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Denuncian al Consejo Electoral de Ecuador como «operador político» tras adelanto de comicios

Multipolaridad

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) de Ecuador, organismo de la sociedad civil, calificó este domingo al Consejo Nacional Electoral (CNE) como un «operador político» al servicio de intereses particulares, tras la polémica decisión de adelantar las elecciones locales para el presente año.

A través de sus canales oficiales, la Comisión denunció que el máximo órgano electoral, cuya gestión se mantiene bajo una «arbitraria autoprórroga», está manipulando los tiempos electorales y judicializando a los actores políticos para crear escenarios excluyentes que debilitan la frágil democracia ecuatoriana.

«El país requiere diversidad doctrinaria e ideológica y un debate plural. Restringir estos requerimientos es favorecer al autoritarismo», sentenció la CNA.

El «pretexto» climático para el adelanto electoral

El conflicto estalló luego de que el CNE (con cuatro de cinco votos a favor) aprobara adelantar los comicios locales para el 29 de noviembre de 2026, cuando originalmente estaban programados para febrero de 2027. La institución justificó la medida por supuestos pronósticos de fuertes lluvias e inundaciones.

Sin embargo, la consejera Elena Nájera, única integrante del CNE que votó en contra, cuestionó la validez técnica de la decisión. Nájera recordó que ni durante la pandemia de la Covid-19 ni durante el fenómeno de El Niño de 1998 se alteraron los calendarios, sugiriendo que la medida busca favorecer objetivos no democráticos y romper la igualdad de condiciones en la contienda

Para el movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, esta alteración no es técnica sino una «imposición política» diseñada para impedir su participación. Actualmente, la organización se encuentra suspendida por nueve meses, una sanción que fue ratificada recientemente por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri.

El magistrado negó un recurso para levantar dicha suspensión, alegando que Gabriela Rivadeneira, elegida presidenta de la RC en enero pasado, «carece de legitimación jurídica» para actuar en nombre del movimiento. Según el TCE, para el registro oficial la representación legal sigue en manos de Luisa González.

Por su parte, Rivadeneira denunció que el CNE, bajo órdenes del ejecutivo de Daniel Noboa, se ha negado a registrar a la nueva directiva elegida en la Convención Nacional de Manabí hace ocho semanas.

«Es una maniobra para impedir nuestras candidaturas», aseveró la dirigente, mientras que Rafael Correa instó a sus cuadros políticos a desafiliarse de la organización para poder participar en los comicios de noviembre y evadir el bloqueo institucional.

En las elecciones adelantadas para noviembre se elegirán prefectos, alcaldes, concejales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.

F/Telesur
F/EFE

Diaz Canel22

Díaz-Canel denuncia amenazas de EEUU de derrocar orden constitucional en Cuba

DestacadaMultipolaridad

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la escalada de hostilidad de los Estados Unidos (EE.UU.), al señalar que la Administración estadounidense amenaza públicamente y casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional en la nación caribeña.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado cubano alertó sobre las pretensiones imperiales de Washington de adueñarse de los recursos, propiedades y la economía de la isla, utilizando como pretexto las dificultades económicas que el propio bloqueo estadounidense ha generado durante más de seis décadas.

Díaz-Canel fue enfático al señalar que la crisis actual es el resultado directo de una feroz guerra económica diseñada meticulosamente por la Casa Blanca. «Usan un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas», subrayó el mandatario.

El líder cubano calificó estas acciones como un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano, con el objetivo de rendirlos mediante la asfixia de sus sectores vitales, como el energético y el alimentario.

«Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos«, denunció Díaz-Canel en su publicación.

En un contexto de alta tensión regional, marcado por la retórica intervencionista de figuras de la Administración estadounidense como el secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente cubano reafirmó la voluntad soberana de su nación.

Díaz-Canel aseguró que, ante cualquier escenario de agresión externa, el país cuenta con una firmeza inquebrantable. «A Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable», sentenció bajo la etiqueta #CubaEstáFirme.

Esta nueva denuncia se produce mientras la isla enfrenta una situación energética crítica, agravada por la Orden Ejecutiva 14380 de EE.UU., que persigue activamente los suministros de combustible hacia Cuba, en un intento por forzar un cambio de régimen mediante la parálisis del país.

El presidente Donald Trump ha intensificado su hostilidad contra Cuba, calificándola de nación debilitada y afirmando que sería un honor tomar el control de la isla por la fuerza. Bajo el amparo de la Orden Ejecutiva del 29 de enero, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero total, calificando a Cuba como una amenaza extraordinaria para justificar sanciones a terceros países que intenten suministrar combustible.

