La diplomática argentina Virginia Gamba quedó fuera de las postulaciones para secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La candidatura, anunciada este mismo mes, perdió impulso luego de que Maldivas retirara su apoyo, según informó la portavoz de la Asamblea General de Naciones Unidas, La Neice Collins.
Cuatro candidatos continúan en la contienda para reemplazar a António Guterres desde el 1º de enero de 2027. La expresidenta chilena Michelle Bachelet se mantiene entre los postulados, pese a que el nuevo gobierno de Chile le retiró el apoyo. Su candidatura sigue vigente gracias al respaldo de México y Brasil ante el organismo internacional.
Junto a Bachelet, la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi (director general del OIEA) y el expresidente senegalés Macky Sall continúan en la pugna por liderar Naciones Unidas. La carrera por la Secretaría General entrará en una fase decisiva en las próximas semanas.
La recién culminada cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Bogotá respaldó la propuesta de que una persona nacida en América Latina y el Caribe ocupe el cargo. La declaración final del encuentro señaló que la designación fortalecerá la capacidad del organismo para afrontar desafíos globales y promover la paz, el desarrollo y la justicia.
Durante la semana, un fragmento del programa de Radio Pop Negrópolis, presentado por Elizabeth Vernaci, se volvió viral en Argentina; la «Negra» revisó una serie de los centenares de despidos que se produjeron en las semanas recientes con el objetivo de denunciar al aire su despido y el de su colega Lizy Tagliani.
La presentadora inició diciendo que “durante los dos años de gestión de Javier Milei se perdió un puesto de trabajo formal cada cuatro minutos”.
Luego, indicó las compañías que despidieron o cerraron y el número de empleados perjudicados en cada una: “Fate 900, ILVA 300, Whirlpool 220, Corven 150, Newsan 150, SKF 145, La Suipachense 143, TN Platex 88, Vuklcalar 80, Pampar 80, Magnera 60, Dana 50, Acerías Berisso 50, Color Living 40, Luxor 40, Essen 34 y Radio Pop 2: Lizy y yo”.
La denuncia, decidida y sonriente para violar la censura con elegancia en el propio medio de pertenencia, muestra una aceleración del panorama de cierres de empresas, recesión y pérdida de puestos de trabajo que Javier Milei y Luis Caputo fomentan.
Los despidos no se restringen a los 60.000 funcionarios públicos que la cultura libertaria ha calificado como «casta», sino que también aumentan en el sector privado, el cual está afectado por la caída del consumo, la apreciación especulativa de la tasa de cambio y la liberalización del comercio.
En ese lugar, durante el período y a un ritmo de más de 30 por día, cerraron más de 22.000 empresas. A estas alturas, la masacre laboral y productiva es indudablemente evidente, aunque esta semana se reveló cuando se anunciaron los resultados del informe de Mercado de Trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al último trimestre de 2025.
Por lo tanto, se puede concluir que el desempleo impactó al 7,5 por ciento de la población económicamente activa (PEA). El indicador supera en 1,8 puntos porcentuales el dato que se registró en el último trimestre de 2023 y en 1,1 lo registrado un año antes. Es el valor más alto para ese trimestre desde 2020, cuando alcanzó el 11 por ciento de la población activa en medio de la pandemia.
La tasa señalada excede el índice de 2021, año en que las limitaciones a la movilidad de los individuos todavía no se habían aflojado del todo y el desempleo impactaba al 7 por ciento de la población activa.
En términos específicos, se refiere a la aparición de cerca de 400 mil nuevos desempleados en dos años de gobierno, lo que eleva a 1,7 millones el total de personas en esa situación.
Pese a que la Confederación General del Trabajo (CGT) descartó una nueva huelga general, más de un centenar de sindicatos confirmaron su movilización al Congreso para rechazar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, cuyo tratamiento definitivo se prevé en el Senado.
La conducción de la central obrera reconoció que no logró revertir la correlación de fuerzas parlamentarias tras el paro del 19 de febrero y optó por una estrategia de judicialización parcial de la norma. En ese sentido, definió una marcha limitada a delegados y directivos hacia Tribunales, prevista para el lunes 2 de marzo, para acompañar la presentación judicial contra la ley, descartando un nuevo paro general.
