En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional este 22 de octubre, el primer vicepresidente del parlamento, Pedro Infante, presentó un informe que involucra a individuos, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales en una conspiración que llevó a la pérdida del control nacional sobre Citgo.
Infante, quien encabeza la comisión encargada de esta investigación, afirmó que el documento será enviado al Ministerio Público, con el objetivo de que se determinen las responsabilidades penales de los implicados.
Entre los señalados, hay 351 personas y los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Vente Venezuela, Un Nuevo Tiempo y la Mesa de la Unidad Democrática, cuyas juntas directivas de ese momento también enfrentan acusaciones.
El informe también será remitido al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) para investigar los bienes y propiedades de los acusados tanto en Venezuela como en el extranjero, solicitando la congelación de sus cuentas y la restricción para salir del país. En cuanto a los que se encuentran fuera del territorio, se solicitará la emisión de una alerta roja a Interpol para su captura.
Además, se solicitará a la Contraloría General la inhabilitación política de los involucrados, incluyendo a aquellos que ocuparon cargos bajo el interinato de 2019.