Esta estrategia de asfixia económica ha paralizado servicios vitales como hospitales y transporte, dejando al país sin recibir crudo durante más de tres meses. Mientras el Secretario de Estado, Marco Rubio, promueve este castigo colectivo como herramienta política, el presidente Miguel Díaz-Canel denuncia que estas acciones violan el derecho internacional y buscan rendir al pueblo cubano mediante el hambre y la falta de energía.

Expertos señalan que este recrudecimiento busca desviar la atención de los fracasos internos de Trump, como el estancamiento de la guerra en Irán y su baja aprobación electoral. Ante las amenazas de una intervención para forzar un cambio de régimen, Cuba mantiene una postura de resistencia, advirtiendo que cualquier agresión externa chocará con la determinación inexpugnable de su pueblo.

El mundo rechaza la asfixia contra el pueblo cubano

Pese al bloqueo y a las constantes amenazas de la administración Trump, numerosos países han reafirmado su firme posición de solidaridad hacia Cuba, rechazando la política de máxima presión que busca asfixiar la economía de la isla. Naciones como Rusia y China han liderado la denuncia internacional, calificando el cerco energético como una injerencia inaceptable y una violación a la soberanía. En la región, el liderazgo de México, junto a los países que integran el ALBA-TCP (como Venezuela, Nicaragua y Bolivia), ha sido fundamental al mantener el envío de suministros y ayuda humanitaria, desafiando las advertencias de aranceles y sanciones directas emitidas desde Washington.

Este respaldo multilateral se ha hecho sentir con fuerza en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde una abrumadora mayoría de 187 países incluyendo bloques sólidos de África, Asia y América Latina ha votado históricamente contra el bloqueo, dejando a Estados Unidos e Israel en un aislamiento diplomático casi total. Asimismo, grupos de solidaridad y sindicatos en naciones europeas como España, Italia y Francia han organizado convoyes de ayuda para romper simbólicamente el cerco, demostrando que la comunidad internacional reconoce las medidas de castigo colectivo contra el pueblo cubano como un crimen que atenta contra el derecho internacional humanitario.

La denuncia de Miguel Díaz-Canel en redes sociales expone que las amenazas de EE. UU. son un indignante pretexto para encubrir una guerra económica de seis décadas que hoy se ensaña con el sector energético. Ante este escenario de asfixia y planes de injerencia, el mandatario ratificó que Cuba mantiene una resistencia inexpugnable, dejando claro que la soberanía de la isla no está sujeta a chantajes ni a la fuerza de ninguna potencia extranjera.

T/Telesur
Petro22

«No queremos ir a una guerra»: Petro denuncia que Ecuador bombardea a Colombia

Multipolaridad
El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió sobre la posibilidad de que Ecuador bombardeara territorio colombiano en la zona fronteriza tras el hallazgo de una bomba que, según él, no pertenecía a grupos armados ilegales. El mandatario recalcó que se está realizando una investigación.
«Han aparecido bombas, una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos. Muy en la frontera con Ecuador», informó Gustavo Petro.
En sus palabras, el hallazgo concuerda con sus sospechas de que «están bombardeándonos desde el Ecuador, y no son los grupos armados».
«Le pedí a Trump: ‘actúe, llame al presidente de Ecuador’, porque no queremos ir a una guerra», expresó Gustavo Petro.
La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa una crisis diplomática y comercial que se intensificó a comienzos de 2026, en medio de tensiones políticas entre los Gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa.
El punto de quiebre fue la decisión de Ecuador de imponer aranceles de hasta el 30% a varios productos colombianos, bajo el argumento de desequilibrios en la balanza comercial y cuestionamientos a la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. En respuesta, Colombia adoptó medidas recíprocas, incluyendo aranceles similares a bienes ecuatorianos y la suspensión de exportaciones de energía eléctrica hacia ese país, un recurso clave para el sistema energético ecuatoriano.
La disputa también se trasladó al sector petrolero, con incrementos en tarifas para el transporte de crudo colombiano por territorio ecuatoriano, lo que afecta la logística de exportación y encarece los costos para empresas como Ecopetrol.
La escalada continuó con el endurecimiento de las medidas comerciales. Ecuador elevó los aranceles hasta el 50%, mientras Colombia mantuvo su postura de reciprocidad, configurando un escenario de guerra comercial entre dos socios andinos con un intercambio que supera los 2.000 millones de dólares anuales.
Aunque el peso relativo de este comercio no es determinante para ambas economías, sí impacta sectores específicos, especialmente en zonas de frontera, donde el intercambio es más dinámico.
F/Sputnik
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Expresidente Rafael Correa denuncia plan para incriminar su Gobierno con narcotráfico

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Rafael Correa, expresidente de Ecuador, denunció a través de su cuenta en X la existencia de un presunto complot para vincularlo con el narcotráfico. Según el exmandatario, se habrían ejecutado presiones contra un ciudadano detenido en España con el fin de obtener testimonios incriminatorios en su contra y del exvicepresidente Jorge Glas.

