Este viernes el Gobierno nacional confirmó la liberación de los 252 ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos y enviados de forma ilegal y arbitraria a una cárcel en El Salvador, luego de un «canje con las autoridades norteamericanas» que implicó la entrega de varios ciudadanos estadounidenses procesados por delitos graves contra la paz, la independencia y la seguridad de la nación.
“Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales”, señaló el Gobierno del presidente Nicolás Maduro al informar sobre el intercambio de reclusos que estaban a la orden de la justicia estadounidense por su participación comprobada en actividades contrarias al orden público venezolano.
En un comunicado oficial, la Cancillería dejó claro que los ciudadanos estadounidenses objeto de este intercambio enfrentaban cargos por complots desestabilizadores y acciones que atentaban contra la soberanía nacional.
Sin embargo, las autoridades venezolanas consideraron el procedimiento como un acto necesario de protección a los derechos humanos de los connacionales, al tiempo que denunciaron “las prácticas arbitrarias” bajo las cuales permanecían recluidas en cárceles de Estados Unidos.
Este intercambio se produce en medio de las gestiones bilaterales que Caracas ha impulsado con Washington en los últimos meses, dentro de un marco de distensión y normalización paulatina de relaciones.