Durante la sesión ordinaria de este martes, fue aprobado por unanimidad el proyecto de Ley Aprobatoria del Protocolo de 1997 contentivo del Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques. El diputado Adolfo Pereira estuvo a cargo de la presentación ante la plenaria.
El parlamentario leyó la exposición de motivos del proyecto, la cual destaca la urgencia de resguardar ecosistemas de gran fragilidad como la cuenca del Caribe venezolano y el golfo de Venezuela, hogar de arrecifes de coral, manglares y zonas de alta actividad pesquera.
«La adhesión al protocolo de 1997 constituye un acto de soberanía regulatoria que reporta beneficios estratégicos directos para el país. La cuenca del Caribe venezolano y el golfo de Venezuela poseen ecosistemas frágiles: arrecifes de coral, manglares y zonas pesqueras. La reducción de la deposición ácida y de compuestos tóxicos preserva directamente la biodiversidad y la sostenibilidad de las comunidades pesqueras artesanales e industriales, en especial aquellas ubicadas en las costas. Asimismo, disminuye la exposición de las poblaciones urbanas adyacentes a los principales complejos portuarios del país —como Puerto Cabello, La Guaira, Guanta y Maracaibo— a micropartículas en suspensión, lo que reduce la incidencia de afecciones respiratorias y cardiovasculares. Además, impulsa la renovación obligatoria de nuestra flota de marina mercante para adecuarse a dicha norma», puntualizó el parlamentario.
Recordó los antecedentes normativos como el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78), bajo el auspicio de la Organización Marítima Internacional (OMI), el cual constituyó el marco regulatorio fundamental para la preservación del medio marino frente a descargas operacionales y accidentales de hidrocarburos. «Sin embargo, este convenio había dejado fuera el impacto sobre la atmósfera», precisó.
Indicó que con el protocolo de 1997 se incorpora la regulación de las emisiones que dañan la capa de ozono y la atmósfera en general.
Igualmente, Pereira señaló que el marco constitucional sustenta de forma inequívoca la urgencia de esta adhesión, la cual exige que todas las actividades capaces de generar daños a los ecosistemas cuenten previamente con estudios de impacto ambiental, tal como lo establece esta norma.
Tras la aprobación del proyecto en primera discusión, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ordenó la creación de una comisión mixta integrada por parlamentarios de las Comisiones Permanentes de Política Exterior, Soberanía e Integración y de Ecosocialismo, con el fin de elaborar el informe correspondiente para la consulta y la segunda discusión.
T/UN