Con el fin de dar respuesta oficial a las recientes especulaciones que circulan en redes sociales sobre la privatización de las playas de la Bahía de Cata, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, aseguró de manera tajante que las costas aragüeñas no están ni serán privatizadas.
Durante su intervención, la mandataria regional indicó que en las playas del municipio Ocumare de la Costa de Oro no existe aprobación alguna para iniciar procesos de privatización, al tiempo que aclaró que cualquier interpretación errónea sobre el tema surge por la falta de una orientación adecuada hacia la colectividad.
En este mismo contexto, Sánchez señaló que el Ejecutivo regional establecerá una Ley de Convivencia para la entidad la cual incluirá normas específicas para el resguardo de estos espacios naturales.
“Promulgaremos nuestra Ley de Convivencia para regir todas las ordenanzas y principios que el ciudadano debe cumplir cuando visita la playa, además de un trabajo conjunto en las normativas municipales con el alcalde Wilmer Leal”, afirmó la gobernadora para dar claridad sobre el nuevo marco jurídico que regirá el turismo en la zona.
Por otro lado, la gobernadora destacó la ejecución de diversos trabajos de rehabilitación que abarcan no solo a Ocumare, sino que también alcanzan a las comunidades de Choroní, Chuao y Puerto Maya. Sánchez explicó que el gobierno regional mantiene un avance significativo en materia de infraestructura vial bajo el esquema de la segunda transformación, lo que permite la intervención de baterías de baños y el embellecimiento del casco colonial en Choroní, tras concluir labores similares en Ocumare de la Costa.
Finalmente, hizo un llamado a la conciencia ciudadana e instó a los motorizados a respetar las normas de seguridad y evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante el trayecto hacia el litoral. “Es necesario que los conductores de motos utilicen la indumentaria correcta y las medidas de protección, pues queremos que el estado Aragua enaltezca su identidad con ciudadanos de bien”, sentenció la funcionaria.
Con estas declaraciones, el Gobierno regional busca calmar las inquietudes de prestadores de servicios y turistas al reafirmar que las playas aragüeñas permanecen como un patrimonio público inalienable.