Correa identificó al abogado José Aliste como el responsable de visitar en el centro penitenciario de Zaragoza a Pipo Chavarría. “El objetivo de la visita era decirle que lo iban a extraditar a Estados Unidos y a enterrarlo en vida, a menos que me acusara a mí”, aseveró el líder político, calificando el encuentro como una maniobra de coacción.

Detalles sobre la presunta coacción en España

El exmandatario sostuvo que la intención era forzar una confesión que señalara a su gestión como cómplice de actividades ilícitas. “Quieren aniquilar cualquier posibilidad de gobiernos insumisos en Latinoamérica, y por cualquier medio”, aseveró Correa en su comunicado.

Pese a que la Fiscalía de Ecuador envió un cuestionario para formalizar la incriminación, Correa aseguró que el detenido mantuvo su postura. “Chavarría ha dicho la verdad, ha denunciado ante las autoridades españolas que le exigieron incriminarnos”, detalló sobre el curso de las declaraciones.

Señalamientos contra la administración de Daniel Noboa

La denuncia también incluyó una grave acusación de Chavarría contra el actual Ejecutivo ecuatoriano. Según el expresidente, el detenido “acusó directamente a Noboa de haber ordenado el asesinato de Villavicencio”, información que Correa atribuye a fuentes cercanas al caso.

Tras conocerse que el testimonio no lo perjudicó, el líder político manifestó sentir un profundo alivio. “No saben el alivio que siento. Es casi un milagro. Tengo ganas de llorar, pero prometí no hacerlo hasta derrotar a los miserables”, concluyó en su publicación.

F/Venezuela News
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Estado venezolano denuncia violación de valija diplomática en aeropuerto de Panamá

Nacionales

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2026, cuando fue forzada la apertura de la valija diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá.

A través de un comunicado oficial, publicado en su cuenta Instagram, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, repudió este atropello, además de exigir al Gobierno panameño cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, así como dar las garantías plenas de no repetición de esta grave irregularidad.

A continuación, el texto íntegro:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2026, cuando fue forzada la apertura de la valija diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, Panamá.

Este acto constituye una violación directa y flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, cuyo artículo 27 establece claramente la inviolabilidad de la valija diplomática, la cual no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia.

La inmunidad de las comunicaciones diplomáticas es un principio esencial para la convivencia entre naciones. Su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño.

Ante este atropello, el Gobierno Bolivariano exige garantías plenas de no repetición e insta a las autoridades panameñas a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, considerando la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares.

Caracas, 24 de febrero de 2026.

 

 

VTV
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Venezuela denuncia planes externos para «descarrilar» el proceso de convivencia y paz

DestacadaNacionales

La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, advirtió al país sobre la existencia de sectores extremistas que, desde el extranjero, pretenden perturbar el actual camino de tranquilidad.

Señaló que, mientras algunos sectores de la oposición han saludado de forma genuina la Ley de Amnistía, otros operadores políticos en hoteles de lujo en Estados Unidos y Europa planifican acciones para sabotear el proceso de sanación nacional.

«Tengo conocimiento de planes que voy a mostrar al país en su debida oportunidad», aseguró la Presidenta Encargada, enfatizando que no se permitirá que intereses particulares descarrilen la voluntad de paz del pueblo venezolano.

Asimismo la Presidenta Encargada, recordó la victoria en la «Batalla de los Puentes» hace siete años como ejemplo de la resistencia frente a las falsas banderas humanitarias, ratificando que la diplomacia y la cooperación económica serán las únicas vías para dirimir divergencias geopolíticas.

 

Prensa Presidencial
Carcel israeli

Denuncian torturas sistemáticas a más de 9.300 palestinos en cárceles israelíes

ImpactoMultipolaridad

El Club de Prisioneros Palestinos realizó una grave denuncia sobre la situación de miles de detenidos, destacando la existencia de 3.358 personas bajo el régimen de detención administrativa. Esta normativa, rechazada por organismos internacionales de derechos humanos, permite a las fuerzas de ocupación encarcelar a palestinos por períodos prolongados sin presentar pruebas, cargos ni celebrar juicios.

