La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este martes su respaldo al principio de autodeterminación de los pueblos, al referirse a la situación de Cuba y la reciente llegada de una flotilla internacional con ayuda humanitaria a la isla.
“Nadie debe definir el destino de otra nación, más que su propio pueblo; y eso lo vamos a defender siempre, no solo porque está en nuestra Constitución, sino porque es nuestra convicción”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina. Insistió además en que “el pueblo de Cuba tiene que definir sus destinos, nadie más”.
Las declaraciones se produjeron tras ser consultada sobre la flotilla ‘Nuestra América’, que transportó unas 30 toneladas de insumos —incluyendo paneles solares, medicamentos y alimentos— con el objetivo de aliviar las necesidades de la población cubana en medio del endurecimiento del bloqueo estadounidense. La embarcación principal, ‘Gramma 2.0’, zarpó el pasado viernes desde Puerto Progreso, en Yucatán.
Sheinbaum explicó que México ha brindado apoyo logístico a estas brigadas internacionales para garantizar su seguridad durante el trayecto. “Hay unas embarcaciones muy pequeñitas, entonces para que no vayan a tener ningún problema en el transcurso”, precisó.
En paralelo, la mandataria destacó que su país ha enviado ayuda humanitaria a Cuba desde principios de febrero, con al menos tres entregas concretadas y una cuarta en preparación. “Vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria”, sostuvo, al tiempo que instó a Naciones Unidas a sumarse a estos esfuerzos.
El contexto está marcado por recientes tensiones con Estados Unidos. El pasado 29 de enero, Washington declaró una “emergencia nacional” al considerar a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria”, lo que derivó en nuevas medidas coercitivas, incluyendo posibles sanciones a países que comercien petróleo con la isla.
Desde La Habana, el Gobierno cubano ha rechazado estas acusaciones y ha reiterado su disposición a defender su soberanía. Mientras tanto, el embargo económico impuesto por EE.UU. —vigente desde hace más de seis décadas— continúa impactando de forma significativa la economía del país caribeño.