Datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de Argentina revelan que 19.164 empresas dejaron de operar entre el inicio del Gobierno de Javier Milei y agosto de este año, lo que equivale a alrededor de 30 cierres diarios de manera continua durante casi dos años.
El registro indica que 1.974 de esas compañías pertenecen a la industria manufacturera. La información, recopilada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), no contempla la nueva ola de cierres que cobró fuerza esta semana, marcada por el anuncio del cierre de la planta de Whirlpool en Fátima, Pilar, inaugurada hace apenas tres años con la promesa de crear 300 empleos.
La empresa atribuyó la medida a la fuerte caída de ventas y al aumento de importaciones. Un operario despedido afirmó que la explicación que recibieron fue simple: “sale más barato traer el producto del exterior”.
El informe de la SRT —actualizado hasta agosto de 2025— tampoco incluye otros cierres recientes como la autopartista DANA en San Luis, la planta de YPF en Concepción del Uruguay, tres plantas de Granja Tres Arroyos, la textil Sueño Fueguino, una planta de residuos ID, una fábrica de rodamientos de SKF en Tortuguitas o la quiebra inminente de Acerías Berisso. Fuera de la estadística también quedó el cierre de Color Living, en Pacheco, que dejó sin empleo a 40 trabajadores.
Más de 276.000 empleos formales perdidos
La desaparición de empresas estuvo acompañada por la pérdida de 276.624 empleos registrados, de ellos 55.941 corresponden a la industria. En apenas 21 meses, el país experimentó una caída del 4,6 % del trabajo formal.
Mientras los trabajadores atraviesan despidos masivos y salarios deteriorados, muchas compañías optan por reestructuraciones que priorizan la importación por sobre la producción local. Así lo confirmaron Whirlpool y SKF, y también la firma de calzado Viamo, que cerró decenas de locales para convertirse en importadora. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) denunció maniobras similares por parte de Pirelli y Bridgestone.
La crisis industrial aumenta la presión sobre los sindicatos, mientras el sector empresario espera que las reformas tributaria y laboral mejoren la competitividad perdida por el atraso del tipo de cambio. El Gobierno prometió impulsar estos cambios durante las sesiones extraordinarias de diciembre y enero.
Sin embargo, la oleada de cierres contradice el argumento oficial de que la reforma laboral generará empleo formal. La decisión de multinacionales como Whirlpool de cerrar plantas incluso antes de que tal normativa llegue al Congreso pone en duda esa premisa.
Según especialistas, la reforma laboral no crea puestos de trabajo: solo mejora la rentabilidad empresarial mediante mayor precarización, mientras que el empleo depende del ritmo económico. La flexibilización, agregan, suele acelerar los despidos.
Esta semana, el representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) ante el Consejo de Mayo, Gerardo Martínez, participó en una reunión sobre la reforma laboral. Al salir, afirmó que expusieron la necesidad de que cualquier “modernización” no afecte los derechos ya conquistados.
Sus declaraciones dejaron entrever apertura hacia modificaciones que no toquen a los trabajadores actualmente bajo convenio, una idea que algunos sectores empresariales impulsan para segmentar el mercado laboral y aplicar una reforma gradual que abarcaría al total de la fuerza de trabajo recién dentro de 15 o 20 años.