Asimismo, se reportó que al menos 1.249 gazatíes permanecen bajo la figura de combatientes ilegales, una categoría jurídica utilizada por Israel para evadir las protecciones establecidas en las convenciones internacionales sobre el trato a prisioneros de guerra. Los testimonios recogidos confirman que los prisioneros son privados de derechos básicos, enfrentando restricciones estrictas para salir al patio, hacinamiento y una alimentación deficiente que no cubre las necesidades nutricionales mínimas.

Israel aplica una política de castigo colectivo

Estas violaciones diarias forman parte de una política de castigo colectivo que busca quebrar la voluntad del pueblo palestino mediante el aislamiento y el deterioro físico de sus ciudadanos encarcelados. Organizaciones como B’Tselem calificaron estos recintos como verdaderos campos de tortura, describiendo un escenario de infierno en la Tierra donde el abuso físico y psicológico es la norma.

Desde octubre de 2023 hasta finales del año pasado, se registró la muerte de al menos 84 palestinos bajo custodia, víctimas de palizas brutales, descargas eléctricas, ataques con perros y agresiones sexuales. La denuncia subraya que la tortura se convirtió en una política oficial y declarada del Estado de Israel, que utiliza métodos degradantes como la desnudez forzada y el confinamiento solitario para profundizar el asedio contra la población civil en los territorios ocupados.

Violencia sin precedentes en Cisjordania ocupada

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por la continuidad de una violencia sin precedentes en Cisjordania ocupada, alertando sobre la existencia de una guerra silenciada que cobró la vida de más de mil personas, de las cuales una cuarta parte eran menores de edad. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció que los ataques de los colonos israelíes continúan sin cesar, mientras que las propias instalaciones de la agencia en Jerusalén oriental fueron demolidas e incendiadas por las fuerzas de ocupación.

El organismo advirtió que se normalizó un flagrante desprecio por el derecho internacional humanitario, exacerbado por el corte de servicios básicos como agua y electricidad. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina alertó sobre una nueva escalada colonialista tras el anuncio de la construcción de una carretera de circunvalación en los alrededores de la ciudad de al-Eizariya.

El portavoz presidencial, Nabil Abu Rudeineh, denunció que esta infraestructura forma parte del proyecto de asentamiento E1, diseñado para profundizar la fragmentación territorial y obligar a las comunidades palestinas a utilizar rutas segregadas. Esta estrategia de aislamiento busca consolidar el control sobre Jerusalén y restringir la libre circulación, socavando sistemáticamente los esfuerzos internacionales por frenar la agresión y aislando aún más a la población civil bajo un régimen de apartheid vial.

Hay que detener el exterminio en la franja de Gaza

La dirigencia palestina reiteró su disposición a apoyar cualquier iniciativa que detenga el exterminio en la Franja de Gaza y la ofensiva en Cisjordania, exigiendo el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Tel Aviv mantiene una política sistemática de incursiones militares, demoliciones de viviendas y detenciones arbitrarias que han provocado un deterioro humanitario catastrófico en toda la nación árabe.

Estas acciones, enmarcadas en una campaña genocida, demuestran que la expansión de los asentamientos y el bloqueo criminal son herramientas fundamentales del proyecto de ocupación que ignora los principios de la legalidad internacional y la supervivencia del pueblo palestino.

F/Telesur

 

OMC (1)

Venezuela denuncia a EEUU ante OMC por fragmentar comercio global y derecho

DestacadaImpactoMultipolaridadPolítica

Durante la sesión mensual del Órgano de Resolución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la delegación de Venezuela presentó una denuncia contra el Gobierno de Estados Unidos, acusándolo de utilizar su supuesta estrategia de seguridad para fragmentar el comercio global y el derecho internacional.

La representación venezolana vinculó las recientes agresiones militares y económicas estadounidenses con la crisis institucional que atraviesa la OMC. Venezuela señaló que la parálisis del Órgano de Apelación —instancia máxima de justicia comercial bloqueada por Estados Unidos desde 2019— es una herramienta deliberada para permitir la aplicación de medidas unilaterales sin supervisión legal.

La negativa de Washington a nombrar nuevos jueces ha dejado al organismo sin quórum. El Órgano de Apelación, con sede en Ginebra, debería estar integrado por siete jueces. Sin embargo, desde el 30 de noviembre de 2020, la instancia carece de miembros en ejercicio, lo que deja a los países en un estado de indefensión jurídica ante disputas comerciales de alto nivel.

En este sentido, Venezuela reafirmó su rechazo a la transición de un sistema basado en reglas hacia un modelo donde predomine la fuerza.

