En un «miércoles negro» para la administración de Javier Milei, la Cámara de Diputados de Argentina le propinó al presidente una de las derrotas parlamentarias más significativas de su gobierno. La oposición, en una sesión maratónica, logró imponer su agenda, aprobando fondos para la salud pediátrica y universidades, y derogando cinco decretos presidenciales.
La bancada oficialista, que ha venido perdiendo fuerza, perdió todas las votaciones clave. A la oposición más férrea se unieron legisladores de la Unión Cívica Radical y el PRO, quienes, a pesar de haber apoyado al Ejecutivo, se voltearon por conflictos internos de sus partidos y ante una realidad política cada vez más evidente.
En una serie de votaciones cruciales, los diputados:
Aprobaron el proyecto de ley que asigna los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas, garantizando salarios para el personal docente y no docente, así como becas estudiantiles.
Dieron media sanción a la Ley de Emergencia Pediátrica, que busca aumentar los salarios del personal del Hospital Dr. Garrahan y asegurar el presupuesto de esta institución de referencia nacional y regional.
Derogaron decretos de necesidad y urgencia (DNU) que eliminaban la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, además de disolver los institutos nacionales de Tecnología Agrícola y de Tecnología Industrial.
Revocaron DNU que reformaban el Banco Nacional de Datos Genéticos y desmantelaban varios centros culturales e institutos históricos.
Ahora, tanto las iniciativas de salud y educación como la derogación de los decretos, deberán ser ratificadas por el Senado, donde el peronismo y sus aliados se espera que confirmen el rechazo a las propuestas presidenciales.
A través de su cuenta en X, el presidente Milei reaccionó a las votaciones afirmando que “con el déficit fiscal no se juega” y prometió vetar las iniciativas aprobadas.
Adicionalmente, los diputados forzaron el debate obligatorio en comisiones sobre otros temas importantes, como los reclamos de los gobernadores por las asignaciones del Tesoro Nacional. También deberán debatirse asuntos como la emergencia en Ciencia y Tecnología, un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer y el funcionamiento de una comisión investigadora sobre la «estafa $LIBRA».