Sin embargo, sectores sindicales de base resolvieron desconocer la decisión de la mesa chica y convocaron a una jornada de protesta frente al Congreso de la Nación. La concentración principal fue fijada en la Plaza de los Dos Congresos, desde primeras horas de la mañana, con cese parcial de actividades en gremios industriales, educativos y del transporte.
Entre las organizaciones que confirmaron su participación se encuentra el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que nuclea a la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Aceitera y sindicatos del transporte agrupados en la CATT (Confederación Argentina De Trabajadores del Transporte), además de la Asociación Trabajadores del Estado y ambas CTA. También se sumaron gremios del Plenario del Sindicalismo Combativo, trabajadores del neumático, docentes universitarios y organizaciones sociales.
En paralelo, manifestantes realizaron cortes en el centro porteño. En la zona del Obelisco, fuerzas de seguridad avanzaron con gas pimienta y balas de goma para dispersar a quienes bloqueaban las avenidas 9 de Julio y Corrientes. También se registró un corte en la Autopista Panamericana protagonizado por trabajadores de la empresa FATE, cerrada de manera arbitraria días atrás, lo que provocó el despido de sus más de 900 trabajadores.
La reforma laboral, cuestionada por amplios sectores sindicales por su regresión en derechos laborales, introduce cambios estructurales en el régimen de contratación y despido. Entre los puntos más debatidos se encuentran la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas, la fragmentación del período vacacional, la reducción de indemnizaciones y la modificación del principio de ultraactividad de los convenios colectivos, favoreciendo acuerdos por empresa o región por encima de convenios sectoriales.
Mientras el oficialismo da por descontada la sanción definitiva, la fractura interna dentro de la CGT quedó expuesta en la calle. El desacople entre la conducción y los gremios movilizados refleja una tensión creciente en el movimiento obrero frente a la agenda de reformas estructurales del Ejecutivo.
El Senado argentino se prepara para debatir este jueves una propuesta de reforma al régimen de preservación de glaciares que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones ecologistas y dudas sobre su constitucionalidad.
La iniciativa, que también debe pasar por la Cámara de Diputados, permitiría la explotación de recursos en terrenos cercanos a zonas protegidas y transferiría a las provincias la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental.
La medida llega en un contexto de retroceso general de los glaciares en Argentina, intensificado por el aumento de la temperatura y por la expansión de proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares.
Según datos oficiales, el inventario de glaciares en actualización indica que el país cuenta con 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 están en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico Sur, con una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados.
Antecedentes climáticos
En 2024, Argentina presentó ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático un diagnóstico contundente: el incremento de la temperatura ha provocado el retroceso de casi todos los glaciares patagónicos andinos en las últimas décadas, con 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur mostrando una caída sostenida.
El glaciar Perito Moreno, icono de la región, ha perdido más de 700 metros en su frente en los últimos siete años, y otros sectores como el Canal de los Témpanos han visto retrocesos cercanos a 800 metros en cuatro años, generando alertas sobre un posible punto de no retorno. En 2024, además, el glaciar Martial Sur fue declarado extinto.
La actual discusión legislativa se sitúa en un marco de tensiones entre conservación y explotación por lo que grupos ambientalistas señalan que la reforma podría abrir paso a proyectos mineros en ambientes periglaciares y de alta fragilidad ecológica, con posibles efectos adversos en cuencas hídricas y en la biodiversidad de la región.
Además, denuncian que varias concesiones podrían no contar con una evaluación de impacto ambiental adecuada y advierten la ausencia de un registro nacional centralizado de proyectos en ambientes glaciales. A ello se suma la crítica por la insuficiente capacidad de monitoreo y control por parte de las autoridades, a pesar de la vigencia de la Ley de Protección de Glaciares aprobada en 2010 y ratificada por la Corte Suprema en 2019.
