus acciones ilegales contra este y otros buques que realizan actividades legítimas en alta mar.
El grave suceso ocurrió a las 15H00 (hora de Moscú), cuando la Armada de EE.UU. lo ocupó en el Atlántico Norte. A propósito de este hecho, Zajárova manifestó que «el abordaje de un buque pacífico por parte de personal militar estadounidense en alta mar, su incautación y la captura de la tripulación no pueden interpretarse como otra cosa que una grave violación de los principios y normas fundamentales del derecho marítimo internacional, así como de la libertad de navegación«.
En coherencia con su rechazo al secuestro de petroleros venezolanos durante las últimas semanas, la cartera manifestó a través de un comunicado: «Las insinuaciones de ciertos funcionarios estadounidenses de que la incautación del Mariner forma parte de una estrategia más amplia para establecer un control ilimitado sobre los recursos naturales de Venezuela son extremadamente cínicas. Rechazamos rotundamente tales pretensiones neocolonialistas».
La Cancillería señaló que el Mariner «recibió permiso temporal para enarbolar la bandera rusa el 24 de diciembre, de conformidad con el derecho internacional y ruso, y navegaba inocentemente por aguas internacionales del Atlántico Norte, rumbo a un puerto ruso».
Recordó que las autoridades estadounidenses recibieron de manera oficial y repetida «información fiable sobre la afiliación rusa del buque y su carácter civil y pacífico», y dejó claro que no hay motivos para detener e inspeccionar el buque, pues su tripulación no incurrió en actos punibles como la piratería o la trata de esclavos.
Enfatizó que «el derecho marítimo internacional establece claramente la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón con respecto a los buques en alta mar» y manifestó que cualquier acción contra la embarcación solo era admisible con el consentimiento del Estado del pabellón, en este caso, Rusia.
Añadió que Moscú «no solo denegó dicho consentimiento, sino que, por el contrario, protestó formalmente ante las autoridades estadounidenses por la persecución del Mariner por parte de un buque de la Guardia Costera estadounidense durante las últimas semanas, insistiendo en que se detuviera de inmediato la persecución y se retiraran las exigencias ilegales contra el capitán del buque ruso».
Rusia calificó de inaceptable cualquier amenaza de enjuiciar a los tripulantes —como han manifestado autoridades estadounidenses—, para quienes exigió un trato humano y justa y su inmediata liberación.
Asimismo, consideró «infundadas las referencias de Estados Unidos a su ‘legislación de sanciones’ nacional. Las medidas restrictivas unilaterales de Estados Unidos, así como las de otros países occidentales, son ilegítimas y no pueden servir de justificación para intentar establecer jurisdicción, y mucho menos para la incautación de buques en alta mar».
Entre otras ideas, la Cancillería rechazó el desprecio de la Administración Trump «por las reglas del juego generalmente aceptadas en la navegación marítima internacional», así como «la disposición de Washington a generar graves crisis internacionales, incluso en relación con las relaciones ruso-estadounidenses». Calificó esta inclinación de la Casa Blanca como «lamentable y alarmante».
Además, advirtió que este incidente «solo puede provocar una mayor escalada de las tensiones militares y políticas en la región euroatlántica, así como una visible reducción del umbral para el uso de la fuerza contra la navegación pacífica».
En un firme paso hacia la consolidación de la estabilidad nacional, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, ratificó la agenda de trabajo presentada por el Poder Legislativo para el periodo 2026-2031, destacando la necesidad de un marco jurídico que blinde la soberanía económica y garantice la felicidad social del pueblo venezolano.
Durante su alocución desde el Palacio del Pueblo, la mandataria encargada enfatizó que Venezuela transita por un momento político complejo tras la agresión armada e ilegítima sufrida el pasado 3 de enero, un hecho que calificó como una «mancha» histórica en las relaciones con los Estados Unidos. Ante este escenario, Rodríguez instó a la unión nacional para avanzar hacia un porvenir de paz y desarrollo.
Hacia una economía productiva y diversificada
La agenda legislativa acordada prioriza el giro hacia una economía no rentista, potenciando las capacidades de sectores estratégicos. Entre las propuestas legislativas clave se encuentran:
Reforma a la Ley de Minería: Orientada a la captación de inversiones que permitan el desarrollo de reservas de oro, bauxita, diamantes y tierras raras para beneficio del pueblo.
Ley del Comité de Exportación e Importaciones (COMEX): Con el objetivo de diversificar las exportaciones no petroleras y limitar las importaciones a lo estrictamente necesario.
Ley de Derechos Socioeconómicos: Un avance en el sistema de precios acordados para combatir la especulación y proteger el ingreso de los trabajadores.
