El director de la Sociedad de Presos Palestinos (PPS), Abdullah al-Zaghari, pidió este miércoles una acción internacional efectiva tras los informes de que Israel designó un ala para palestinos condenados a muerte, que incluye una sala para ejecuciones y «cabinas de observación», según anunció del ministro de Seguridad Nacional, el extremista de ultraderecha Itamar Ben-Gvir.
Israel alberga a alrededor de 9.400 prisioneros palestinos, incluidos 94 mujeres, más de 350 niños, 3.244 detenidos administrativos y 1.320 personas que clasifica como combatientes ilegales, entre los que pueden estar médicos y otros profesionales.
En un informe titulado «Bienvenidos al infierno», la ONG israelí de derechos humanos B’Tselem denunció que el régimen de Benjamin Netanyahu «ha convertido sus prisiones en una red de campos de tortura para los palestinos, como parte de una ofensiva coordinada contra la sociedad palestina con el objetivo de destruir su existencia». A ese escenario se suma ahora la sala para ahorcamiento que publicita Ben-Gvir.
El informe de B’Tselem, que coincide con reportes de la ONU, ONG internacionales y organizaciones palestinos, señala que torturas, abusos sexuales y privación del sueño, alimento o atención médica son algunas de las prácticas a las que los palestinos siguen sometidos en las cárceles israelíes, muchos de ellos bajo «detención administrativa», que permite a las autoridades sionistas retenerlos sin cargos formales ni juicio previo.
Zaghari dijo a la agencia de noticias Anadolu que el paso anunciado por Ben-Gvir (la construcción de una instalación para ejecutar a palestinos) es parte de la «continua determinación del sistema de ocupación israelí» para convertir la incitación y la legislación aprobada en medidas prácticas destinadas a ejecutar a prisioneros palestinos.
Denunció que los preparativos para implementar la ley «racista» constituyen un «crimen contra la humanidad» y llevan más lejos los esfuerzos para usar a los prisioneros palestinos «como moneda de cambio política».
La ley de pena de muerte que sustenta esta instalación fue aprobada por la Knesset (Parlamento) israelí en marzo, promovida por los sectores sionistas más extremistas, y posteriormente extendida al sistema de tribunales militares de la Cisjordania ocupada en mayo por el jefe del Comando Central del ejército de ocupación, Avi Bluth, otorgando a esas instancias castrenses el poder total de aplicar ejecuciones sumarias a los ciudadanos capturados.
Su objetivo principal es socavar la legitimidad del movimiento nacional palestino y criminalizar la lucha palestina por la autodeterminación, enmarcándola exclusivamente dentro del contexto del terrorismo.
La ley se aplica en los tribunales militares que juzgan a palestinos en la Cisjordania ocupada, donde a los acusados se les niegan las protecciones de un sistema civil. Ello significa que la horca se está construyendo sobre todo para los palestinos procesados por un sistema de justicia militar diseñado para condenarlos.
Legisladores árabe-israelíes solicitaron al Tribunal Supremo que declare inconstitucional la ley, argumentando que viola los derechos a la vida, la dignidad y la igualdad, y que discrimina a los palestinos mediante su aplicación en los tribunales militares de Cisjordania.
Zaghari también responsabilizó a la comunidad internacional por la continuación de tales prácticas, citando el «silencio internacional» que ha permitido a Israel continuar con sus medidas represivas, en momentos en que continúan los ataques sionistas contra los palestinos.
Una actualización de las autoridades sanitarias de Gaza cifró este miércoles en 73.407 muertos y 174.335 heridos las víctimas de la escalada genocida israelí desde octubre de 2023.
Ben-Gvir: «Haciendo historia» con un patíbulo para palestinos
La oficina del ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, dijo este martes que la instalación de ahorcamiento, con cubículos para presenciar las ejecuciones, se está construyendo dentro de un pabellón de condenados a muerte ya existente.
«Estamos haciendo historia», dijo, y precisó que la instalación contará con «cabinas de observación» que permitirán «presenciar el procedimiento«.
En 1948, Israel se estableció en tierras tomadas por milicias sionistas armadas que cometieron masacres y desplazaron al menos a 750.000 palestinos, en la llamada Nakba (catástrofe).
Israel ocupó posteriormente los territorios palestinos restantes, negándose a retirarse de ellos y oponiéndose al establecimiento de un Estado palestino, como prevén las resoluciones de la ONU.
En Gaza, tras el genocidio, dirigentes de la cúpula sionista han expresado la intención de aplicar el modelo de la Cisjordania ocupada, con el desplazamiento de comunidades y la ocupación de tierra palestina para instalar asentamientos ilegales y para hacer inviable un Estado palestino independiente y soberano.