Organizaciones ambientales coinciden en que, pese a esa norma, persisten deudas en su implementación. Señalan que la reforma propone trasladar a las provincias la responsabilidad de evaluar impactos, lo que podría generar disparidades normativas y menor capacidad de respuesta ante amenazas como la contaminación, el derretimiento acelerado y los efectos de la extracción minera.
Asimismo, advierten que, sin un registro claro y un marco de supervisión adecuado, las zonas glaciales y sus inmediaciones quedarían expuestas a conflictos entre desarrollo económico y conservación.
En ese marco, las organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma representa una “regresión ambiental inconstitucional” porque podría vulnerar compromisos y principios recogidos en el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina se adhirió para fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
Protección o explotación
Varios sectores de la Argentina defienden la actual normativa como un piso mínimo de protección para ecosistemas estratégicos que funcionan como reservas de agua dulce para comunidades y sectores productivos.
En contraparte, El oficialismo espera que el Senado apruebe la enmienda a la Ley de Glaciares, aunque hay dos proyectos en discusión, y ratifique el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
En tal sentido, el inquilino de la Casa Rosada Javier Milei confía en que sus esbirros legislativos y aliados consigan la sanción a la norma enmendada de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La Gendarmería y la Policía Federal de Argentina reprimieron este jueves con carros lanza agua y gases lacrimógenos a cientos de personas que se manifestaban en las inmediaciones del Congreso de la Nación en rechazo a la reforma laboral que esta siendo debatida por la Cámara de Diputados. Durante la jornada, las centrales sindicales del país llevaron a cabo un paro nacional en rechazo a la iniciativa legislativa.
El operativo represivo ordenado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sometió a los ciudadanos con intervenciones desproporcionadas que limitaron su derecho a la protesta, esto pese a que la concentración era mayoritariamente pacífica. Los manifestantes advirtieron que «En lugar de tender puentes hacia la formalidad, la propuesta del Gobierno libertario profundiza la desregulación y la precarización laboral».
Frente al abuso de autoridad y en defensa propia, los manifestantes lanzaron de vuelta los cartuchos de gas lacrimógeno con los que los agentes de seguridad habían agredido a los ciudadanos.
Los incidentes se iniciaron cerca de las 16H30, cuando manifestantes comenzaron a intentar derribar las vallas de seguridad que delimitaban el perímetro de su protesta. La concentración buscaba visibilizar y exigir el cumplimiento de derechos laborales fundamentales.
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Inicialmente, se emplearon cañones de agua para dispersar a los ciudadanos congregados. Esta acción fue calificada por los presentes como una medida desproporcionada para frenar la manifestación.
Minutos después, la situación escaló significativamente. Efectivos de la Gendarmería Nacional reemplazaron los chorros de agua por el lanzamiento masivo de gases lacrimógenos sobre la multitud.
Cabe destacar que, tras la media sanción que recibió la ley de reforma laboral en el Senado, ahora el foco de atención es la Cámara de Diputados, donde se debate la propuesta libertaria que establece la modificación de las indemnizaciones, la eliminación de las horas extras, el debilitamiento de la negociación colectiva y la restricción del derecho a huelga.
Los sindicatos argentinos denuncian que lo que el Gobierno de Javier Milei llama “modernización” es, en los hechos, más precarización.
Huelga general contra la reforma
El paro nacional en Argentina convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei registró este jueves 19 de febrero un nivel de acatamiento casi total. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) promediaron la inactividad en 98 por ciento a nivel nacional.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó la legislación propuesta por el Gobierno ultraderechista, calificándola de «criminal» y asegurando que la quita de derechos no generará nuevos puestos de trabajo. Por su parte, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, calificó la adhesión como «importantísima», destacando que el cese de actividades comenzó a percibirse desde la noche previa en los sectores industriales.
El sector transporte fue uno de los pilares del paro, con una paralización casi total de trenes, subtes y vuelos comerciales. Si bien la Unión Tranviario Automotor (UTA) se sumó a la medida, en el Área Metropolitana de Buenos Aires se observó un funcionamiento parcial de colectivos debido a la decisión del Grupo DOTA de no adherirse, sumado a servicios mínimos de las empresas Metropol y Moqsa.
