El Gobierno Nacional solicitó este jueves una «reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas» tras las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela.
El canciller Yván Gil difundió una carta dirigida al embajador Vassily A. Nebenzia, presidente del Consejo de Seguridad, en la que además, expresan que es necesario abordar la situación que vulnera la tranquilidad de los venezolanos.
«Teniendo en cuenta la irracionalidad del actual gobierno de los Estados Unidos de América, que incluso ha declarado en días recientes su decisión de cerrar toda vía de contacto diplomático con nuestro país, solicito por esta vía, en nombre del Pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad para, con arreglo a las disposiciones del Artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, discutir esta cuestión, determinar la existencia de una amenaza a la paz y formular recomendaciones para frenar los planes de agresión estadounidense en curso», cita el documento.
La comunicación recalca que «en semanas recientes, en la región del Caribe Sur se ha registrado un despliegue militar sin precedentes por parte de los Estados Unidos de América y que incluye destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite, activos utilizados en operaciones especiales y misiones encubiertas, e incluso un submarino nuclear, todos los cuales se ubican a escasas millas de las costas venezolanas» lo que a juicio del Gobierno bolivariano comprende «una violación de la letra y el espíritu del Tratado de Tlatelolco, respecto del cual los Estados Unidos de América tienen obligaciones jurídicamente vinculantes».
Entretanto, Venezuela calificó de «desproporcionado e injustificado» el despliegue militar estadounidense en el Caribe que «según las más altas autoridades de ese país, se ha bombardeado embarcaciones civiles en aguas internacionales, cuyos tripulantes, tal como han expresado expertos independientes de las Naciones Unidas, han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales».
«Se trata, pues, de una violación flagrante a los derechos humanos, incluyendo al más sagrado de todos, el derecho a la vida misma, así como una negación patente del ius cogens y del principio universal de la presunción de inocencia», sentenciaron.
En este contexto, denunciaron que «el Departamento de Guerra de los Estados Unidos de América, sin presentar evidencia alguna, ha insistido en sus operaciones de información para encubrir sus actos ilícitos».
T/Agencia
