El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, acusándolo de violación a los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal), tras sus declaraciones al diario británico The Telegraph, donde afirmó que las Islas Malvinas deberían “ser devueltas a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”.
El CECIM sostiene que las palabras del mandatario implican un abandono de la soberanía nacional, al supeditar la restitución del archipiélago a la voluntad de una población que la ONU reconoce como implantada. La denuncia, presentada por Rodolfo Carrizo y Ernesto Alonso, advierte que Milei vulnera la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, que establece la recuperación de las islas como un “objetivo permanente e irrenunciable”.
La controversia gira en torno a la diferencia entre intereses y deseos. Por un lado, la ONU y la Constitución argentina obligan a respetar los intereses y modo de vida de los isleños, garantizando sus derechos tras la restitución.
Milei, al hablar de “deseos”, introduce la figura de la autodeterminación, aceptando tácitamente la tesis británica y debilitando el argumento histórico argentino de la integridad territorial.
Juristas advierten que estas declaraciones podrían generar un daño irreversible en el Derecho Internacional bajo la doctrina del Estoppel (actos propios), que considera vinculantes las palabras de un Jefe de Estado.
De no rectificarse, el Reino Unido podría alegar que Argentina ha consentido un cambio en su postura histórica, consolidando su control sobre los 1.620.000 km² de mar, pesca y petróleo que hoy explota ilegalmente.
El CECIM advierte que, por primera vez en 193 años, es el propio mandatario argentino quien podría legitimar la ocupación británica, desactivando la política de Estado más antigua de la República.
F/Telesur