Pese a estas excepciones, la falta de movilidad generalizada ha condicionado la actividad urbana, reforzada por la inactividad en el sector aerocomercial tras la decisión de gremios como la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) de paralizar las tareas en Aerolíneas Argentinas.
En las dependencias públicas solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en organismos como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mientras que sectores como la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas comenzaron a verse afectados.
Reforma regresiva para la clase obrera
Entre otros puntos,la iniciativa autoriza el fraccionamiento de vacaciones, extiende el periodo de prueba en sectores vulnerables como el trabajo rural y doméstico, y crea un polémico Fondo de Asistencia Laboral que reemplaza las indemnizaciones tradicionales.
La precariedad se profundiza en el sector de plataformas digitales, donde los empleados son catalogados como independientes, perdiendo derechos fundamentales como el aguinaldo y las vacaciones pagas, mientras se propone la derogación de estatutos profesionales, incluyendo el del periodista.
En medio de un escenario de asfixia económica y despidos masivos, Argentina vivirá este jueves un nuevo paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.
De acuerdo con lo anunciado en la víspera por la principal central obrera del país, la huelga comenzó a la cero horas de este 19 de febrero, día en que el proyecto será tratado en el Congreso.
La medida tendrá un impacto directo en el servicio de transporte público, la producción y la administración pública, prometiendo dejar las calles vacías y las persianas de los comercios cerradas, como advirtieron desde la dirigencia de la CGT.
A la medida de la central obrera se sumarán otros gremios como la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y movimientos sociales que se movilizarán hasta el Congreso para repudiar una ley que busca desfinanciar la seguridad social y precarizar el empleo formal.
«No se puede tratar en instancias extraordinarias un tema de 200 artículos otorgándonos solo 5 minutos a los sindicatos», denunció un dirigente de la CTA Autónoma, señalando la falta de debate democrático impuesta por la Casa Rosada.
El paro general se da en el marco de una economía que presenta síntomas de caída en la actividad fabril, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales del país suramericano.
Represión policial
Ante la masividad de la movilización hacia el Congreso, la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ordenó un fuerte despliegue policial en las inmediaciones del recinto legislativo con camiones hidrantes, retenes y la intimidante presencia de fuerzas federales para hacer frente a los manifestantes.
La CGT ya adelantó que, de convertirse en ley, el camino seguirá en los tribunales. Con 400 empleos formales perdiéndose por día y 21 mil pymes cerradas en lo que va del gobierno libertario. «No entreguen la dignidad del pueblo», fue el mensaje a los diputados que en las próximas horas deberán decidir si acompañan la entrega de derechos o escuchan la voz del pueblo contra las medidas neoliberales de Javier Milei.
El de este 19 de febrero es el cuarto paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. Las fechas anteriores fueron el 24 de enero de 2024 (a tan sólo 45 días de su asunción), el 9 de mayo de 2024 y el 10 de abril de 2025.
Argentina, Ecuador y Costa rica son los tres países de Latinoamérica que mantienen una mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reveló la agencia Bloomberg, con base en los datos del último reporte del organismo.
Según el informe, la deuda de Argentina asciende a 57 mil 360 millones de dólares, en tanto que la de Ecuador acumula nueve mil 891 millones de dólares, y la de Costa Rica se ubica en otros dos mil 459 millones de dólares.
La lista de países latinoamericanos que registran mayores financiamientos con el FMI continúa con Jamaica (mil 222 millones de dólares), Honduras (645 millones de dólares) y Surinam (591 millones de dólares), reseña RT.
Datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de Argentina revelan que 19.164 empresas dejaron de operar entre el inicio del Gobierno de Javier Milei y agosto de este año, lo que equivale a alrededor de 30 cierres diarios de manera continua durante casi dos años.
El registro indica que 1.974 de esas compañías pertenecen a la industria manufacturera. La información, recopilada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), no contempla la nueva ola de cierres que cobró fuerza esta semana, marcada por el anuncio del cierre de la planta de Whirlpool en Fátima, Pilar, inaugurada hace apenas tres años con la promesa de crear 300 empleos.