La delegación del país suramericano también denunció la operación militar estadounidense perpetrada el pasado 3 de enero en territorio venezolano, calificándola como una violación directa a la ley internacional. El bombardeo, a la ciudad Caracas, capital venezolana, y varias zonas de los estados vecinos Aragua, Miranda y La Guaira, dejó un saldo de más de 100 personas muertas y más de 112 heridos.

Durante la incursión militar, comandos estadounidenses de la Delta Force secuestraron al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, Estados Unidos, donde permanecen detenidos en una cárcel de máxima seguridad.

Estas denuncias por parte de Venezuela se suman a la serie de reclamos presentados previamente en el Consejo General de la OMC (16-18 de diciembre), donde se condenaron acciones estadounidenses como la orden de paralizar el tránsito de buques petroleros, la exigencia de devolución y retención de recursos financieros pertenecientes al Estado venezolano, y el uso de incursiones militares como herramienta de presión política y comercial.

Esas medidas constituyen actos de agresión que vulneran los fundamentos que sostienen el sistema comercial multilateral, afirmó la delegación venezolana ante la comunidad internacional en aquel momento.

F/Telesur
Malvinas

Denuncian a Milei por legitimar la ocupación británica de las Malvinas

ImpactoMultipolaridad

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, acusándolo de violación a los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal), tras sus declaraciones al diario británico The Telegraph, donde afirmó que las Islas Malvinas deberían “ser devueltas a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”.

El CECIM sostiene que las palabras del mandatario implican un abandono de la soberanía nacional, al supeditar la restitución del archipiélago a la voluntad de una población que la ONU reconoce como implantada. La denuncia, presentada por Rodolfo Carrizo y Ernesto Alonso, advierte que Milei vulnera la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, que establece la recuperación de las islas como un “objetivo permanente e irrenunciable”.

La controversia gira en torno a la diferencia entre intereses y deseos. Por un lado, la ONU y la Constitución argentina obligan a respetar los intereses y modo de vida de los isleños, garantizando sus derechos tras la restitución.

Milei, al hablar de “deseos”, introduce la figura de la autodeterminación, aceptando tácitamente la tesis británica y debilitando el argumento histórico argentino de la integridad territorial.

Juristas advierten que estas declaraciones podrían generar un daño irreversible en el Derecho Internacional bajo la doctrina del Estoppel (actos propios), que considera vinculantes las palabras de un Jefe de Estado.

De no rectificarse, el Reino Unido podría alegar que Argentina ha consentido un cambio en su postura histórica, consolidando su control sobre los 1.620.000 km² de mar, pesca y petróleo que hoy explota ilegalmente.

El CECIM advierte que, por primera vez en 193 años, es el propio mandatario argentino quien podría legitimar la ocupación británica, desactivando la política de Estado más antigua de la República.

F/Telesur

 

Diosdado (13)

Cabello denuncia que MCM intentó frenar el proceso de excarcelación en Venezuela

ImpactoJudiciales y Seguridad

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reveló este jueves 15 de enero que, según un informe de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la dirigente de la ultraderecha, María Corina Machado, es la responsable de haber obstaculizado la liberación de los detenidos por delitos de orden público, a quienes se les ha denominado “políticos presos”.

Durante su programa “Con El Mazo Dando”, Cabello explicó que Machado se negó a proporcionar a EE.UU. la lista de los nombres de los detenidos reclamados por la oposición. Este documento fue solicitado por un enviado de Trump durante su visita a Venezuela a principios de 2025, cuando se reunió con el presidente Nicolás Maduro.

Cabello enfatizó que los excarcelados no deben ser considerados “presos políticos”, ya que, según él, no fueron privados de libertad por sus ideas, sino por acciones en contra de la estabilidad del país. En este contexto, el líder del PSUV también criticó a diversas ONG y activistas que, según él, han explotado la situación para obtener beneficios económicos, pidiendo dinero a los familiares de los detenidos bajo la premisa de “visibilizarlos” en foros internacionales.

La situación se tornó más crítica cuando el Gobierno Bolivariano decidió unilateralmente, desde diciembre, la excarcelación de más de 400 personas involucradas en actos que amenazaron la seguridad nacional. Cabello destacó que esta medida fue una acción del presidente Maduro sin ninguna mediación externa, como la Iglesia católica o las ONG.

El líder revolucionario cuestionó el uso del término “presos políticos” para referirse a los liberados, afirmando que son individuos que han causado daño a personas e instituciones por motivos políticos. “Cada vez que ocurre una liberación, organizaciones como Provea intentan apropiarse del mérito y cobrar a los familiares”, acusó Cabello.

Con esta declaración, el secretario general del PSUV subrayó que la excarcelación representa una “oportunidad” para aquellos dirigentes opositores que, según él, han contribuido al caos en el país.

F/YVKE