Un total de 45 ejemplares entre fauna silvestre y exótica, fueron rescatados por funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) adscritos a la Unidad Territorial de Ecosocialismo (UTEC) Barinas y la Coordinación Estatal de Guardería Ambiental (CEGA) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), durante un operativo de fiscalización que se realizó en el «Centro Turístico Refugio de Vida», ubicado en el sector San Isidro de la parroquia Ciudad Bolivia, municipio Pedraza.
En el lugar se encontraron 15 morrocoyes sabaneros (Chelonoidis carbonarius), 10 hembras (H) y 5 machos (M), cinco guacamayas rojas (Ara macao), 2H y 3M, cinco pavos reales (Pavo cristatus), 3H y 2M, cuatro loros reales (Amazona ochrocephala), 2H y 2M, seis tortugas arrau (Podocnemis expansa), 3H y 3M, dos paují copete de piedra hembras (Pauxi pauxi), dos chigüires (Hydrochoerus hydrochaeris), 1H y 1M, un perico real macho (Forpus passerinus), un picure o lapa de montaña macho (Cuniculus paca), un báquiro o jabalí macho (Sus scrofa / Tayassuidae), una lapa macho (Agouti paca), un avestruz hembra (Struthio camelus) y un galápago llanero macho (Podocnemis vogli).
La comisión solicitó a los encargados del sitio los permisos, licencias y registros legales indispensables para el manejo y tenencia en cautiverio de fauna nativa y exótica. Tras constatarse que el establecimiento no poseía ningún tipo de documentación legal, ni aval institucional, se procedió a levantar el acta correspondiente y a aplicar la medida de retención preventiva de la totalidad de los individuos censados.
Esta acción forma parte del Circuito de Supervisión y Fiscalización en el Área de Biodiversidad Biológica, enfocado en el control de “Predios de Aprovechamiento de Fauna Silvestre”, centros de acopio, movilización de subproductos y en las labores de vigilancia y control en parques nacionales y Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae) dentro del territorio llanero.
El Minec reitera que la tenencia de fauna silvestre sin los debidos permisos infringe las normativas ambientales de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que exhorta a los prestadores de servicios turísticos y a la ciudadanía en general a regularizar sus situaciones legales ante la institución para evitar sanciones penales y administrativas, con lo cual se garantiza la preservación del equilibrio ecológico y el bienestar animal.