La empresa atribuyó la medida a la fuerte caída de ventas y al aumento de importaciones. Un operario despedido afirmó que la explicación que recibieron fue simple: “sale más barato traer el producto del exterior”.
El informe de la SRT —actualizado hasta agosto de 2025— tampoco incluye otros cierres recientes como la autopartista DANA en San Luis, la planta de YPF en Concepción del Uruguay, tres plantas de Granja Tres Arroyos, la textil Sueño Fueguino, una planta de residuos ID, una fábrica de rodamientos de SKF en Tortuguitas o la quiebra inminente de Acerías Berisso. Fuera de la estadística también quedó el cierre de Color Living, en Pacheco, que dejó sin empleo a 40 trabajadores.
Más de 276.000 empleos formales perdidos
La desaparición de empresas estuvo acompañada por la pérdida de 276.624 empleos registrados, de ellos 55.941 corresponden a la industria. En apenas 21 meses, el país experimentó una caída del 4,6 % del trabajo formal.
Mientras los trabajadores atraviesan despidos masivos y salarios deteriorados, muchas compañías optan por reestructuraciones que priorizan la importación por sobre la producción local. Así lo confirmaron Whirlpool y SKF, y también la firma de calzado Viamo, que cerró decenas de locales para convertirse en importadora. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) denunció maniobras similares por parte de Pirelli y Bridgestone.
La crisis industrial aumenta la presión sobre los sindicatos, mientras el sector empresario espera que las reformas tributaria y laboral mejoren la competitividad perdida por el atraso del tipo de cambio. El Gobierno prometió impulsar estos cambios durante las sesiones extraordinarias de diciembre y enero.
Sin embargo, la oleada de cierres contradice el argumento oficial de que la reforma laboral generará empleo formal. La decisión de multinacionales como Whirlpool de cerrar plantas incluso antes de que tal normativa llegue al Congreso pone en duda esa premisa.
Según especialistas, la reforma laboral no crea puestos de trabajo: solo mejora la rentabilidad empresarial mediante mayor precarización, mientras que el empleo depende del ritmo económico. La flexibilización, agregan, suele acelerar los despidos.
Esta semana, el representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) ante el Consejo de Mayo, Gerardo Martínez, participó en una reunión sobre la reforma laboral. Al salir, afirmó que expusieron la necesidad de que cualquier “modernización” no afecte los derechos ya conquistados.
Sus declaraciones dejaron entrever apertura hacia modificaciones que no toquen a los trabajadores actualmente bajo convenio, una idea que algunos sectores empresariales impulsan para segmentar el mercado laboral y aplicar una reforma gradual que abarcaría al total de la fuerza de trabajo recién dentro de 15 o 20 años.
El rotundo triunfo del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) en los comicios legislativos de Argentina fortaleció al presidente Javier Milei en la mitad de su mandato, y allana su camino de cara a las presidenciales de 2027, en las que buscará la reelección.
La víspera, LLA ganó con el 40,8 % de los votos a nivel nacional, en un resultado que sorprendió porque no lo vaticinó ninguna encuesta. El dato más llamativo ocurrió en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país, en donde el oficialismo había perdido unas elecciones locales en septiembre pasado, pero ahora se impuso con el 41,4 %.
Gracias a estos resultados, a partir del próximo 10 de diciembre el Gobierno duplicará su presencia en la Cámara de Diputados porque pasará de 37 a 80 diputados. En el Senado, aumentará de seis a 19.
El peronismo, en tanto, se consolidó como la principal fuerza opositora, al quedarse con 99 diputaciones y 28 senadurías. Aunque en ambas cámaras supera de manera individual a LLA, lo cierto es que el partido de Milei contará con aliados, en particular los legisladores del Partido Propuesta Republicana (PRO), fundado por el expresidente Mauricio Macri, que le permitirán tener una mayoría parlamentaria para avanzar con más comodidad en sus reformas en los dos años que le restan a su mandato.