Actualización de la Ley de Propiedad Industrial: Para incentivar la invención y el desarrollo tecnológico nacional, reconociendo el papel fundamental de la clase obrera en la resistencia frente al bloqueo.
elaciones internacionales y mercados globales
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez aclaró que, pese a las agresiones, Venezuela mantiene sus relaciones económicas diversificadas. Precisó que el 71% de las exportaciones nacionales se concentran en ocho países, siendo Estados Unidos el destino del 27% de ese total, lo que demuestra una dinámica comercial que el país no abandonará.
«Venezuela no está en guerra; Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear», sentenció la Presidenta Encargada, reiterando que las manos del país están tendidas para la cooperación económica, comercial y energética con todas las naciones que respeten su soberanía.
Finalmente, hizo un llamado a que el producto «Hecho en Venezuela» sea el gran embajador del país en el mundo, portando la identidad de un pueblo que no se rinde ante ningún tipo de agresión económica o militar.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, hizo un llamado urgente a la unidad nacional, instando a los sectores de la oposición a priorizar la soberanía del país sobre las diferencias partidistas.
Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez recibió formalmente a una delegación de la Asamblea Nacional para dar inicio a lo que calificó como un cambio de paradigma en la política venezolana. El acercamiento ocurre durante el acto de notificación del inicio del periodo legislativo 2026-2031 y tras el secuestro del mandatario constitucional, Nicolás Maduro, y de la Primera Dama, Cilia Flores, en una incursión militar imperial el pasado 3 de enero.
En su mensaje la Presidenta Encargada extendió la invitación directa a figuras de la oposición, entre ellos, Timoteo Zambrano, Bernabé Gutiérrez, José Brito, Antonio Ecarri y Stalin González, a quienes dio la bienvenida personalmente al recinto ejecutivo.
“Quiero darles la bienvenida no solamente al recinto de lo que es la Presidencia de la República, quiero darles la bienvenida a un nuevo momento político para nuestro país”, afirmó ante la Junta Directiva del parlamento.
La mandataria encargada enfatizó que la coyuntura actual exige que la independencia nacional se coloque como una virtud superior, situada «por encima de cualquier poder público nacional».
Rodríguez insistió en que el accionar político del país debe unificarse bajo un solo criterio de defensa territorial y soberana, especialmente ante lo que calificó como una «situación política inédita y momentos muy delicados» para la estabilidad y la paz de la Nación.
“Yo los invito a aprovechar este momento político para el encuentro de los venezolanos y de las venezolanas, que sepamos que el único norte que debe existir en nuestro accionar político sea Venezuela”, declaró.
La mandataria concluyó reforzando que el objetivo común debe ser defender la herencia de Independencia de los libertadores del país, posicionando este encuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo como el paso necesario para resguardar la integridad de la República.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, notificó este miércoles al Ejecutivo la instalación formal del periodo legislativo 2026-2031. Durante el acto, anunció una reforma integral del sistema legal venezolano que contempla la creación de ocho grandes códigos especializados para simplificar el ordenamiento jurídico del país.
«Creo que es momento de poner orden en el llamado árbol legislativo venezolano», declaró Rodríguez durante el acto de notificación a la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez. El jefe del Parlamento propuso que las leyes existentes se agrupen en instrumentos modernos.
«Nuestra propuesta concreta es que las leyes que existen en la República puedan ser ordenadas a través de la aprobación de 8 grandes códigos, 8 grandes códigos que contengan todos los elementos de las leyes venezolanas y de esa manera puede haber orden en ese sentido», dijo.
La agenda legislativa para el nuevo periodo se enfocará en seis ejes centrales: la paz, el crecimiento económico, el Poder Popular, nuevas modalidades económicas (emprendimientos), la defensa de la vida y la seguridad de los venezolanos.
La propuesta concreta de la Asamblea Nacional incluye la aprobación de los siguientes instrumentos:
Código Penal Popular y Código Civil renovados.
Código Social Venezolano, para agrupar garantías y programas de protección.
Código Económico y de Comercio Productivo, adaptado a la «nueva realidad de la economía».
Código Electoral, que unificará todas las leyes en la materia.
Código de Democracia Directa, Código Ecológico Ambiental y un Código de Protección Integral para personas vulnerables.
La nueva directiva
Junto a Rodríguez, la Junta Directiva quedó conformada por Pedro Infante como primer vicepresidente, Grecia Colmenares como segunda vicepresidenta, María Alejandra Hernández en la secretaría y José Omar Molina como subsecretario.
La Comisión de Notificación que asistió al encuentro también incluyó a diputados del Bloque de la Patria, como Tania Díaz y Nicolás Maduro Guerra, así como a representantes de partidos de oposición, entre ellos Timoteo Zambrano, José Bernabé Gutiérrez, José Brito, Antonio Ecarri y Stalin González.
Rodríguez destacó que, aunque el periodo 2021-2025 aprobó 100 leyes, el nuevo ciclo buscará una mayor eficiencia legislativa para la «consolidación de la paz y el «crecimiento económico» de la República.