Un tribunal federal de Estados Unidos autorizó este viernes, a última hora, que el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, puedan utilizar recursos vinculados al Estado venezolano para financiar su defensa legal en el proceso judicial que enfrentan en Nueva York.
El caso se deriva de la operación militar ejecutada por Washington el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses irrumpieron en territorio venezolano y secuestraron a Maduro y Flores a Estados Unidos, en un hecho que ha sido denunciado por distintos sectores como una violación del Derecho Internacional.
La decisión del juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se produce luego de que los abogados privados de ambos abandonaran el caso al no poder acceder a sus honorarios debido al bloqueo de activos venezolanos impuesto por Washington a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Durante el proceso, la defensa argumentó que las sanciones económicas impedían el ejercicio pleno del derecho a la defensa, consagrado en la Constitución estadounidense. Por su parte, los fiscales defendieron la legalidad de las restricciones, en medio de un litigio que evidenció las tensiones entre las medidas coercitivas unilaterales y las garantías judiciales.
Ante el vencimiento de los plazos legales, el tribunal optó por garantizar la representación de los acusados, permitiendo el uso de recursos vinculados a Venezuela, en lo que analistas interpretan como una contradicción dentro del propio sistema de sanciones.
Abogados del presidente Maduro exigen desestimar cargos tras la revocación inexplicable de la licencia que permitía a Venezuela financiar su defensa legal. Esto ocurre mientras Washington autorizaba otros contratos comerciales con Caracas.
Maduro y Flores enfrentan cargos por presunta conspiración para el narcotráfico y otros delitos. Sin embargo, el proceso se desarrolla en un contexto marcado por sanciones económicas, presión diplomática y cuestionamientos sobre la legalidad de la operación que propició su traslado a territorio estadounidense.
Diversos Gobiernos y actores internacionales han advertido que este caso podría sentar un precedente en materia de soberanía y derecho internacional, al involucrar la captura de un jefe de Estado en funciones mediante una operación militar extranjera.
Se espera que en las próximas semanas el tribunal fije la fecha de una nueva audiencia, mientras el caso continúa generando repercusiones en el ámbito internacional.