La conclusión de los comicios puso fin a una larga campaña en la que el oficialismo enfrentó múltiples escándalos de corrupción y una volatilidad económica, pero que al final no hicieron mella en los votantes. De este modo, las urnas avalan la gestión de un Gobierno que en las últimas semanas obtuvo el decisivo apoyo de EE.UU.
Los mercados de inmediato mostraron euforia por la consolidación del poder político de Milei en el país sudamericano, lo que se reflejó en la abrupta subida de las acciones y bonos argentinos en Wall Street, así como una baja inicial del precio del ‘dólar cripto’, que se prevé se repetirá a lo largo de esta jornada en el resto de las cotizaciones de la divisa.
Balances
Tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconocieron que uno de los objetivos del histórico salvataje financiero que ofrecían a Argentina era que Milei ganara las elecciones. Por eso ambos celebraron de inmediato los resultados.
Las lecturas, sin embargo, fueron disímiles en la prensa. Los medios más cercanos al Gobierno oscilaron del «impactante triunfo» a «Milei arrasó», en tanto que el opositor Página 12 advirtió que el presidente «impuso el miedo» y que Milei y Trump «se quedaron con la colonia».
El historiador Pablo Stefanoni, uno de los analistas políticos más reputados del país, consideró que Milei había ganado las elecciones de medio término en clave de plebiscito para relanzar su gestión. «Es otra victoria en gran medida personal, de un volumen que nadie anticipó, ni el propio Gobierno», aseguró en X.
También recordó que Milei expresa un importante sector de la sociedad argentina, que está en línea con un clima ideológico conservador que es más amplio a escala regional y global.
El gran perdedor de la jornada fue el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien esperaba repetir el triunfo que obtuvo en las legislativas locales del mes pasado, ya que así se consolidaría como el principal precandidato presidencial opositor a Milei en 2027. Pero ocurrió todo lo contrario.
La selección venezolana de bowling totalizó 6 medallas distribuidas en 2 de oro, 2 plata y 2 bronce para culminar en el segundo lugar en el Campeonato Suramericano que se disputó el pasado fin de semana en Buenos Aires, Argentina.
En el evento, que contó con la participación de 8 atletas de nuestro país (4 mujeres y 4 hombres), tuvo en Luis Rovaina y a Karen Marcano a los más destacados al coronarse en la categoría élite.
Marcano tuvo un exitoso camino tras superar a las colombianas Laura López en cuartos de final, a María Rodríguez en la semifinal y a Juliana Franco en la gran final, a quien derrotó 2-1 (209-212, 219-191 y 211-156) para llevarse el título suramericano.
Por su parte, Rovaina disputó la final de maestros tras vencer al argentino Alexis Plakoudakis en cuartos de final, al venezolano Andrés Rodríguez en la semifinal, quien luego se llevó el bronce, y al peruano Alejandro Ishikawa con marcador de 215-266, 256-225 y 236 -224) para coronarse.
Dobles plateado
La pareja conformada por las criollas Patricia de Faría y Karen Marcano reclamaron la medalla de plata, con 4.841 pines derribados con un promedio de 201.71 en las 12 líneas disputadas.
El primer lugar lo ocupó la dupla colombiana de Sara Duque y Juliana Franco con 4.910 pines derribados en las 12 líneas y promedio de 204.58; mientras que el tercer lugar fue para las hermanas Abigail y Kamilah Dammers de Aruba con 4.651 y 194.04 por línea.
Todo evento
La sumatoria de las rondas individuales y dobles modalidades para definir los ganadores de 24 líneas, otorgó la medalla de plata a Karen Marcano al totalizar 4.837 puntos con un promedio de 201.54. El oro fue para la colombiana Juliana Franco con 4.939 puntos (205.79).
Por último, en el todo evento masculino, Rovaina se llevó la medalla de bronce con 5211 puntos y un promedio de 217.13
Asimismo, el medallero de la competencia lo dominó Colombia con 2 oros, cuatro platas y un bronce, seguida por Venezuela con dos oros, dos plata y dos bronce, y Perú fue tercero con dos oros y una plata.
Colombia y Perú serán los grandes rivales del bowling nacional en los XX Juegos Juegos Deportivos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 que se disputarán en noviembre próximo.
