La Gendarmería y la Policía Federal de Argentina reprimieron este jueves con carros lanza agua y gases lacrimógenos a cientos de personas que se manifestaban en las inmediaciones del Congreso de la Nación en rechazo a la reforma laboral que esta siendo debatida por la Cámara de Diputados. Durante la jornada, las centrales sindicales del país llevaron a cabo un paro nacional en rechazo a la iniciativa legislativa.
El operativo represivo ordenado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sometió a los ciudadanos con intervenciones desproporcionadas que limitaron su derecho a la protesta, esto pese a que la concentración era mayoritariamente pacífica. Los manifestantes advirtieron que «En lugar de tender puentes hacia la formalidad, la propuesta del Gobierno libertario profundiza la desregulación y la precarización laboral».
Frente al abuso de autoridad y en defensa propia, los manifestantes lanzaron de vuelta los cartuchos de gas lacrimógeno con los que los agentes de seguridad habían agredido a los ciudadanos.
Los incidentes se iniciaron cerca de las 16H30, cuando manifestantes comenzaron a intentar derribar las vallas de seguridad que delimitaban el perímetro de su protesta. La concentración buscaba visibilizar y exigir el cumplimiento de derechos laborales fundamentales.
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Inicialmente, se emplearon cañones de agua para dispersar a los ciudadanos congregados. Esta acción fue calificada por los presentes como una medida desproporcionada para frenar la manifestación.
Minutos después, la situación escaló significativamente. Efectivos de la Gendarmería Nacional reemplazaron los chorros de agua por el lanzamiento masivo de gases lacrimógenos sobre la multitud.
Cabe destacar que, tras la media sanción que recibió la ley de reforma laboral en el Senado, ahora el foco de atención es la Cámara de Diputados, donde se debate la propuesta libertaria que establece la modificación de las indemnizaciones, la eliminación de las horas extras, el debilitamiento de la negociación colectiva y la restricción del derecho a huelga.
Los sindicatos argentinos denuncian que lo que el Gobierno de Javier Milei llama “modernización” es, en los hechos, más precarización.
Huelga general contra la reforma
El paro nacional en Argentina convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei registró este jueves 19 de febrero un nivel de acatamiento casi total. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) promediaron la inactividad en 98 por ciento a nivel nacional.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó la legislación propuesta por el Gobierno ultraderechista, calificándola de «criminal» y asegurando que la quita de derechos no generará nuevos puestos de trabajo. Por su parte, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, calificó la adhesión como «importantísima», destacando que el cese de actividades comenzó a percibirse desde la noche previa en los sectores industriales.
El sector transporte fue uno de los pilares del paro, con una paralización casi total de trenes, subtes y vuelos comerciales. Si bien la Unión Tranviario Automotor (UTA) se sumó a la medida, en el Área Metropolitana de Buenos Aires se observó un funcionamiento parcial de colectivos debido a la decisión del Grupo DOTA de no adherirse, sumado a servicios mínimos de las empresas Metropol y Moqsa.
Pese a estas excepciones, la falta de movilidad generalizada ha condicionado la actividad urbana, reforzada por la inactividad en el sector aerocomercial tras la decisión de gremios como la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) de paralizar las tareas en Aerolíneas Argentinas.
En las dependencias públicas solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en organismos como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mientras que sectores como la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas comenzaron a verse afectados.
Reforma regresiva para la clase obrera
Entre otros puntos, la iniciativa autoriza el fraccionamiento de vacaciones, extiende el periodo de prueba en sectores vulnerables como el trabajo rural y doméstico, y crea un polémico Fondo de Asistencia Laboral que reemplaza las indemnizaciones tradicionales.
La precariedad se profundiza en el sector de plataformas digitales, donde los empleados son catalogados como independientes, perdiendo derechos fundamentales como el aguinaldo y las vacaciones pagas, mientras se propone la derogación de estatutos profesionales, incluyendo el del periodista.
